La empresa de la familia Dujovne en problemas por Trump

La constructora del presidente de Estados Unidos dejó trunco un proyecto en Punta del Este. El ministro habría tomado ventaja por verse inmiscuido en el negocio.

03 de junio, 2019 | 20.39

En una maniobra muy controvertida, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, se vio involucrado en polémico negocio. La empresa constructora del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó sin hacer una megaobra en Uruguay y el funcionario habría sacado ventajas de esa situación.  

Según reveló el portal internacional The New York Times, el emporioTrump debía haber terminado para 2016 una torre frente al mar de 156 condominios y 25 pisos, con varias albercas y un helipuerto en la azotea, en la ciudad de Punta del Este. Ahora, la fecha estimada sería en 2020, aunque la gente involucrada en el proyecto dijo no estar segura de que se termine ni de cuándo sucederá.

Es que la construcción avanza muy lentamente, en parte debido a que actualmente menos de un cuarto de los trabajadores necesarios están trabajando. Por esta razón, algunos compradores ahora están buscando vender sus unidades, lo cual posiblemente haría que los precios bajen justo cuando el proyecto necesita captar efectivo mediante la venta de nuevas unidades.

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Como sucede con otros desarrollos internacionales, la Organización Trump no es la que construye la torre de Punta del Este. Más bien otorgó la licencia de uso del nombre "Trump" a cambio de quedarse con una comisión de la venta de unidades.

Sin embargo, el padre del ministro, Berardo Dujovne, forma parte del equipo que debería construir la torre. A partir de este dato, el diario afirmó que fuentes cercanas al ministro aseguraron que fue una figura clave en la concepción del contrato, quien además también trató de vender condominios en el inmueble.

En ese sentido, algunas de las personas que aceptaron comprar condominios enfrentaron problemas jurídicos en sus países de origen, incluyendo acusaciones de evasión fiscal. Según registros inmobiliarios revisados por The New York Times, entre los compradores se encontraban al menos veintiún empresas anónimas registradas en jurisdicciones offshore, o con ventajas fiscales, como Panamá y Belice.