De solidaridades y mezquindades frente a la pandemia por coronavirus

Cuando las dificultades nos desbordan, cuando lo que está en juego no es el nivel de vida o de consumo, sino la vida misma, es cuando se evidencian las conductas más nobles y las más egoístas tanto en lo individual como en lo colectivo.

Qué nos reclama la pandemia

Como señala permanentemente el Presidente, combatir el actual flagelo del Covid-19 es un desafío para la sociedad en su conjunto, que debe demostrar una unidad y solidaridad inexcusable cualquiera que fuere la posición o condición de cada quien.

Una exigencia que no parece admitir debate alguno, como tampoco que debe priorizarse la atención de las necesidades de aquellos que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Esa categorización, por supuesto, corresponde a los más desposeídos, a los que padecen hambre –problema que estaba instalado como prioritaria política de Estado desde antes de enfrentar el Coronavirus-, a los menores (niñas, niños y adolescentes en general y en especial cuando presentan serios problemas de alimentación), a las personas que se hallan en la más absoluta informalidad y el aislamiento les imposibilita acceder a todo ingreso para su sustento y el de sus familias.

Sin embargo, la comentada exigencia no se circunscribe a la población antes referida, sino que también abarca a las trabajadoras y trabajadores que cuentan con un empleo, viven de su salario y de él dependen para sostenerse cotidianamente, más aún en las actuales circunstancias.

Por cierto, que existen otros que también demandan soluciones: autónomos que se desempeñan en diversos oficios; empresarios de la actividad mercantil (en primer lugar, en pequeños comercios), gastronómica, de turismo; micro emprendedores; profesionales.

En la industria, en las explotaciones agropecuarias y de servicios se advierten otras tantas necesidades, que se acrecientan en los de menor escala, a los que lógicamente habrá que brindar auxilios.

Está a la vista que las respuestas no las dará el Mercado, salvo cuando ello se le imponga, sino el Estado. No sólo en nuestro país, el Mundo entero da testimonio de ello, e incluso lo revela la postura adoptada por Organismos Multilaterales (Banco Mundial o FMI), que se apartan de sus clásicas recetas fiscalistas y monetaristas ante la gravedad de los acontecimientos.

El Movimiento Obrero

Los sindicatos y su dirigencia han sido objeto de frecuentes críticas que, en buena medida, responden a estereotipos y prejuicios fuertemente instalados en los sectores medios y altos. Lo que no significa desconocer vicios o desviaciones en su funcionamiento, pero que no justifican una generalización estigmatizante ni hacer abstracción de similares conductas que se verifican en otras organizaciones de la sociedad civil y, en particular, en las empresarias.

Más allá de la opinión que la cuestión nos merezca, lo cierto es que no gozan de buena imagen ni –por esa visión sesgada- se les reconoce actitudes altruistas y de cooperación que exceda las de sus propios intereses.

Para sorpresa, entonces, de algunos –o muchos, como se prefiera- el Movimiento Obrero en su conjunto ha sido el primero en exhibir sinceros lazos de solidaridad en esta emergencia, que a mi criterio es preciso puntualizar, que no ha sido la primera vez sino una nueva muestra de identificación con los intereses del Pueblo y de la Nación.

Las tres Centrales Obreras (CGT, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma) han reaccionado de inmediato, con el acompañamiento del más amplio arco gremial, ofreciendo todo tipo de colaboración a las autoridades estatales y la disposición de los hoteles sindicales como otros establecimientos aptos para responder a las necesidades sanitarias. Al mismo tiempo que, sin mengua de la lógica defensa de sus representados, viene demostrando una esforzada tarea para evitar una escalada de la conflictividad que provocan apresuradas decisiones patronales de dudosa legalidad y de clara ilegitimidad.

Qué ocurre del otro lado

Las respuestas son escasas, mayormente discursivas sin aportes acordes con su capacidad contributiva, acompañadas de crecientes pedidos al Gobierno y esperando que todas las soluciones las brinde un Estado que, directa o indirectamente, han denostado y facilitado su desguazamiento irracional.

La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó que todos los sectores empresarios se pusieron a total disposición del gobierno, sin dar precisión alguna de los alcances concretos de esa “disposición”. Por el contrario, fueron claros en cuanto a sus demandas, indicando que estaban en permanente contacto con el Ministro Kulfas para interiorizarlo del escenario productivo y las necesidades de las industrias. Señalando, que vienen reclamando facilidades financieras para tener liquidez, el diferimiento del pago de impuestos y la extensión de los plazos de la moratoria Pyme; y que se les garantice a las empresas la posibilidad de flexibilizar las condiciones laborales para asegurar la producción, en particular en materia de jornada laboral.

El 26 de marzo Infobae recogía las manifestaciones de varios miembros y directivos de la UIA, que referían la creación de un Comité de Crisis donde se había evaluado que, de extenderse la cuarentena, habrá que hacer un acuerdo con los gremios para que pueda pagarse un porcentaje menor de los salarios. Afirmaban que: si la prioridad es la salud, deberá permitirse un menor pago salarial, además de contribuir con distintos tipos de ayudas, como la reducción de las cargas patronales, el Repro y el financiamiento bancario. Agregando, con una singular concepción de la justicia social y un total desapego de la legalidad: Hay una gran preocupación empresaria porque el que no trabaje cobra igual que el que trabaja porque además de ser injusto, lo cierto es que también desalienta al que está yendo a sus empleos. Tampoco en esta ocasión se hizo referencia a acciones o contribuciones efectivas resueltas por la UIA, ni recomendadas a sus asociados.

La Cámara de la Alimentación (COPAL) hizo pública una Declaración en la que expresa: “Copal entiende que en momentos donde se requiere la colaboración de todos los actores sociales, el sector representado por esta entidad puede colaborar llevando calma a la sociedad informando que se cuenta con capacidad de producción suficiente de alimentos y bebidas para proveer al país. Es importante que no prime la ansiedad para continuar con un normal abastecimiento”.

Como tal la COPAL tampoco ha decidido medidas que importen aportes concretos, ni dirigidas a contribuir a detectar e impedir el abusivo aumento del precio de los alimentos.

La Mesa de Enlace hizo saber: “Estamos a disposición para que con nuestro espíritu de esfuerzo y perseverancia continuemos haciendo honor al compromiso histórico de producir alimentos de máxima calidad para nuestros compatriotas y para los ciudadanos del mundo que los demandan”. Desde ese espacio ni desde las entidades que lo componen (Federación Agraria, CRA,  Coninagro y Sociedad Rural Argentina), hubo otra expresión de la aducida “disposición” que supusiera una ayuda en sintonía con la capacidad económica y específica del sector rural.

La SRA refirió que productores rurales y organizaciones adheridas estaban haciendo “colectas” para la compra de respiradores artificiales y otros insumos, sin mayores precisiones al respecto; y ofreció el predio de Palermo para el caso de ser necesario por la Pandemia, aunque al respecto debe advertirse –junto con su dudosa titularidad que es materia de litigio con el Estado- que se trata de un espacio de imposible aprovechamiento por esa entidad, ya que su utilización ordinaria está destinada a eventos masivos.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), difundió una carta enviada a Matías Kulfas con una serie de propuestas (en materia tributaria, de financiamiento, líneas de crédito promocionadas con bajas tasas de interés para pagar salarios, diferimiento del pago de cargas sociales, habilitar modalidades de teletrabajo, suspender las paritarias del presente año), y que concluía con la siguiente frase: “Los logros que se consigan en estos aspectos ayudarán sustancialmente a atemperar el efecto negativo de esta emergencia”. De dar algo, nada.

La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), hizo saber que analizaba “distintos pedidos” que habrían de hacerle al Gobierno, comenzando por la prórroga del pago de impuestos. Ni como entidad corporativa ni como iniciativa para la acción de sus asociados difundió resolución alguna, justamente en tiempos en los cuales –por la continuidad de la actividad de esa industria y por el fuerte impulso que le ha brindado el Estado nacional- goza de una situación privilegiada y posee diversas herramientas para brindar en la emergencia.

El Foro de Convergencia Empresarial (conformado por medio centenar Organizaciones y Cámaras empresarias de diversas actividades) emitió un comunicado, señalando que: “Las autoridades a distintos niveles y entidades del país han tomado ya medidas, pero sólo serán realmente efectivas si todos los empleadores asumimos nuestra responsabilidad y rol y hacemos nuestra parte para proteger la salud y bienestar de la nación”.

En ese texto se hace referencia a haberse tomado pasos importantes, pero de su lectura sólo se advierte un catálogo de buenas intenciones sin alusión alguna a contribuciones materiales de ninguna índole.

En lo que respecta a los Laboratorios, ninguna de las Cámaras que los nuclea (CILFA, CALAB, COOPERALA) ha informado de medida alguna que suponga un aporte para la comunidad. Otro tanto ocurre con las representaciones corporativas de la Indumentaria y del Calzado que, como en el caso anterior, podrían realizar contribuciones importantes propias de sus respectivas actividades industriales.

La Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC) también mantuvo silencio, incluso frente a las protestas que en varios de esos centros comerciales hiciera el personal por los riesgos a los que se los exponía (en lugares cerrados, con escasa ventilación y concentración de público). En el caso de IRSA, propietaria de 14 Shoppings, planteó que la decisión de cerrar o no era una responsabilidad del Gobierno nacional y se limitó a reducir en dos horas el horario de funcionamiento.

Recién se produjo el cierre de los Shoppings el 20 de marzo, cuando ya regía el Aislamiento Social Obligatorio que hacía imposible la continuidad de la actividad comercial, sin que la Cámara formulara propuesta alguna en torno a la situación en que quedaban inmersos los locatarios durante la vigencia de ese régimen de excepción.

La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de la Banca Especializada (ABE), se han limitado a comunicar las restricciones y disposiciones operativas durante la Pandemia y en materia crediticia a sujetarse a las resoluciones del BCRA. Tampoco en este caso, tratándose de empresas que obtuvieron rentas extraordinarias en los pasados cuatro años, han ofrecido colaboraciones efectivas para contrarrestar los perniciosos efectos sociales y económicos del Covid-19.

Un caso paradigmático ha sido el del emporio farmacéutico FARMACITY, al que se le hallaron en un depósito 9.000 unidades de alcohol en gel, un producto faltante en los locales de comercialización y mientras regía una “oferta de 2x1” que venció antes que se distribuyeran como consecuencia de la inspección realizada por la AFIP.

Contrastes reveladores

Los señalamientos precedentes en cuanto a la “irresponsabilidad social empresaria” no se circunscribe a las omisiones corporativas, sino que se acentúan por acciones que merecen similar calificación.

La ingeniería jurídica laboral que vienen desplegando sus asesores, apunta a trasladar los costos en ese campo a los propios trabajadores y al Estado. Lo que alienta una creciente ola de despidos y suspensiones colectivas, la negativa de muchos empresarios a abonar las remuneraciones –total o parcialmente- a quienes están exceptuados de prestar servicios o revistando en actividades consideradas esenciales deben ausentarse para el cuidado de sus hijos, o la reducción del monto de los salarios en proporción a una limitación en la duración de la jornada de trabajo que los empleadores deciden o a la que se ven forzados por la índole de la labor asignada.

En General Rodríguez (Provincia de Buenos Aires) la Cámara local constituida hace sólo cuatro años (UIGRE) y que forma parte de la Unión Industrial bonaerense, mantiene una intensa interacción con el Municipio en todas las áreas. En la presente coyuntura se integró rápidamente al Gabinete de Crisis que organizó el Intendente y entre sus aportes se cuentan la provisión de todo tipo de insumos para dos hospitales (alcohol en gel, barbijos, camisolines, bolsones de alimentos, lavandina, cloro, medicinas, camiones para la logística), como también la construcción de un “hospital de campaña” (modular de 1000 m2) que se concluirá en 10 días y cuyo costo será a exclusivo cargo de las empresas involucradas.

El Estado es un actor fundamental e irremplazable, como se ha puesto de manifiesto claramente en esta emergencia, pero que la excede a poco que advirtamos en cuantas otras situaciones es necesaria su presencia e intervención. La solidaridad, por su parte, es un valor social que debe animar nuestras acciones, como también el promoverlo y exigirlo cuando se muestre ausente y, entonces, también será el Estado el que pueda asegurar su efectiva vigencia adoptando todas las medidas que están a su alcance.