Sólo 8 de las 35 encuestadoras anotadas en el registro oficial cumplen con las exigencias de la ley vigente, razón por la que funcionan sin decir quién les paga, cuántos son sus fondos y qué metodología especifica usan. Esta situación fue revelada por la Cámara Nacional Electoral en medio de las críticas que recibieron estas empresas en las últimas semanas, ya que la mayoría de los informes presentados en las previas de las elecciones mostraron grandes diferencias con los resultados finales, tal como pasó en la Ciudad de Buenos Aires con la escaza diferencia entre Martín Losuteu y
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Las consultoras que mostraron los detalles de su funcionamiento fueron Rivardo Rouvier & Asociados, Aresco, OPINAIA S.A., el Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata, Hugo Haime & Asociados, Fudación para la Dignificación del Hombre en el Trabajo (Observatorio de Política y Democracia), Radio Bahía Blanca S.A. y Carlos Fara & Asociados. Las otras 27 empresas registradas no cumplen con todas las exigencias claves para que la población sepa el origen de sus fondos.
Por esta razón, el poder judicial llamó a los encuestadores a cumplir con la letra escrita y le pidió al Congreso Nacional que trabaje en la posibilidad de revisar el régimen vigente para dotarlo de medios adecuados y procedimientos efectivos para que se pueda observar y corregir el comportamiento de las empresas. De hecho, especificó que es fundamental cumplir con el requisito con el que cumplen sólo 8: informar, cada vez que se encueste para terceros (usualmente candidatos), todos los detalles de la contratación y la medición, desde los montos de pago establecidos hasta la selección del entrevistado, los errores estadísticos y las fechas de análisis.
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