Con el fin de la feria judicial, las causas por los aportantes truchosavanzan y generan un dolor de cabeza en el oficialismo, cuyo mayor temor pasa ahora porque la justicia con competencia electoral decida inhabilitar a las autoridades partidarias del PRO bonaerense. Es decir, a la propia María Eugenia Vidal.
En paralelo, la ONG La Alameda amplió la denuncia ante el juzgado de Sebastián Casanello, basado en la investigación de El Destape que descrubrió aportes de empleados públicos de la Ciudad a la campaña de Elisa Carrió en 2017. La revelación de este medio causó furia dentro de la CC, cuyos principales referentes salieron a atacar a Roberto Navarro en las redes sociales.
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Según publicó el diario Ámbito Financiero, el temor dentro de Cambiemos es que la causa que se tramite en la provincia de Buenos Aires, a cargo del juez con competencia electoral Adolfo Ziulu, avance en las sanciones por las violaciones al Código Electoral, algo que podría hacerse más rápido y más fácil de probar que las eventuales condenas penales.
Según el Código Electoral, tanto los responsables económicos del partido como su presidente son responsables por estas faltas, y podría caberles una sanción de entre 6 meses y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. A poco más de un año de las elecciones 2019, una sanción de este tipo podría correr a María Eugenia Vidal (presidenta del PRO bonaerense) de la contienda.
La defensa de Cambiemos es llevada a cabo por el abogado personal de Macri, Alejandro Pérez Chada, quien organizó la estrategia para despegar al jefe de Estado de los Panamá Papers.
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