Crisis económica: hacia un salario de equilibrio productivo

Algunos años atrás, desde el Equipo de Investigaciones en Derecho Sindical y de las Relaciones Colectivas del Trabajo, se desarrolló un estudio de variables alternativas a las tradicionales modalidades de participación laboral en la renta nacional originada en el sector privado. Si bien las condiciones imperantes en el país eran otras, la conceptualización de un “salario de equilibrio productivo” no se circunscribía a etapas de bonanza sino que también resultaba válida para épocas de crisis y en consecuencia justifica prestarle atención en el actual contexto de la Argentina.

De qué se trata

El concepto de salario de equilibrio productivo (SEP) consiste en un postulado dinámico que se nutre de distintos aspectos sociales, económicos y laborales, siendo susceptible de adaptabilidad ligado a presupuestos históricos concretos.

En el SEP más allá de contemplarse una legítima reivindicación salarial, se presentan otros elementos componentes que permiten contribuir a la redistribución de la renta a partir de diferentes combinaciones y/o articulaciones. Pero que exige el efectivo cumplimiento de la normativa vigente, con la necesaria regularización de aquellos trabajadores a los que se niega el acceso a derechos esenciales laborales, de la seguridad social y sindicales.

Impone, por tanto, la superación de situaciones de no registración, de informalidad forzada, de eventualidad injustificada, de distorsivas tercerizaciones u otras modalidades viciadas de subcontratación, en tanto elementos elusivos de derechos y obligaciones patronales. Por su condición de generadores de desigualdades, con la consiguiente fragmentación del colectivo laboral que es necesario corregir no sólo en sus consecuencias sino, fundamentalmente en sus causas valiéndose de las herramientas ya existentes y generando, institucionalmente, las que faltaren.

La regularización y registración laboral produce, además, un aumento notable de los recursos de la seguridad social con todas las consecuencias y perspectivas que ello genera: incremento de las cotizaciones a los subsistemas (recursos genuinos), beneficiando también a las organizaciones sindicales, mutuales y obras sociales, ampliando los efectos redistributivos.

Desde esa misma perspectiva, se conciben otros elementos o factores que puedan contribuir a una mayor y  más equilibrada distribución en el escenario productivo, promoviendo temáticas relacionadas con el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo. Incorporando nuevos dispositivos de aportes y contribuciones vinculados a las retribuciones, enriqueciendo y ampliando los alcances de los subsistemas de la seguridad social como su articulación con un rediseñamiento del sistema de relaciones laborales.

En ese orden de ideas, la potenciación de mecanismos de participación sindical y de una adecuada articulación de la normativa estatal con la originada en la concertación colectiva, se erigen como la vía apta para alcanzar un mejor orden de reparto entre el Trabajo y el Capital sin que para ello deba sólo, y exclusivamente, sujetarse a la variable remuneratoria.

Replantear paradigmas de las paritarias 

Se torna indispensable reflexionar sobre algunas cuestiones vinculadas al mundo del trabajo, con un enfoque sostenido en una articulación sistémica que impulse el desarrollo económico, en el marco de un Proyecto Nacional con centralidad en un proceso de industrialización.

La matriz en base a la cual se estructure, tanto en términos teóricos como prácticos, deberá atender a los principales desafíos que se presentarán en la etapa que se inicie en diciembre de 2019, especialmente en materia laboral y de la seguridad social.

Los paradigmas que rigen la negociación colectiva exigen una revisión, particularmente en la instancia agónica actual, con el propósito de  avanzar en una discusión que la enriquezca sin restringirla a criterios vinculados excluyentemente con lo salarial, conservando su función esencial mediante la recreación y ampliación de los contenidos de los convenios.

Es preciso explorar alternativas que, sin desmedro de la pauta salarial, articulen nuevos contenidos o variables de institutos tradicionales con miras a complementarlos, de manera de impactar positivamente en las condiciones de trabajo y en la calidad de vida, o incluso acrecentar los ingresos con componentes genuinamente no remunerativos.

Desde esa perspectiva, advirtiendo la desigual situación que atraviesan diferentes sectores laborales, la crisis que afecta a muchas empresas –en especial, a las PyMES- y el fenómeno inflacionario que erosiona la actividad productiva, se deben pensar estrategias de crecimiento y de distribución en términos de equilibrios razonables.

Lo que interpela acerca de:

¿Cómo lograr un punto de equilibrio en lo salarial, que sostenga un proceso de redistribución de la riqueza sin que se produzcan incrementos –de bienes y servicios- desestabilizantes en lo político, social y económico?

¿Cuál es la racionalidad que debe primar en los incrementos remuneratorios?

¿Si los incrementos deben ser puramente salariales y nominales o pueden hacer eje en elementos complementarios con vistas a profundizar la redistribución?

¿En cabeza de quién o de quiénes debe estar la responsabilidad principal para alcanzar un sistema de equilibrio salarial y productivo?

¿Qué rol juega la productividad en ese nuevo escenario de distribución del ingreso?

¿Qué garantías efectivas de acceso a la información se brindarían a los sindicatos como elemento constitutivo de esa lógica de negociación?

Diálogo social y problemática laboral

En el marco de un Diálogo Social que se exhibe como indispensable para afrontar la crítica situación que atraviesa la Argentina, un lugar central ocupará la política de ingresos y la definición de los márgenes en que será factible que se desenvuelva la negociación de convenios o acuerdos colectivos.

El concepto enunciado como salario de equilibrio productivo (SEP), se presenta como una categoría teórica para orientar las concertaciones colectivas, encontrar respuestas a dilemas como los anteriormente mencionados  y a otros que es posible formular en torno a un nuevo paradigma de redistribución del ingreso con crecimiento productivo.

No sólo lo estrictamente salarial y, mucho menos, su sola expresión nominal puede reflejar un incremento en la redistribución e impactar en la calidad de vida de trabajadoras y trabajadores.

El SEP se entronca en una formulación articulada y sostenida, en la posibilidad de implementar mejoras distributivas también a partir del avance en cuestiones cualitativas, que redunden en mejores situaciones socioeconómicas para el sector laboral, tales como:

• mejoramiento de las condiciones generales de vida y de trabajo
• perfeccionamiento de subsistemas de la seguridad social a impulso del desarrollo de las relaciones laborales
• reingeniería de las asignaciones familiares, complementadas o suplementadas por intermedio de la negociación colectiva
• nuevos mecanismos de aportes y contribuciones con eje en la distribución
• dispositivos legales y negociados sectorialmente de participación en las ganancias
• programas de colaboración y desarrollo en el ámbito paritario sobre materias diversas a las tradicionales: vivienda, salud, educación, formación profesional, prestaciones complementarias no salariales.

Se trata en definitiva de instalar y profundizar mejoras redistributivas, en términos de un equilibrio acorde con los niveles de producción y competitividad alcanzados, que permita asegurar un crecimiento sostenido, inversión efectiva de capital y la consiguiente rentabilidad empresaria.

La evolución del salario real con relación a la productividad es otro elemento que exige especial atención, con miras a definir como debe incidir en el reparto sectorial del ingreso en función de la participación de los trabajadores en la distribución de la riqueza que generan.

El salario de equilibrio productivo (SEP) constituye, entonces, tanto un postulado, una hipótesis de trabajo como una determinada dinámica negocial. Propone elementos, mecanismos y escenarios a considerar, formulando articulaciones que puedan adecuarse para una mejor y menos conflictiva redistribución que acompañe al crecimiento y al desarrollo productivo, contribuyendo a la consolidación de un Estado Social de Derecho.