Un debate urgente y amplio para frenar la crisis que atraviesa la Justicia

En vísperas del inicio de un año en que se espera habrán de producirse hechos y actos trascendentes para la vida de los argentinos, advertidos de los severos daños que exhibe el tejido social, es necesario proponerse un debate acerca del funcionamiento de instituciones e instancias fundamentales para garantizar los derechos ciudadanos y una razonable convivencia.

Una propuesta declamativa

En el 2016 el, por entonces, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, presentaba un ambicioso plan denominado “Justicia 2020”, cuyas bases programáticas es oportuno recordar.

Se lo definía como “un espacio de diálogo institucional y ciudadano que busca construir una justicia cercana, moderna, transparente e independiente. El objetivo es la elaboración, implementación y evaluación de políticas para construir, junto a la sociedad, una justicia que genere resultados socialmente relevantes y permita la solución de los conflictos en forma rápida y confiable.”

Se establecían “tres metas: cercanía a la gente, modernidad, independencia y transparencia son objetivos a largo plazo y no implican que las transformaciones se hagan de manera inmediata, aunque orientarán todo el trabajo en materia de justicia en los próximos años”.

Los enunciados parecen irrefutables, los propósitos compartibles, aunque su cotejo con el devenir en los siguientes cuatro años no se condice con las metas declaradas. Más aún, si nos detenemos en algunas de las garantías que se sostenía iba a generar y en objetivos específicos que ese Programa establecía.

• “Se otorgan las garantías necesarias de continuidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, y de profundización de derechos para los sectores vulnerables de la población.”
• “Justicia 2020 genera políticas de prevención contra la violencia institucional y establece estándares para las fuerzas de seguridad en esta materia.”
• “Se propone un cambio de enfoque respecto a los pueblos originarios y la construcción de una política de Estado activa y presente que los incorpore a la comunidad como verdaderos sujetos de derecho.”

Es innecesario un análisis detallado de lo ocurrido en el país, para advertir que nada de ello se ha verificado y que, como en tantas otras cuestiones, lo que ha primado es la hipocresía junto con una voluntad política orientada por criterios diametralmente opuestos a los fines declamados.

Un deterioro inocultable

El servicio de justicia dista mucho de cumplir los cometidos que le son propios, ni de resultar cercano y confiable para quienes deben someterse a sus dictados.

El menoscabo que presenta no sólo hace a lo orgánico y estructural, sino al sentido mismo que debe guiar las funciones jurisdiccionales.

Esa situación no se circunscribe a la etapa antes referida, pero sí ha alcanzado extremos sin precedentes –en tiempos de democracia- en orden al grado de deterioro, arbitrariedad y apartamiento de reglas básicas del debido proceso legal.

La insuficiencia de recursos, la obsolescencia edilicia, las vacancias irresueltas durante años y las consiguientes subrogancias (designaciones interinas de jueces, fiscales o defensores), forman también parte del problema.

La necesidad de revisar paradigmas

En los albores del liberalismo y de la concepción republicana la división de Poderes constituía uno de sus principales dogmas, en donde los recíprocos controles hacían eje en la garantía contra los abusos de las respectivas atribuciones.

Esas garantías apuntaban principalmente a los ciudadanos frente al Estado, en especial con relación a los Gobiernos y, en ese contexto, se asignaba un rol singular al Poder Judicial cuya independencia se erigía como un reaseguro.

Con el correr de los tiempos se fue modelando un Estado Social de Derecho, que hizo visibles otros actores que representaban también peligros para la efectiva vigencia no sólo de los derechos individuales sino de los nuevos derechos colectivos, cuya defensa exigía una mayor presencia estatal en diferentes ámbitos de la vida comunitaria y, a su vez, implementar mecanismos aptos para evitar su cooptación por los poderes fácticos.

El Neoliberalismo ha dado múltiples pruebas de su falta de apego a aquellos dogmas, de la violación sistemática de toda garantía que se contraponga a los intereses sectoriales que conforman su base de sustentación y de servirse de los distintos ámbitos del Estado en su solo y exclusivo provecho.

En ese contexto cobra mayor relevancia el sostenimiento de los valores y principios que nutren la división de Poderes, cuya formulación primigenia impone una revisión de los dispositivos que regulan su funcionamiento, del modo de ejercitar los controles que brinden verdaderas garantías y de un mejor como mayor acceso a instancias aptas para la defensa de los derechos.

Llegando al 2020

El año que se avecina designaba un hito fundante de aquel Programa para la Justicia, que no ha dado muestras de concretarse, por lo que es propicio un análisis profundo de la realidad en que hoy se encuentra inmersa.

Los magistrados del Poder Judicial como del Ministerio Público (Fiscal y de la Defensa) reúnen una serie de condiciones que ofrecen, en teoría, garantías para la autonomía en el desempeño de sus funciones.

A diferencia de los miembros del Ejecutivo y del Legislativo no están sujetos a la voluntad popular para acceder a sus cargos, pues su designación resulta de la decisión inicial del Presidente con el acuerdo del Senado previa una selección por concurso y fijación de un orden de mérito que, en la práctica, ha evidenciado serias irregularidades en numerosos casos.

Una vez cumplidos esos pasos adquieren una estabilidad virtualmente vitalicia, lo que tampoco rige –obviamente- en los otros Poderes y en el caso del Ejecutivo limitado a dos mandatos consecutivos. Pues, si bien se fija a los magistrados una edad máxima (75 años, expresión clara de aquella virtualidad) para su permanencia en los cargos, es factible prorrogarla mediante nuevas designaciones.

La estabilidad de la que gozan, además, comprende la de sus retribuciones, como un modo de asegurar su efectividad junto a otros beneficios que se plantean con similar objetivo.

Ahora bien, ese conjunto de condiciones no ha determinado realmente que se garantizara un obrar independiente del poder político ni de los poderes fácticos, sin que ello signifique una generalización indiscriminada de la conducta observada por los magistrados pero sí un dato ponderable en cuanto al diseño institucional.

En similar sentido cabe preguntarse acerca de los riesgos de burocratización, tantas veces señalado con respecto a otros ámbitos públicos y privados, de la continuidad de los funcionarios sin estar sometidos a revalidaciones periódicas o a un plazo determinado para el ejercicio del cargo.

Otro tanto en lo que respecta a los mecanismos de selección de magistrados, las regulaciones de esos procedimientos y los márgenes para discrecionalidades que facilitan incurrir en arbitrariedades o desviarse de lo reglamentado.

El propósito de mejorar el servicio de justicia, obtener un acceso oportuno e idóneo para la defensa de los derechos, garantizar plazos razonables para la duración de los procesos, por cierto, comprende otros aspectos que los antes comentados.

De igual manera cabe ponderar las cuestiones normativas involucradas y los instrumentos jurídicos a los que debería recurrirse para introducir eventuales reformas en cada caso.

Sin prescindir de la complejidad que supone abordar cambios de uno u otro tipo, respetando los mandatos constitucionales y legales, la crisis ostensible que afecta a la Administración de Justicia amerita abrir un debate amplio, que no se circunscriba a la periferia sino que abarque la centralidad del quehacer jurisdiccional, sin atarse ni limitarse a preconceptos de dudosa vigencia en estos tiempos.