El prefecto Octavio Romero iba camino a transformarse en el protagonista del primer casamiento igualitario de las Fuerzas Armadas cuando fue asesinado. El caso, que se encuentra impune, llega a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que comienza a evaluar si la Argentina es responsable de violar derechos humanos.
La CIDH, uno de los dos organismos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) creado para la observancia y defensa de los derechos humanos, emitió un informe especial sobre el asesinato de Romero. El cuerpo de Octavio fue hallado seis días después de su desaparición en costanera norte (jurisdicción de la Prefectura) desnudo, golpeado y con alcohol en sangre. La autopsia comprobó que habría sido arrojado al agua sin vida, horas después de haber puesto fecha oficial a su boda con el taxista Gabriel Pipín Gerbasch. El caso data de 2011.
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Ante la inacción del Poder Judicial local, en junio de 2012 Pipín Gerbasch, la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) se presentaron como parte peticionaria ante la Cidh.
El documento indica que, de forma preliminar, en esta petición se cumplen todos los requisitos para que la Comisión pueda evaluar si la Argentina violó derechos humanos específicos, advirtió un informe publicado por el diario Página 12.
Admitir el caso implica empezar a analizar si el país no cumplió con el respeto y la garantía de derechos esenciales consignados en tratados internacionales, tales como integridad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley y protección judicial entre otros. Así, el hecho constituye un primer paso histórico. Para alcanzar una real dimensión institucional, cabe aclarar que como en otras circunstancias, la Comisión podría haber desestimado el caso, o podría haberlo considerado no tramitable en su seno, sin embargo entendió que sí.
Expediente
De acuerdo con los datos aportados por el informe el expediente del homicidio de Octavio Romero se encuentra en la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Estela Andrade de Segura. Advierten que no hay sospechosos ni imputados. No se investigó con precisión ni la hora, ni el lugar ni la forma en que Octavio desapareció o quién/es se lo llevaron. No hay información sobre posibles móviles.
Hasta el asesinato de Octavio, el protocolo vigente en las fuerzas de seguridad de la Argentina obligaba a informar con quién se casaba cada integrante. Romero trabajó trece años en la Prefectura Naval Argentina. En dos oportunidades -septiembre de 2011 y mayo de 2012- Gerbasch solicitó ser querellante en la causa. Esas solicitudes le fueron negadas bajo el argumento de ser considerado sujeto pasivo de la investigación.
Durante este período, el novio de Romero no tuvo acceso al expediente y a su vez fue investigado como presunto responsable. En julio de 2012 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la decisión y resolvió admitirlo como querellante.
Un proceso ante la Comisión Interamericana es considerado de naturaleza subsidiaria, es decir que sólo es posible presentar una demanda allí una vez agotados todos los recursos en el país contra el cual se articula la denuncia.
En este caso puntual, el informe aclara que no es posible considerar ya usadas todas las herramientas internas porque hay una alevosa demora en la investigación: desde 2011, los deberes que tiene el Estado argentino de investigar de manera diligente no están siendo cumplidos.
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