La jueza Sandra Arroyo Salgado fue quien tuvo en su juzgado federal de San Isidro la denuncia contra Ernestina Herrera de Noble por presunta apropiación de niños, sospechados de ser hijos de desaparecidos durante la dictadura militar. Tras elevar la causa a juicio oral en 2012, hace dos años Arroyo Salgado dictó el sobreseimiento de Herrera de Noble, al entender que en la causa no existía evidencia alguna que probase los hechos por los cuáles fuese acusada.
En 2001, Abuelas de Plaza de Mayo denunciaron a Herrera de Noble y en 2002 el magistrado Roberto Marquevich ordenó su detención.
La Cámara Federal de San Martín dejó sin efecto la decisión apartó de la causa a Marquevich, que luego sería destituído por el Consejo de la Magistratura. En 2006, gracias a un decreto de Néstor Kirchner, Sandra Arroyo Salgado asumió en su lugar como titular del juzgado federal de San Isidro.
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En 2010 se reactivó la causa y una de las medidas ordenadas por la jueza fue que la policía siguiese a Felipe y Marcela Noble Herrera al salir del Juzgado. Tras una verdadera persecución policial, personal del Juzgado, testigos y personal técnico ingresaron a la casa de Ernestina de Noble y frente a testigos sus hijos fueron obligados a desvestirse y entregar la ropa que tenían puesta para que se realizara un examen genético.
En 2012, Arroyo Salgado dictó el procesamiento para elevar la causa a juicio oral y el 30 de diciembre de 2015 dictó el sobreseimiento de Herrera de Noble, al entender que en la causa no existía evidencia alguna que probase los hechos por los cuáles fuese acusada. "En atención al resultado negativo que arrojó el peritaje de ADN a los fines de establecer vínculo biológico con los grupos familiares de personas desaparecidas durante la última dictadura militar que integran el Archivo Nacional de Datos Genéticos, no existe motivo de sospecha", sentenció la jueza.
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