La temprana y enérgica adhesión de Alberto Fernández al Grupo de Puebla, consumada mientras el ex Jefe de Gabinete era candidato presidencial a tiempo que debutaba la mesa progresista regional, no fue casual. La entente de líderes y fuerzas populares del continente latinoamericano contenía una regla estatutaria que emergía de forma tácita entre sus miembros: ninguno de los ex Jefe de Estado o referentes participantes en el Grupo de Puebla estaba identificado con la política hemisférica de los Estados Unidos o con el rumbo doméstico y la consecuente irradiación regional del proyecto venezolano liderado por el presidente Nicolás Maduro. De esa manera, como plataforma de articulación política en un contexto adverso al proceso integracionista que brilló a inicios del siglo XX con el power trío Kirchner- Lula- Chávez, el Grupo de Puebla recuperaba una voz autónoma, celosa de la no injerencia externa y del respeto democrático, que a mediados del siglo XX encontraba su síntesis narrativa en la expresión militante: “ni yanquis, ni marxistas, peronistas”.
Alberto Fernández nunca ocultó sus diferencias con el modelo bolivariano nacido post muerte de Hugo Chávez y consolidado en la estructura del Palacio Miraflores con un doble comando político: el consumado por el Jefe de Estado Nicolás Maduro –con una ascendencia mayor sobre el oficialista Partido Socialista Unificado de Venezuela- y el diputado Diosdado Cabello –encargado de contener y liderar a las Fuerzas Armadas bolivarianas-.
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El presidente argentino contribuyó en el año 2017 con un análisis político regional para el libro Claroscuro de los gobiernos progresistas. América del Sur: ¿Fin de un ciclo histórico o proceso abierto?, compilado por Carlos Ominami, padre adoptivo del impulsor del Grupo de Puebla Marco Enríquez Ominami. En dicho paper Fernández expresaba: “La Revolución Bolivariana, fundamentalmente tras la desaparición de Chávez, se ha mostrado ineficiente como para alterar la ecuación que sumergió a Venezuela en el retraso. A ello se ha sumado el creciente menosprecio hacia las formas republicanas, evidenciado en el encarcelamiento de opositores y en el intento de disolver el Parlamento a partir de un fallo del máximo tribunal del país. A su vez, el proceso de reconversión de una economía también alcanza al Estado. Ninguna economía que se tilde de progresista puede desatender la balanza comercial o las cuentas públicas, algo olvidado en el modelo bolivariano”.
¿Por qué es significativa la posición de Argentina ante la crisis institucional venezolana? Sencillo, la cuestión Venezuela es la baza ideológica con la que la administración Donald Trump pretende alinear a la región con sus políticas. En tiempos de Mauricio Macri esa estrategia era mucho más sencilla para la Casa Blanca. La diplomacia estadounidense había alentado la conformación del Grupo de Lima, donde convergen los Cancilleres de los gobiernos identificados con Washington. El Grupo de Lima es en los hechos una suerte de escribanía de los memos enviados por el Departamento de Estado. Si Trump pide bloqueo a Venezuela y apoyo a la dictadura de Bolivia, el Grupo de Lima replica esas palabras. Pero la mencionada coordinación zonal ha perdido un socio de peso desde el último 10 de diciembre: la Argentina.
Nuestro país y México, el sur y el techo de la Patria Grande, jugaran de forma conjunta en la cumbre de la CELAC para explicitar su propia agenda en torno a Venezuela: donde oficialismo y oposición perjuran estar al frente de su propia Presidencia y Congreso. La fórmula del Canciller Felipe Solá y de su colega azteca Marcelo Ebrard puede resumirse así: Venezuela necesita canales de diálogo, los gobiernos de la región deben facilitar puentes entre Maduro y Juan Guaidó. Por lo pronto, Solá dejó en claro en las últimas horas que no aceptará ningún tipo de presiones. En un comunicado oficial la Cancillería expresó: “Resultan inadmisibles para la convivencia democrática los actos de hostigamiento padecidos por diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de procurar ingresar al recinto de la Asamblea Nacional”. Dos días después, el Palacio San Martín revocó las credenciales diplomáticas de Elisa Trotta, supuesta embajadora de Guaidó en Buenos Aires. Fue la manera de Felipe Solá de hacerse entender: “Ni con Trump, ni con Maduro, peronistas”.
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