El Gobierno tiene el objetivo de modificar el sistema previsional, en línea con las recomendaciones del FMI. Para esto se supone que organiza reuniones mensuales con sindicatos, gremios empresarios, cajas provinciales y abogados. Pese a esto, a fines de marzo convocó a una comisión paralela de “expertos”, para que realmente se ocupe de redactar los cambios en las jubilaciones a puerta cerrada.
El Ministerio de Trabajo convoca hace más de un año a encuentros cada mes donde citan a expositores y se debaten temas puntuales. Si bien son plurales y abiertas, no se arriban a conclusiones y, lo más importante, no son vinculantes.
Fue por esto que, en paralelo, creó una comisión para la elaboración de un anteproyecto de código de la seguridad social, que abarca a todo el sistema jubilatorio. Mediante la Resolución 188-E/2017 del 31 de marzo, Jorge Triaca restringió su integración a “expertos en las distintas materias que resulte preciso abordar, y que no se encuentren involucrados en actividades que deban dirimirse por las normas que rigen la materia”.
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De acuerdo a El Cronista, forman esta lista los abogados Bernabé Lino Chirinos, Lilia Maffei de Borghi y Félix Loñ. Pese a las consultas de El Destape, en Trabajo se negaron a comentar oficialmente sobre el tema.
El primero de ellos fue juez de la Cámara Federal de Seguridad Social, pero renunció en enero al haber cumplido con creces la mayoría de edad, lo que lo ubicaba en la lista del Consejo de la Magistratura de miembros del Poder Judicial que debían jubilarse, apoyada por el ministro de Justicia, Germán Garavano. Quienes lo conocen lo califican de menemista y corporativista.
Maffei de Borghi también supera los 75 años, pero se mantiene en la presidencia de la Sala I de la Cámara Federal de Seguridad Social, la misma donde trabajaba Lino. Como su colega, tiene un perfil cerrado; “juega para el Poder Judicial”, dicen quienes han tratado con la magistrada.
Loñ es un abogado constitucionalista. Está acusado de haber pertenecido a un grupo de colaboradores civiles de la Secretaría General de la Presidencia durante la última dictadura. Así consta en el libro El dictador, escrito por María Seoane y Vicente Muleiro.
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Enterados de la situación, desde la CTA le solicitaron al Gobierno participar del documento, pero el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, respondió que “no se prevé que dicho ámbito esté integrado por representantes sectoriales”. En cambio, le adelantaron que “una vez concluida la misión asignada a la comisión, será puesto a consideración de los distintos sectores el anteproyecto elaborado”.
Rubén Garrido, representante de la CTA en los encuentros previsionales de Trabajo, criticó a este medio que, “una vez terminado el nuevo sistema previsional, va a ser poco lo que nos puedan dejar cambiar o agregar”. “Armaron una pantalla a donde nos citan y mientras, a escondidas, están redactando el documento tan importante para el futuro de las jubilaciones”, denunció.
Es que según se desprende de las reuniones que organiza Triaca, son tres los ejes buscados: disminuir el déficit de la seguridad social, una cuenta de capitalización individual y aumentar la edad jubilatoria. Se espera que el nuevo anteproyecto sea enviado al Congreso para el año próximo, meses después de las elecciones legislativas.
“Nos tratan de convencer de que el sistema es inviable y que se necesita el regreso de las AFJP para que puedan compensar los míseros haberes que va a pagar el Estado; pero va a ser lo único que reciban los sectores populares”, explicó Garrido, de la CTA Autónoma.
Para esto, seguramente, la ANSES desatiende el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado en 2008 como fideicomiso que garantice las jubilaciones del futuro cuando los aportes no alcancen. No sólo negoció Emilio Basavilbaso un memorando de entendimiento con Qatar para aportar U$S 300 millones a una offshore, sino que dejó de organizar encuentros de los órganos de control del FGS, como su consejo, tal como mostró El Destape e intimó UFISES. A la par, el Fondo realizó operaciones dudosas con sus acciones, que benefician a funcionarios, según investiga la Justicia penal federal.
De hecho, el diputado Juan Carlos Díaz Roig (FPV), miembro de la Comisión Bicameral de Control del Fondos de la Seguridad Social, tiene esbozado un informe donde demuestra cómo el Gobierno desfinancia al FGS y lo llevará a su desaparición en las próximas décadas.
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