El ahora ministro de Energía, Juan José Aranguren, consiguió uno de los pozos más importantes en Vaca Muerta gracias a Raúl Moneta. El entonces presidente de Shell Argentina firmó un contrato con una de las compañías que era manejada por un presunto testaferro del empresario menemista. Se desconoce hoy el destino de los U$S 110 millones que transfirió, si pagó los impuestos correspondientes y si la valuación era correcta para una de las más ricas áreas petroleas.
Aranguren compró para la petrolera anglo-holandesa los derechos de Raiser SA en la UTE que conformaba con la estatal provincial Gas y Petróleo del Neuquén (GyP) para el área Cruz de Lorena. La compañía de Moneta poseía el 80% de la asociación que, alega, consiguió por concurso.
La provincia le entregó pozos no explotados a GyP en 2008; ésta luego vende participaciones, donde mantiene un rol pasivo pero participa de las ganancias. Estas licitaciones privadas son conocidas por su discrecionalidad y sospechas de corrupción. Las condiciones con las que son entregadas, además, no siempre se cumplen.
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El propio presidente de la compañía, Osvaldo Sortino, reconoció el 2 de marzo de 2017 que la empresa “no llegó a desarrollar el plan de inversiones previsto”, de acuerdo al acta de una audiencia judicial a la que accedió en exclusiva El Destape.
Por la venta de los derechos de Raiser, Shell acordó abonar U$S 110 millones, como había revelado El Destape. De acuerdo a un cálculo provisorio de este medio, Shell transfirió $ 478.187.049,76, pero por el tipo de cambio pactado debía mandar $ 1.412.950,24 adicionales y no lo hizo. Desde la sociedad anglo-holandesa alegaron a este medio que “las transferencias se hicieron por la totalidad del monto convenido y fueron cursadas en dos pagos”.
En la compañía agregaron que "Raiser informó los detalles de la cuenta (bancaria) tanto a nosotros como al juzgado. Posteriormente, recibimos nota de la Compañía de Servicios Financieros SA (fiduciaria) que informó a Raiser que se recibieron los fondos". La empresa de Moneta estaba metida en un acuerdo preventivo extrajudicial (APE), por el que precisaba el aval del magistrado comercial de primera instancia antes de vender cada activo.
La versión es muy diferente dentro del expediente comercial, donde figura que los $ 478 millones fueron cursados a una cuenta distinta a la aprobada por el juez. De hecho, hoy la Justicia desconoce su destino. Los contratos de 2012 fueron firmados por Aranguren en representación de Shell y Sortino por la sociedad de Moneta.
Entre muchas otras irregularidades de Raiser, el año pasado se presentó por el APE un jubilado, Tulio Ramos, quien declaró ser el verdadero titular de la compañía, en lugar de Sortino. Los papeles que presentó ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial fueron contradictorios. Alegó ejercer ese cargo desde el 18 de abril de 2016, pese a que esto no había sido notificado a la Justicia ni al propio Sortino. Ambos dijeron cumplir con el mismo rol, que es exclusivamente unipersonal.
Esto fue posible por las innumerables anomalías en los libros contables y las actas del directorio, señaladas por la fiscal general Gabriela Boquin en el APE y respaldadas por la Cámara Comercial. La presunción de los delitos cometidos por los ejecutivos y sus dueños llevó a la PROCELAC a presentar una denuncia penal en 2016, que se mantiene sin movimiento en el Juzgado Criminal 48 desde entonces.
Como había publicado El Destape, la representante del Ministerio Público remarcó que por la operación de Shell “sólo se acreditaron transferencias parciales y a cuentas distintas de las ordenadas” por la Justicia. Además, las operaciones de venta de los activos fueron poco transparentes y el destino de los fondos obtenidos por las mencionadas ventas resulta incierto.
Sortino había declarado que le vendió sus acciones en Raiser a Juan Cruz Moneta, uno de los hijos de Raúl Moneta, y que la familia era quien manejaba a la compañía.
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