Alan Iud: “Hay una tendencia mundial a descongestionar las cárceles”

El sistema penitenciario argentino tiene problemas de base, como la sobrepoblación y el hacinamiento, que quedaron aún más expuestos en el marco de la pandemia del coronavirus. "Son déficits casi estructurales, que hacen que la situación sea muy complicada. Por eso en las últimas semanas se produjeron distintos conflictos de carácter violento en diferentes unidades, lo que generó mucha preocupación", explica Alan Iud, secretario Ejecutivo del Comité Nacional para Prevención de la Tortura (CNPT), a El Destape. Este viernes, la noticia la dio el penal de Devoto donde se produjo un motín durante largas horas.

El CNPT es un organismo de monitoreo, control y seguimiento de los lugares donde se encuentran personas privadas de su libertad. En el marco del avance del COVID-19 tiene un rol protagónico. Mantiene un canal de diálogo abierto y constante con las autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación en pos de monitorear la situación del sistema penitenciario federal, que es muy delicada. También con los gobiernos provinciales. Por ejemplo, sigue de cerca el conflicto de Devoto, con presencia de comisionados. La comisionada Rocío Alconada participa en la mesa de diálogo que se formó para resolver el caso.

En este contexto, Iud cuenta las medidas que recomiendan y la reacción de autoridades y jueces. También se refiere a los conflictos que se sucedieron en otras penitenciarías. Y describe la situación de las unidades penales más complicadas.“Hay una tendencia mundial a descongestionar las cárceles”, asegura al referirse a la estrategia central que están tomando distintos países para contener el impacto de la pandemia intramuros. Hasta el momento, el reporte oficial que se tiene es de un detenido infectado por COVID-19. 

“El comité empezó a trabajar sobre el impacto de la pandemia en las personas privadas de su libertad desde los primeros días de marzo. Esa semana estaba llegando una delegación de las Naciones Unidas, del subcomité de Prevención de la Tortura, con personas provenientes de países donde la pandemia ya estaba muy avanzada y que iban a hacer inspecciones en lugares de detención. Eso hizo que empecemos a abocarnos al tema tempranamente”, explica este abogado que fue durante muchos años el coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo. “Desde entonces, recabamos información de todas las provincias sobre las medidas que van disponiendo. Hacemos una evaluación de esas medidas y realizamos recomendaciones, tanto para los servicios penitenciarios como para los jueces y ministerios con competencia en la materia”, agrega. 

-¿Y qué observan hasta el momento?

-Lo que vemos en términos generales es que se han tomado medidas en todo el país. Algunas implican una fuerte restricción en los derechos de las personas privadas de la libertad que pueden entenderse como temporales en el marco de la pandemia como, por ejemplo, la suspensión de las visitas de los familiares y de las actividades educativas o recreativas adentro de las unidades. Esas actividades implican el ingreso de personas desde el exterior al penal y las autoridades están reduciendo esos ingresos al mínimo. Ese tipo de restricciones tienen lugar en un contexto de sobrepoblación, hacinamiento y dificultades en el acceso a un conjunto de derechos. Son déficits casi estructurales del sistema penitenciario, que hacen que la situación sea muy complicada. Por eso en las últimas semanas se produjeron distintos conflictos de carácter violento en diferentes unidades, lo que generó mucha preocupación. Nosotros lo que promovemos es que frente a esas restricciones se busquen mecanismos de compensación.

-¿Cómo cuáles?

 -Algunas jurisdicciones empezaron a recoger esas recomendaciones. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se habilitó la utilización de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de la libertad. En el SPF si bien no se habilitó la utilización de celulares se montaron salas de videconferencia. Esperamos que puedan ampliarse. En algunos lugares como Río Negro, establecieron un permiso semanal para que los familiares puedan acercar los elementos que normalmente llevan a sus parientes detenidos. En líneas generales vemos que las autoridades toman medidas.     

-¿Y en materia judicial?

-En el ámbito judicial, la Cámara Federal de Casación Penal emitió tres acordadas muy relevantes (NDR: apuntan a despoblar las cárceles con domiciliarias de detenidos por delitos menores que integran el grupo de riesgo). Nosotros estamos siguiendo cómo es la implementación por parte de los juzgados de esas acordadas que son como recomendaciones. En la provincia de Buenos Aires, la Casación provincial también emitió un fallo muy importante instando a la detención domiciliaria de personas que estaban detenidas por delitos leves y a la vez son población de riesgo. Se van tomando decisiones en la línea que estamos recomendando. Esperamos que eso contribuya a equilibrar la situación ante la restricción de derechos que se dan con las medidas que se tomaron para prevenir la propagación del virus en las unidades.

-¿El hacinamiento que hay en la mayoría de las cárceles es la principal preocupación en el marco de esta pandemia?

-La sobrepoblación y el hacinamiento, de acuerdo a lo que dicen todos los epidemiólogos, favorecería la propagación del virus en caso de que ingrese al penal. Las medidas del aislamiento social y la recomendación que tiene la población en general de mantener una distancia interpersonal de un metro y medio en las condiciones de los penales es muy difícil de implementar. Especialmente en los lugares de uso común como pueden ser los comedores o los pabellones. Porque la cantidad de personas que hay en pabellones o celdas sobrepasan las recomendaciones internacionales.

-¿Hasta ahora el registro es el de un detenido contagiado?

-En personas privadas de la libertad, hasta donde nosotros tenemos, hay una sola persona confirmada. Circuló información sobre personal (penitenciario). En ese sentido, habría personas infectadas en Neuquén, en Devoto y en el Servicio Penitenciario Bonaerense. 

-¿Desde el comité se hacen eco de la recomendación de la Comisión Interamericana de DD.HH de despoblar las cárceles?

-Claro. Lo que recomendamos es que se tomen distintas medidas alternativas a la prisión. Que van desde la prisión domiciliaria a, en algunos casos, directamente disponer los egresos. Por ejemplo, a las personas que tenían salidas transitorias, que normalmente salen durante el día y vuelven a la noche a dormir al penal, les suspendieron ese beneficio. Entonces recomendamos que esas personas cumplan la cuarentena en sus casas. El comité plantea que el análisis se haga a través de los tribunales, caso por caso, de acuerdo a ciertos parámetros. No como una medida general. Más allá de que sobre algunos grupos de personas sí podría tomarse una medida general como tomó la Casación en la provincia de Buenos Aires, que benefició a las mujeres privadas de la libertad con sus hijos, a mujeres que tienen hijos pequeños en sus hogares, a los que gozaban de salidas transitorias. Incluso se dispuso para todos los que son población de riesgo y estaban detenidos por delitos leves. 

-¿Cuáles son las provincias que tienen su servicio penitenciario colapsado?

-La situación más complicada está en la provincia de Buenos Aires porque es el lugar donde hay mayor cantidad de personas privadas de libertad en el país y se registra el mayor índice de sobrepoblación. Otras jurisdicciones complicadas son Santa Fe; Río Negro, donde también vienen habiendo muchos conflictos; Córdoba. Y otras por sus especificidades como Tucumán, que tiene muchas personas privadas de la libertad en dependencias policiales. Esto, de por sí,  sin pandemia es un problema y en este contexto es más riesgoso aún porque las comisarías no están preparadas para alojamientos prolongados. Falta espacio. 

-En este contexto, ¿qué sucede con los genocidas, que pueden llegar a integrar los grupos de riesgo? Hace unos días, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal otorgó la libertad a un represor condenado a 22 años de prisión y que no tenía comorbilidades. Es la misma sala que tiene la causa ESMA…

-En eso nos hicimos eco de la resolución tanto de la Comisión Interamericana de DD.HH. como de la Oficina del Alto Comisionado para los DD.HH. de Naciones Unidas que indica que las decisiones referidas a la liberta de personas condenadas por violaciones al derecho internacional necesitan un análisis más exigente. En particular, la Oficina del Alto Comisionado dice que solo puede otorgarse de manera excepcional y temporaria. En el Comité Nacional nos remitimos a esas recomendaciones internacionales.

-En términos generales, ¿observan que el Poder Judicial está predispuesto a darle curso a sus recomendaciones?

-Vemos que hubo receptividad a nuestros planteos en algunos tribunales. Por ejemplo, la Cámara Federal de Casación Penal. A nivel provincial hay distintas situaciones. En la provincia de Buenos Aires sacó un fallo la Cámara de Casación. En otras jurisdicciones hay fallos en la misma línea aunque quizás sin tanta envergadura. Hubo fallos buenos en Mendoza y Misiones. Otros más a mitad de camino en Salta. Por ahora el panorama general es equilibrado. Algunos tribunales se han hecho eco y otros no pero significa que no lo vayan a hacer. No salieron resoluciones restrictivas.

-¿Esto se está replicando a nivel mundial?

-Sí, en general hay una tendencia mundial a descongestionar las cárceles. Una de las regiones que está más rezagada en esa tendencia es Sudamérica. Pero hubo libertades masivas en países de Europa, Estados Unidos, países de Asia. 

-¿Cómo sigue la situación de los motines en las cárceles por motivo de la pandemia?

- En Santa Fe ya hubo 5 personas fallecidas. Son las situaciones más extremas. Seguimos con mucha atención y preocupación esas situaciones. Por eso es que promovemos las medidas para descomprimir.

El comité es el órgano rector de un sistema nacional que busca prevenir la tortura en los penales. Ese sistema también se integra con mecanismos locales de prevención en cada a provincia o región. En Buenos Aires, actúa como órgano local la Comisión Provincial por la Memoria, que este viernes denunció “que el Servicio Penitenciario Bonaerense mató a un joven con balas de plomo” en la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela. Consultado al respecto, Iud afirmó: “La información provista por la Comisión Provincial por la Memoria de que el Servicio Penitenciario utilizó balas de plomo es alarmante. El Comité Nacional seguirá de cerca este asunto, apoyando la tarea en la comisión provincial".