A medida que pasan los días se conocen más detalles del estado en que el macrismo dejó el Gobierno. En una auditoría que se está realizando en el Ministerio de Obras Públicas surgen irregularidades de lo más diversas, sobre todo, en el área de la Dirección Nacional de Vialidad, que estaba bajo la órbita de lo que era el Ministerio de Transporte. Una de las tantas que llamó la atención de la nueva gestión es la paralización de trabajos que se habían iniciado durante el kirchnerismo. Por ejemplo, una obra en la ruta nacional Nº 11, en Formosa, comenzó en agosto de 2015 y en la actualidad registra solo un 5% de avance.
En una auditoría interna que se realizó durante la administración anterior en Vialidad, donde se analiza el Plan Vial Federal 2016-2019, adelantaron la problemática que ahora se hace evidente: según ese informe, el plan “no contempló la conclusión de obras que estaban paralizadas o naturalizadas y que presentaban un importante grado de avance al momento de su formulación”. Eso salta a la vista en la revisión que se está realizando en la cartera que conduce Gabriel Katopodis.
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A continuación, algunos casos que dejaron de avanzar por falta de asignación presupuestaria o temas técnicos que no pudieron resolverse:
- Rehabilitación de calzada de la ruta nacional (RN) 34, en Santa Fe.
Se trata de un tramo de 32 kilómetros que une Cañada Rosquin con San Martín de las Escobas. Esa obra se inició en febrero de 2011 y el último período certificado fue en diciembre de 2018. De acuerdo a los registros a los que tuvo acceso El Destape, la obra tiene un avance del 58%, es decir, poco más de la mitad, a pesar de que pasaron nueve años del comienzo de los trabajos. Para concluir el proyecto se necesitan más de $ 88,8 millones.
- Pavimentación de un camino de montaña en Mendoza, en la RN 40.
Este proyecto, que arrancó en febrero de 2013, es decir, hace casi 7 años, abarca 63,35 km y los registros arrojan un avance de apenas el 34%. El último período certificado fue noviembre de 2017. Se calcularon casi $ 800 millones para poder terminar la obra.
- La duplicación de calzada en una autopista urbana, colectoras y cruces a distinto nivel en la RN 22, en Río Negro.
Es un trabajo de 22km en un tramo que une Chichinales con Cipolletti. La obra empezó en febrero de 2012 y tiene un avance del 25%. El último período certificado es de septiembre de 2018. Se estiman unos $ 738 millones para finalizar la obra.
La construcción de un camino pavimentado en zona rural para el acceso a distintas localidades, en Entre Ríos.El último certificado de obra es de noviembre de 2018. Los registros arrojan un saldo vigente de mil millones de pesos.
Los trabajos se iniciaron en julio de 2013 y tienen un avance del 53%.
- Duplicación de calzada en Autovía Rural en la RN 11, en Formosa.
La particularidad de esta obra es que comenzó en agosto de 2015 y tiene apenas un 5% de avance. La última certificación de obra es de febrero de 2016. Según el trabajo de Vialidad, se necesitan 440 millones para concluir el proyecto. "El gobierno de Mauricio Macri paralizó muchas obras que Vialidad Nacional tenía en la provincia", afirmaron desde el gobierno de Gildo Insfrán e interpretan que detrás de esa decisión no solo hubo una cuestión económica sino también política.
Un dato sintetiza esta situación: en 2019, Vialidad Nacional tenía un presupuesto asignado de $ 96.000 millones, de los cuales solo se ejecutaron $ 55.000 millones, lo que representa un 57% del total, apenas un poco más de la mitad.
La paralización de obras durante el macrismo, que pretendió mostrar una gestión potente en el “hacer”, fue una constante. Más allá de que el expresidente Mauricio Macri se mostrara en la inauguración del Paseo del Bajo, menos de tres meses antes de las PASO, golpeando el asfalto diciendo “este pavimento que estoy tocando no es relato, es real”, lo cierto es que los números de su gestión reflejan lo contrario.
MÁS INFO
El Plan Federal Vial prometía 2.800 km de autopistas, 4.000 km de rutas seguras y 13.000 km de pavimentación con una inversión de $ 200.000 millones. El informe de la auditoría interna de Vialidad, realizado durante la administración anterior es contundente: solo hubo un avance del 13% en autopistas, 0,15% en rutas seguras y un 61% de pavimentación, que incluye 1.832 km de pavimentación y 6.144 km de “rehabilitaciones”. Según indicaron desde la cartera de Katopodis, las 5 obras inconclusas que se mencionan en esta nota formaban parte del mentado plan vial.
El plan en cuestión no fue formalmente aprobado y no tuvo oficialmente definidos sus objetivos, lineamientos, metas y montos anuales de inversión. Además, presenta un bajo grado de ejecución, con un escaso o nulo avance de los programas de autopistas y de Rutas Seguras. Y no contempló la terminación de obras.
La paralización de proyectos se suma a otra serie de irregularidades que se encontraron en lo que era el Ministerio de Transporte, que estaba a cargo de Guillermo Dietrich, uno de los ministros más complicados en tribunales en la actualidad por las denuncias en su contra.
Otra irregularidades
Además del alarmante estancamiento de la obra pública vial, según surge de una auditoría que está realizando la gestión de Katopodis, en los últimos 4 años se amplió de forma exorbitante la planta gerencial, tal como venían denunciando desde los sindicatos de vialidad: el macrismo creó en la Dirección Nacional de Vialidad 85 nuevos cargos. Concretamente, se pasó de 45 en 2015 a 134 en el período 2016-2019, lo que generó un aumento de la estructura gerencial de esa dirección del orden del 173%.
Además, se creó la categoría de Gerente Ejecutivo que tenía un sueldo bruto promedio de $ 230 mil. Los gerentes ganaban $190 mil.
Así las cosas, la dirección de Vialidad terminó teniendo gerentes ejecutivos designados que no eran personal de carrera sino que, en muchos casos, provenían de empresas concesionarias. Al menos dos se manejaron como si estuvieran en la actividad privada tras la asunción de Alberto Fernández como Presidente. Con el cambio de gobierno no querían dejar el cargo. Fueron despedidos y ahora pretenden ser indemnizados, indicaron desde Obras Públicas.
Se trata de los casos del gerente ejecutivo de Licitaciones y Compras, Roger Emmanuel Botto. ¿De dónde provenía Botto? Fue gerente del Grupo Abertis y director suplente de Autopista del Sol S.A (Ausol S.A), que es concesionaria de Acceso Norte. Justamente, Albertis era controlante de Ausol -estaba presidida entonces por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez- y era socia del Grupo Macri.
El otro gerente que se quiso atornillar al cargo fue Ricardo Stoddart, quien era gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos de Vialidad. ¿Cuál era el pasado de Stoddart? Era socio en Marval O'Farrel & Mayral, el estudio jurídico que representó a Ausol S.A en la renegociación del contrato de concesión. El gobierno de Maci le pagó a Ausol (donde la familia del expresidente llegó a ser accionista) u$s 500 millones para cerrar una demanda en el CIADI por supuestos atrasos tarifarios. Todo indica que el pago fue irregular por lo que hay una causa penal en trámite que complica al expresidente.
En lugar de dar un paso al costado tras el cambio de administración, tanto Botto como Stoddart enviaron una carta documento solicitando se aclare su situación laboral e indemnización.
A esto se suma, según informaron desde el ministerio que conduce Katopodis, que dos asesores se retiraron de Vialidad Nacional dejando sus oficinas cerradas con llaves y sin devolver pertenencias que son del Estado como autos, computadoras y celulares.
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