Gustavo Sáenz es el candidato a gobernador de Salta por Juntos por el Cambio pero, actualmente, es el intendente de la ciudad capital de aquella provincia y su Gobierno se vio envuelto en un caso de corrupción millonaria que incluye la entrega de obras a empresas ficticias, facturación desde la propia Municipalidad y facturas apócrifas. Varios de sus funcionarios están envueltos en el escándalo, con registros de reintegros de dinero de parte de los empresarios.
Como reveló El Destape, la investigación se inició ante una denuncia de la AFIP que detectó estas irregularidades. La pesquisa analizó los movimientos y contrataciones de 2017 y 2018, con facturas, testimonios y escuchas a los implicados. En esos períodos se detectó una “faceta delictiva” que “operaría mediante el empleo de personas físicas y jurídicas en actividad, otras de “papel” (legales pero insolventes al no tener bienes registrables, compras ni empleados) que ocultan a sus verdaderos titulares para, con la connivencia de funcionarios públicos, resultar adjudicatarias de obras públicas con sobreprecio, las cuales obtendrían directamente o con el concierto de voluntades a través del direccionamiento a su favor”, según el documento legal al que accedió este medio.
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Para el juez Julio Leonardo Bavio, del Juzgado Federal de Salta Nº1, a cargo de la investigación, encontró que “en muchos casos la utilización de facturas apócrifas (duplicadas) tendría el propósito de ocultar salidas ilegales de fondos públicos cuyo destino habría sido el patrimonio de los mismos funcionarios públicos”.
SEC S.A. es la empresa que está en el ojo del huracán. Se creó en 1998 pero en 2017 pasó a manos de Gerardo Rubén Romero y Camila Muñoz y su domicilio fiscal se concretó en Vicente López al 1700, donde no se registra actividad industrial ni comercial, sino que el lugar es ocupado por un estudio jurídico y figura como domicilio de Aníbal y Álvaro Anaquin, ambos empleados públicos. Según la Justicia, el empresario Matías Huergo es quien maneja el control operacional desde las sombras.
Romero es jubilado desde marzo de 2013 y cobra $7.264. No tiene bienes registrables, vive en una casa modesta - "casa habitación" - y nunca salió del país a pesar de ser socio de ésta y otras empresas también vinculadas a Huergo. De este modo, entendieron en la AFIP y la Justicia, su estilo de vida no se condice con las altas facturaciones de las compañías. Su socia, Camila Muñoz, tiene sólo 24 años, vive con sus padres, no se registró nunca como empleada en relación de dependencia, no tiene bienes registrables y no salió de la Argentina. Así, se manifiesta que los presuntos titulares de SEC S.A. son insolventes ya que nada explica cómo pudieron adquirir las acciones de la firma.
Pese a esta irregularidad y al hecho de haber declarado un solo empleado entre abril y mayo de 2017, la Municipalidad de Salta les otorgó la obra de colocación de 600 farolas y 690 luminarias en el casco céntrico de la ciudad. Augusto Aparicio Pereya fue el único trabajador registrado por SEC S.A. para semejante tarea, con un sueldo de tan sólo $10.670.
El vínculo con el Gobierno comandado por Sáenz es estrecho. El único cliente de SEC S.A. es la Municipalidad de Salta a la que, de abril a junio de 2017, le emitió ocho facturas por un monto de $8.632.540,02. Sin embargo, la empresa registra acreditaciones bancarias por $13.769.231, un excedente de $5.136.637 que el municipio podría haber pagado sin haber registrado.
Pero SEC S.A. no es la única firma implicada en este armado. Según la investigación, “otras 26 empresas facturaron al municipio desde esa misma IP por un importe total de $121.645.345” desde enero de 2017 a agosto de 2018. Además, en el mismo período hicieron lo mismo, “incluyendo otras IP, por un total de $422.238.276”, según pudo saber El Destape.
La millonaria obra que nunca se hizo
Una denuncia con fecha de mayo de este año, detalló que el 20 de enero de 2017 los intendentes Gustavo Adolfo Ruberto Sáenz y Yolanda Vega, de Salta y Cerrillos respectivamente, anunciaron la construcción del “Parque de la Independencia de la Patria” en la zona sur de la Ciudad de Salta. La obra consistía en 26 hectáreas que se sumarían a los espacios verdes municipales.
La ejecución íntegra del parque quedó en manos de la Municipalidad y en octubre, 10 meses después de la colocación de la piedra basal, el Gobierno inició un expediente referido a la iluminación de la zona. La apertura de sobres de la Contratación Directa N° 1721/17 fue el 16 de noviembre de 2017 y la empresa adjudicada a través de la Resolución N° 1571/17 de la Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Salta fue Arcadio Obras Eléctricas S.R.L por un monto total de $ 2.313.161.
La obra finalmente se entregó mediante orden de compra el 17 de noviembre y fue recibida por Gerardo Romero, quien conformó la empresa Arcadio y es socio de Matías Huergo, el empresario denunciado por formar parte de una asociación ilícita junto a funcionarios públicos.
Pese a que el trabajo tenía un plazo de ejecución de treinta días para la colocación de un sistema de luminarias en el parquizado, la empresa ostentó el récord de realizarlo en 8 días y cobrar el 95% de la obra. Sin embargo, según la denuncia presentada, las tareas nunca se realizaron.
En el detalle, se remarcó que el 22 de noviembre se presentó la primera factura por un total de $ 2.313.161.56 para que, dos días después, el Subsecretario de Inspecciones y Certificaciones, Francisco Agolio, firmara la certificación parcial de obra por el 83,74% de ejecución. Ese mismo día la empresa presentó la factura y cinco jornadas más tarde cobró $1.937.041,49.
De estos datos surge, según la denuncia, que “en dos días la empresa realizó más del 80% de la obra y en 5 días lo cobró”. Respecto al 11,26% restante de la obra, “fue certificada falsamente por Francisco Agolio el 30 de noviembre (ya que la obra no se realizó en el porcentaje certificado), y el mismo día presentó la factura la empresa adjudicada para cobrar el 12 de diciembre”.
Por ese 11,26% restante, Arcadio debía facturar “$ 260.461, 99, pero se hicieron dos recibos de pagos, uno por el monto de $ 67.370, 00 y otro por $91.200,00 haciendo un total de $158.570,00”. Esto dejó un 5% de la obra sin pagar, dinero que quedó en el limbo, tal como reconstruyó El Destape en base a la denuncia efectuada por Guillermo Alberto.
Sin embargo, el tiempo récord y el cobro del 95% de la obra no se reflejaron en las tareas encomendadas. En la denuncia se constató que el parque “continúa con los mismos sembradíos de antaño sin un rastro de farolas o torres de iluminación. Los vecinos son testigos de semejante estafa a la fe pública ya que según sus dichos nunca hubo obrador, ni cartel de obra y menos que menos farolas, torres de iluminación, tableros”.
Este “fraude” requirió de la “participación y complicidad de gran parte del complejo aparato de poder municipal en connivencia con empresas creadas al solo efecto de perjudicar a la administración pública y beneficiar a los participantes de esta asociación ilícita”. En este sentido, mencionaron al intendente Gustavo Sáenz, iniciador personal del proyecto, hasta funcionarios de la Secretaria de Obras Públicas, como Francisco Agolio, de Hacienda como Pablo Gauffin y del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad.
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