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En un comunicado oficial, la fundación indicó que "cumple con todas las leyes, regulaciones ministeriales y normas internas" y aclaró que "dentro de estas, la ley no nos permite brindar información de alumnos ni graduados, salvo requerimiento judicial".
Recordó asimismo que el año pasado "la Justicia pidió información de un alumno por demanda de la fundación presidida por Míguez" y aclaró que la casa de estudios cumplió "en tiempo y forma con todos los requerimientos de la justicia".
"En el marco de la misma, en fecha 15 de abril de 2016, el Juzgado Criminal Correccional y Federal número 9, secretaría número 17 desestimó la denuncia por inexistencia de delito", según precisó el comunicado.
Asimismo, la fundación de la universidad aclaró que "la fuente utilizada en recientes notas periodísticas corresponde a un ex docente que no tuvo participación alguna en los hechos objetos de este comunicado y, que a pesar de haber sido desvinculado en el marco de denuncias de alumnos, mantiene un reclamo contra la universidad".
El comunicado indica que "hasta la fecha no hemos recibido ningún otro requerimiento ni citación judicial".
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