Guillermo Dietrich planificó múltiples recortes en el Ministro de Transporte para este año. Uno de los adelantados por El Destape consistía en la desregulación de Vialidad Nacional. Además de privatizar al organismo, organizó la venta como terreno baldío de un taller repleto de empleados, con el consecuente despido de más de 450 trabajadores.
Mediante el decreto 794/2017 de la cartera, Dietrich creó el miércoles Corredores Viales S.A., una empresa propiedad del ministerio en un 51% y de la Dirección Nacional de Vialidad en un 49%. El ente estatal vial depende en última instancia del mismo funcionario, por lo que el 100% de la compañía se mantendrá, por ahora, en manos de Transporte.
Esta maniobra le permite al Gobierno, en primer lugar, quitarle el control del Estado al organismo. Pero, además, le da vía libre para desguazarlo, privatizarlo por porciones o su totalidad y para asociarse a otras sociedades, gracias a la ley de participación público privado que Cambiemos consiguió sancionar a fines del año pasado.
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Por la primera parte, Dietrich ya aclara en el decreto que no regirán en la compañía los convenios colectivos de trabajo ni la normativa que regula al trabajo estatal. En el artículo 2 de la resolución adelanta que tendrá “una vinculación laboral de derecho privado”. “La sociedad efectuará sus compras y contrataciones conforme a los principios básicos de publicidad y competencia, que se determinarán en el reglamento interno de contrataciones que dictará el directorio”, amplía la cuarta página del anexo publicado en el Boletín Oficial.
El capital social de la compañía, por ahora estatal, será de sólo $ 200.000. Dietrich decidió subvaluar los activos del ente, que además estará nutrido por un elevado flujo de efectivo del Estado.
Los directores de la S.A. permanecerán en sus cargos por tres años, podrán ser reelectos indefinidamente y ellos mismos fijarán sus remuneraciones, por fuera de la ley que regula los sueldos estatales. Por ser una empresa, el único límite que poseerán los ejecutivos será del 25% de las ganancias corporativas.
Vialidad es un organismo que maneja un presupuesto multimillonario y fue acusado de sobreprecios y de favorecer a algunos contratistas por sobre otros. La desregulación permitirá que todos esos actos sucedan con la garantía de que serán actos entre privados, donde la fiscalización ciudadana será nula. Nadie podrá acceder a los contratos con un pedido de acceso a la información pública porque serán confidenciales, como los de una sociedad anónima común.
El desguace de Vialidad y el despido encubierto
Desde antes de privatizar el organismo de control vial, Dietrich intenta vender una de las dependencias, la del 1º Distrito - Buenos Aires, ubicado en una zona estratégica, con salida inmediata a la avenida General Paz. Acordó cedérsela al Gobierno de la Ciudad para que sea licitada para la construcción de edificios. En un pliego, alega que es un terreno en desuso, pese a que es la sede donde trabajan 461 empleados.
El trámite tiene tal nivel de avance que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó a la Legislatura el 11 de septiembre un proyecto de ley donde indica que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que depende de Mauricio Macri, le solicitó “la rezonificación de una serie de predios con el objeto de financiar obras públicas para la construcción de los viaductos del Sistema de Red de Expresos Regionales (RER), al tiempo que impulsa y genera el desarrollo de nuevas centralidades de escala barrial”.
El escrito de 35 páginas, al que accedió El Destape, confunde al Estado Nacional del de la Ciudad, ya que aclara que los activos pertenecen al primero, pero las obras son las anunciadas por Rodríguez Larreta.
Además, indica que “los predios en cuestión no resultan aptos para otros fines públicos”. Es que por el decreto 2670/2015, la AABE sólo puede desafectar terrenos cuando presenten “falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad”. Sin embargo, ninguno de esos requisitos es cumplido, por lo que la agencia no cuenta con las facultades para gestionar el trámite que intenta, ni el Gobierno porteño o la Legislatura destruir y rezonificar un edificio del Estado Nacional.
Allí cumplen funciones 391 trabajadores del Distrito 1 de los 24 que posee en todo el país Vialidad Nacional, quienes atienden la conservación de rutas, inspeccionan obras, entregan permisos, construyen y colocan señales para toda la Ciudad y provincia de Buenos Aires. Pero, además, prestan servicios en el lugar 70 docentes, que dan clase a 280 futuros técnicos viales. Esto es lo que hace inexplicable su venta como baldío.
Este medio había anunciado que Transporte le propuso a Mauricio Macri en la Casa Rosada en febrero una serie de recortes para ejecutar este año. Entre otros, planificaba desregular Vialidad Nacional.
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