Coronavirus: es la salud, estúpido, pero hay interrogantes

Muy atrás quedaron las desafiantes declaraciones de Donald Trump, Boris Johnson, y Andrés López Obrador, y en breve quedarán solo para el recuerdo tragicómico las de Bolsanaro, quienes planteaban el combate a la pandemia con un elemento secundario frente a la necesidad de activar la economía. Ya existe unanimidad mundial en que debe privilegiarse el aislamiento social por sobre la mayor parte de las actividades productivas, lo que no necesariamente significa privilegiar la salud sobre la economía, pues en el caso de que el coronavirus tuviera una explosión de casos, las cesantías laborales no solo interrumpirían las cadenas de producción de forma indefinida por los reiterados contagios y muertes, sino que además colapsarían los servicios que deben atender otras dolencias de trabajadores, haciendo del ausentismo una regla antes que la excepción, cuyo desenlace sería tan incierto como el actual.

Aún así, la idea de Alberto Fernández de que las vidas se pierden definitivamente, pero la economía se recupera, omite el hecho de que una profunda caída económica provoca otro tipo de dolencias que llevan a las muertes. Algo en lo que sin embargo sí reparó en su gestión, cuando dejó de lado la prudencia fiscal con la que se había manejado hasta febrero, para lanzar una batería de medidas públicas con foco en la población más vulnerable, donde se destacan el bono de 10.000 pesos para seis millones de argentinos que trabajan en la informalidad o en las menores categorías del monotributo, el de 3.000 pesos para los jubilados, y la duplicación de la AUH durante abril, junto al congelamiento de tarifas y productos esenciales. Por eso, si el Gobierno había tenido como flanco la imposición de la cuarentena sin paralelamente anunciar este tipo de medidas para ciudadanos que viven del ingreso diario, los últimos anuncios no solo compensan esa lentitud, sino que además se han extendido sobre el sector Pyme, del que penden los ingresos del 80 por ciento de los empleados privados, y que serán asistidas través de subsidios para el pago de salarios y beneficios impositivos.

En este punto, surgen dos interrogantes. El primero de ellos, se develerá en unos meses, cuando se logre observar el cumplimiento de estos anuncios. Si bien los entes estatales, como muchos privados, se caracterizaron tradicionalmente por la burocracia y la discrecionalidad, el proceso de desguace durante los últimos cuatro años de neoliberalismo limitó aún más su capacidad de gestión social, tanto por su rediseño con un fin de lucro antes que social, como por la ineptitud de funcionarios sin experiencia en el manejo de la cosa pública, que desarticularon muchos proyectos que estaban teniendo resultados efectivos. Por eso, las acertadas medidas económicas del Gobierno deberán ser respaldadas con una gestión acorde a los tiempos, siendo muy prematura la obtención de conclusiones al respecto.

El segundo, está referido a quién pagará las cuentas. Está claro que la visión heterodoxa, pero conservadora, del ministro de Economía, Martín Guzman, compartida por Alberto Férnandez, ha dado paso a un fuerte intervencionismo público basado en gran medida en la expansión del déficit fiscal primario vía su monetización. Solo en marzo, el BCRA financió al Tesoro por 125.000 millones de pesos, mientras que los bancos decidieron no renovar Leliqs por otros 260.000 millones de pesos. Esta situación, sumada a los 265.000 millones que ya había emitido el BCRA desde el comienzo del actual Gobierno, ha promovido que la base monetaria ya supere los dos billones de pesos, un 25 por ciento más que el año pasado. Pruebas sobrán de que la emisión no es la única fuente de inflación, pero difícilmente no genere un fuerte salto en los precios si no existe una moneda dura que respalde a parte de los pesos que se emiten. Esos fondos sí están en manos de argentinos, que tenemos el dudoso récord de ser los mayores tenedores de dólares por fuera de los Estados Unidos. Su sumatoria, de 400 mil millones, iguala a un PBI, y tan solo durante el 2017 se blanquearon 116.800 millones de dólares, que bien podrían ser objeto de algún impuesto extraordinario.

Si bien un estadista es muy consciente de la correlación de fuerzas, si se desea evitar que la consecución de la crisis derive en un salto inflacionario, en algún momento habrá que ir sobre las tenencias de los ganadores del modelo neoliberal de la dictadura, el menemismo, y la primer y segunda Alianza, cuyas fortunas no se realizaron mediante el agrandamiento de la torta (el PBI) sino por transferencias desde los sectores trabajadores al capital concentrado. Eso también será salud para la población.