Un documento de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad elaborado para que los fiscales adopten criterios homogéneos para conceder o no el beneficio de la prisión domiciliaria revela que el 40 por ciento de los detenidos por esos delitos goza de ese beneficio.
El trabajo considera "normativa aplicable" a los enfermos a los que la privación de la libertad les impida "recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia"; a los pacientes terminales o discapacitados y a los mayores de 70 años.
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También sugiere la intervención del Cuerpo Médico Forense, para peritar el diagnósticos, prescripciones y verdadero cuadro de salud de quien haya pedido acogerse a la detención domiciliaria, y el control de su cumplimiento".
El documento da por sentado que esa modalidad de detención "implica una disminución significativa del control estatal sobre el cautelado y, desde esta perspectiva, un incremento del riesgo de que eluda la acción de la justicia".
Destaca por ello que también acarrea el riesgo de que el Estado "no logre cumplir su compromiso internacional de sancionar a quienes fueran declarados culpables de delitos de lesa humanidad".
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