Flagrancia: un informe revela datos sobre la judicialización de la pobreza

Necesitaba comprar un ventolin, un medicamento para aliviar broncoespasmos. Padre de un niño de cinco años y otra de dos, este joven de 19 años de Laferrere decidió robar dos canillas de un convento porteño. Terminó preso por dos días y una causa penal abierta que todavía no se resolvió. No es un caso aislado. En ese mismo día en una solo juzgado se desarrollaron 5 audiencias por flagrancia. De los 6 imputados, 3 estaban en situación de calle y uno solo tenía trabajo. El objeto más caro robado fue un celular. En general son casos de robos y hurtos menores, de comida u objetos de poco valor para revender. Las historias de los nuevos pobres que intentan subsistir en medio de la crisis económica se convierten en expedientes: la judicialización de la pobreza. Todas son causas por flagrancia, una de las figuras jurídicas que impulsó el macrismo en los primeros meses de su mandato, que abultan estadísticas de un supuesto combate contra la inseguridad. 

A Maximiliano y a Juan, dos hombres de 29 y 32 años, los descubrió un policía de la Ciudad cuando intentaban robar una manija de bronce de un edificio sobre Avenida Cabildo en febrero. Maximiliano es de la villa La Cárcova, en San Martín. Como no tenía trabajo formal salía a cartonear y juntaba 400 pesos por día. Juan pasa los días en un parador de Retiro. Tampoco tiene trabajo. Lo condenaron a dos años de prisión de cumplimiento efectivo y a pagar las costas del proceso. Para Maximiliano la pena fue más alta porque tenía antecedentes previos por robo: tres años de cárcel. Hasta el 27 de enero de 2032 esos antecedentes figurarán en sus registros. Conseguir trabajo cuando salga de la cárcel no será una tarea sencilla. 

Un informe elaborado por la fiscala Mónica Cuñarro, al que accedió El Destape, revela su “preocupación respecto de distintas cuestiones que han surgido a partir de la implementación del trámite de flagrancia, las que se reagudizaron con la creación de las comisarías comunales, que entorpecen y tornan ficticia la celeridad del acceso a la Justicia que se tuvo en miras con la incorporación de esta reforma”. 

La herramienta de gestión judicial de la pobreza que lograron imponer Mauricio Macri y su ministro de Justicia Germán Garavano es la Ley de Flagrancia, que se aprobó en 2016, dentro del paquete de leyes que incluían, por ejemplo, la figura del arrepentido. Paquete que fue votado incluso por amplios sectores de la oposición, que no supieron poner freno a las recetas Made in USA que se usaron para criminalizar la pobreza (flagrancia) y perseguir opositores políticos (arrepentidos). Si las leyes son la cristalización de de las relaciones de fuerza, en el caso de flagrancia es claro. Los pobres, vulnerables, los nadies, salieron perdiendo. 

Las personas aprehendidas en causas de flagrancia pasan entre uno y dos días privadas de su libertad. En ese plazo formal, los juzgados tienen que poner en marcha los juicios orales que duran una o dos audiencias. En general, quienes no tienen antecedentes penales recuperan su libertad rápido. Si reinciden, estos antecedentes se vuelven un agravante y quedan detenidos.

El informe de Cuñarro lo señala con claridad cuando afirma que “el procedimiento de flagrancia, llevó a que en lugar de que surjan causas complejas, se judicialice la pobreza, ya que el relevamiento realizado muestra que mientras el año pasado aumentaban los procedimientos sobre personas que se encuentran en situación de marginalidad, en situación de calle, varones, desempleados, esto va creciendo, con familias, con mujeres y niños  y con severos problemas de adicciones”. Y no solo personas en situación de calle: “Este año aumentan los hechos no ya sobre personas en situación marginal, sino aquellos que tienen trabajo en blanco o trabajo”, afirma Cuñarro. 

Las audiencias por este tipo de causas evidencian lo que señala el informe. Estos diálogos entre jueces e imputados se repiten de manera recurrente:

—¿Fecha de nacimiento?

—No recuerdo

—¿Domicilio?

—No, no tengo domicilio

—¿DNI?

—No, no tengo nada de eso

—¿Sabe leer y escribir?

—No

El informe de Cuñarro señala que la ley de flagrancia se presentaba desde el discurso como una herramienta para mejorar la eficacia en el combate del delito, para resolver delitos con penas de hasta 15 años de prisión, reestablecer la confianza en el sistema de justicia ante el delito y para dar una respuesta frente a la Emergencia en Seguridad Pública. En la práctica, Cuñarro revela que no se cumplió ninguno de estos objetivos. Los casos a los que El Destape accedió muestran además que el único resultado visible es una mayor criminalización de la pobreza y altos niveles de desproporción entre delitos y accionar judicial. 

Si el juez o la jueza logran mirar estas historias con el contexto como marco y cierta sensibilidad social las causas terminan en sobreseimiento por insignificancia o permiten la posibilidad de la probation. 

La mayoría de esas causas tienen como protagonistas a los supermercados barriales y las grandes cadenas. El 21 de junio, un hombre de 31 años desocupado intentó llevarse dos cajas de hamburguesas y dos medallones de carne vacuna de un supermercado Carrefour de Caballito. Fue una semana después de su último cumpleaños. Todavía está preso. Las cadenas de supermercado recuperan los objetos robados. Sin embargo, algunos de sus representantes legales insisten con la cárcel para quienes le roban en una escala muy menor y no aceptan la posibilidad de la probation. La desproporción entre el denominado hecho delictivo y el proceso judicial es enorme. 

La criminalización de la pobreza se ve en algo concreto. Según el informe, dejaron de aparecer delitos complejos y sólo se investigan hurtos y robos menores. “O en la CABA no hay delitos complejos, o las divisiones especiales en coordinación con los preventores dedicados a la investigación, erradicaron el delito”, plantea no sin ironía Cuñarro. “No hay ni una sola causa compleja que se haya investigado en un año; o la policía de la Ciudad  tiene delito 0, es decir niveles de países nórdicos, o por una absoluta falta de política criminal, de seguridad, de inteligencia, se pulverizó un territorio que tenía recursos inteligentes para controlar el crimen, sus calles y sus edificios”, enfatizó la fiscala.

“Ninguno de los objetivos perseguidos por la ley, lamentablemente se ha conseguido por diversos factores tales como desorganización administrativa del auxiliar judicial, falta de capacitación, falta de recursos, mal utilización de los recursos humanos existentes entre los auxiliares judiciales, falta de capacidad o nula capacidad de investigación que redunde en la remisión de investigaciones complejas al Ministerio Público fiscal, o a la justicia, falta de recursos a la justicia como al MPF, desaprovechamiento de los recursos humanos judiciales y del MPF, falta de política criminal de parte de las autoridades locales y, por último no es un dato menor el tiempo de detención se ha duplicado en casos nimios”, detalló Cuñarro. 

El informe es muy crítico respecto a la Policía de la Ciudad, a la que le achaca una gran desorganización que va desde el desconocimiento de las zonas que corresponden a cada comisaría hasta la ignorancia sobre los delitos en los cuales pueden intervenir. “Obviamente esto va en desmedro tanto de la prevención, como en la  actuación del auxiliar judicial en los delitos cometidos, lo que con el correr de los días empeora y de lo que parece no existir conciencia”, señala el informe, que llama la atención sobre la nula capacitación policial para las tareas de auxiliar judicial, lo que, para Cuñarro, “impacta  al punto de desconocer  procedimientos, informar en forma parcial sobre los hechos”. Es decir, que no conocen ni cómo actuar y esto lleva a que informen mal sobre los delitos en los que intervinieron. 

Hay incluso casos insólitos: “se ha corroborado que las  dotaciones actuales de las comisarías cuentan entre su personal destinado a la prevención, con submarinistas, integrantes de la banda de música de la fuerza  y Prefectura, cuya formación, capacitación, objetivo natural es absolutamente distinto a la prevención en urbes pobladas”, dice el informe. 

Cuñarro, sin embargo, no carga las culpas sobre el personal policial sino sobre las autoridades políticas. Habla de “la falta de calificación de los sumariantes policiales que se evidencian, y que no es su responsabilidad, sino de quienes creen que cambiando nombres y sacando leyes parches se pasa a tener una buena policía de investigación con capacitación y recursos 0”. En uno de los casos que relata el informe, en el que se investigaba un abuso sexual, revela que no se pudo realizar la prueba de ADN sobre el acusado porque la división que debía hacerlo no contaba con el material. “No es la primera vez que ocurre y la responsabilidad no es de las divisiones con especialidades altamente tecnificadas y mucho menos de sus recursos humanos, sino de las autoridades políticas que en la CABA no gestionan la seguridad a fin de que estas dotaciones cuenten con los insumos necesarios (…) no es que no haya  personal idóneo para la realizar las pruebas, sino que no pueden porque no les suministran los reactivos”, afirma Cuñarro. Esto se repitió en casos en los que se requerían pericias tecnológicas. 

Otro punto central del informe es la situación de las comisarías comunales frente a esto, no solo en la cuestión de la elaboración de los sumarios, el papeleo, sino de las condiciones de detención. Sobre este último punto, revela que, por ejemplo, llegó a colapsar “la unidad U28 que tiene capacidad para alojar a 9 personas, llegando a tener en la actualidad entre 60 a 100 por día en condiciones inconcebibles según lo informará la Cámara del Crimen, en clara contradicción con los tratados y pactos incorporados por la Constitución Nacional”. Esto, según el informe, se da en casi todas las jurisdicciones. 

También llama la atención sobre las dificultades para elaborar los informes a antecedentes, “ya que la flagrancia no vino acompañada de recursos tecnológicos mínimos por parte de las autoridades nacionales”. “No es un dato menor, ya que de dicho informe depende la libertad de una persona y  en caso de condenar, la posibilidad de aplicar al caso concreto una pena adecuada, incluso ante una eventual unificación de pena”, insiste Cuñarro. 

“Después de todo eso que salga de estar en cana, me pueden dar una naranja para que yo deje la drogas, deje todo”, le pidió un joven condenado al juez del Juzgado Criminal y Correccional 60 que lo condenó por un intento de robo pero ordenó que le tramitarán el DNI que nunca había tenido. El chico le pedía naranjas para salir a hacer malabares y subsistir. Detrás de la figura de flagrancia que se convierte en horas de trabajo de judiciales, hay historias de subsistencia en la extrema pobreza.