Emergencias y Solidaridades

Las emergencias de todo tipo existen, no son una mera construcción discursiva, podemos reconocerlas sin mayor esfuerzo cualquiera sea el nivel en que personalmente nos afecten. Las responsabilidades para hallarle salidas virtuosas no son homogéneas, pero nadie puede sentirse exceptuado de contribuir para que ello sea posible. 

Donde existe una necesidad

La sociedad ha quedado inmersa en una compleja red de demandas, cuyas causas más inmediatas es preciso recordar.

En el lapso 2015 – 2019 hubo ganadores (pocos) y perdedores (muchos), como consecuencia de transferencias de ingresos fabulosas a los sectores más concentrados de la Economía.

No respondieron a fenómenos climáticos, ni a factores aleatorios e imprevisibles, sino a políticas concretas que estaban dirigidas a producir esos efectos.

Es cierto también que existen otras interpretaciones, las que abonaron recurrentes relatos que durante ese período exhibieron contradicciones insalvables con las medidas adoptadas y también en lo discursivo, y que aún hoy nutren a los actuales opositores.

Pero lo que es imposible negar, cualquiera fuese la perspectiva que se asuma, es el elevadísimo grado de deterioro de la calidad de vida de la población en general acentuada en los grupos tradicionalmente vulneranizados –y vulnerables-, con la correlativa agudización de la inequidad social imperante.

Basta para graficarlo con considerar el modo en que se hallan distribuidos los ingresos, que en el tercer trimestre de 2019 -según reciente información proporcionada por el INDEC- era veintitrés (23) veces mayor el del diez por ciento más rico que el del diez por ciento más pobre. Lo que del total supone, respectivamente, recibir un 32,4% contra un 1,2% de la renta nacional uno y otro segmento.     

La máxima donde existe una necesidad nace un derecho abarca situaciones muy diversas, atendibles todas ellas, si bien desde su origen ha estado directamente vinculada -con absoluta razón- a los más carenciados y postergados. 

Prioridades indiscutibles

La pobreza e indigencia registra los índices mayores de estas últimas dos décadas, con un dato adicional que es un hecho sin precedentes para la Argentina desde la recuperación de la Democracia: el hambre.

Que haya personas, en especial niñas y niños por lo que repercute en su futuro desarrollo, que pasen hambre en un país como el nuestro, es inconcebible e impone un esfuerzo de todas y todos para superarlo. Nadie puede sentirse ajeno a ese compromiso, ni poner en duda la urgencia de afrontarlo apelando a cuanto sea preciso en procura de tal propósito.

Los aportes esperables -como exigibles- deben provenir de quienes estén en mejores condiciones para realizarlos, entre los que tienen que estar en primer lugar los sectores beneficiados por el gobierno de Macri. Sin que ello signifique que no corresponderá también a muchos otros que fueron perjudicados, en medida diferente y no homogénea pero que, igualmente, poseen capacidad contributiva para colaborar en la emergencia.

La afectación de ingresos, de niveles de consumo, de hábitos y de proyectos personales se verificarán inexorablemente, pues de qué otro modo sería factible para el Estado contar con recursos imprescindibles para la asistencia de necesidades básicas insatisfechas.

La aceptación, como las disconformidades y los enojos son respuestas esperables, que ya se manifiestan. Las que el Gobierno tendrá que merituar, sin cejar en la consecución del objetivo propuesto y, a su vez, demostrar la eficacia, racionalidad y equidad de las decisiones tomadas.

Ocuparse de la acuciante demanda antes señalada es prioritario, sin embargo, otras cuestiones también reclaman preferente atención y forman parte de las “emergencias” declaradas, tales los casos de la salud y el trabajo.

La recuperación del diálogo  

La lógica del consenso como vía para componer las conflictividades propias de intereses divergentes o antagónicos es la que mejor se adecua a períodos críticos como el que atraviesa el país.

Tal es el criterio que ha adoptado el nuevo Gobierno, en palabras y en actos tanto del Presidente como de los funcionarios a cargo de las distintas áreas, favoreciendo un diálogo constructivo que se ha puesto a prueba en las maratónicas sesiones del Congreso de la Nación para la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, para lo cual se han acordado numerosas modificaciones al Proyecto original del Poder Ejecutivo.

Esa concepción, sin embargo, no pareciera ser acompañada en diferentes ámbitos. En el Parlamento, por ejemplo, por quienes trataron de impedir la asunción de los nuevos diputados o alcanzar el quórum para sesionar y debatir la ley.

Similar caracterización merecen algunos periodistas, comunicadores y opinadores invitados a diferentes espacios radiales o televisivos que banalizan las medidas de emergencia impulsadas, haciendo caso omiso de los responsables de la crisis generada por el anterior Gobierno, o distorsionando deliberadamente los alcances de programas como el “Argentina contra el Hambre”.

Otro tanto corresponde señalar de sectores empresarios que cuestionaron la oportuna declaración de la “emergencia pública en materia ocupacional”, que en forma directa o valiéndose de sus clásicos amanuenses han intentado instalar que por ese camino se conspira contra la creación de empleo.

Son los mismos que en el año 2016, cuando se sancionó una ley análoga, celebraron el veto de Macri y dijeron asumir un “pacto de caballeros” que importaría un compromiso de no reducir sus plantillas de personal. Desde entonces, fueron cientos de miles los puestos de trabajo destruidos y en buena proporción sucedió en ese mismo año.

El nivel de desempleo formal es muy alto, duplica el de noviembre de 2015, razón más que suficiente para reforzar la garantía constitucional (artículo 14 Bis) de protección contra el despido arbitrario. Porque de eso se trata, en Argentina el despido es libre pero indemnizado, la cuantía de la indemnización es lo que opera como disuasivo para hacer efectiva esa protección cuando no existe un motivo que justifique la cesantía.

De allí que la nueva norma, que es transitoria (por 180 días), no impide despedir mediando justa causa sino que agrava las consecuencias de esa decisión patronal si fuera arbitraria. Por otra parte, expresamente se excluye su aplicación a las nuevas contrataciones de personal, al que se incorpore con posterioridad a la entrada en vigencia (13/12/19) del DNU N° 34/2019.

La experiencia recogida entre 2003 y 2007, rigiendo una ley virtualmente idéntica, desmiente los reparos empresariales, registrándose en ese período un crecimiento del empleo sin precedentes.

Las soluciones que deberán encontrar las representaciones de la producción y del trabajo exigen diálogo, predisposición para los acuerdos y decisión para hacer mutuas concesiones, y no sería posible lograr el equilibrio previo necesario sin contar con algún reaseguro contra el riesgo del agravamiento de la desocupación.

Solidaridad: sentido y oportunidad

El curso que fue teniendo el acontecer socioeconómico e institucional de la Argentina derivó en un estado caótico, en que las distintas variables que hacen a la vida comunitaria muestran un menoscabo mayúsculo.

Se habla de la cultura del trabajo como orientadora de una mejor convivencia, aunque se admite irreflexivamente que la persistencia en el desempleo, la precarización de las condiciones de labor y los renovados abusos de las personas que trabajan operen como disciplinadores sociales guiados por el solo afán de maximizar ganancias.

Afirmaciones tales como que en el país hay un 50% que trabaja para sostener al otro 50% que vive de subsidios y planes, atribuyendo ese financiamiento a los que pagan sus impuestos, resultan especialmente bizarras en boca de grandes evasores seriales y, más todavía, cuando provienen de las capas medias que participan –en tanto puedan- de similares actitudes elusivas y proceden de familias que han padecido la extrema pobreza, la discriminación social o, cuanto menos, sufrieron la expoliación producto de la especulación financiera.

La presente etapa reclama una revisión de las relaciones sociales, de producción, vecinales e institucionales; una discusión abierta, plural y dispuesta a aceptar –no simplemente tolerar- la diversidad; que muy probablemente derive en el reconocimiento de la necesidad de una refundación del país y de introducir reformas sustanciales en los pilares normativos que nos contengan a todas y todos.

Que importe distinguir entre derechos y privilegios con clara identificación de unos y otros, que no permita seguir ensanchando la brecha de la inequidad inaceptable que supone una concentración indecente de la riqueza a costa del empobrecimiento creciente de las grandes mayorías.

Que sustituya definitivamente un individualismo que se desentiende de la suerte del conjunto, al que adhieren incluso quienes tienen atados sus destinos a lo que les ocurra a los demás y no a esa minoría prebendaria que acapara los recursos en su exclusivo beneficio.

Es hora de deponer egoísmos, de transformar en actos la solidaridad aún sacrificando legítimas aspiraciones o deseos. De sentir como propias las penurias que atraviesan millones de personas que habitan nuestra Patria, de fortalecer los lazos que nos unen por encima de las diferencias existentes, de saber discernir adversarios de enemigos para evitar que nos confundan y se profundicen los desencuentros.

Tenemos una nueva oportunidad, contamos con las herramientas para lograrlo y será la política el ámbito propicio para llevar a cabo las transformaciones necesarias para alcanzar una sociedad más justa. Sepamos aprovecharla.