Los primeros 100 días, entre deudas y virus

La tradición de los 100 días de gracia para un gobierno no se limita a la Argentina. En rigor, occidente entero suele hacer mención a esta cifra, que según algunos se remonta a 1815, en el lapso en el que Napoleón huyó de la isla de Elba para reconstruir el ejército y retomar el gobierno, mientras que otros sostienen fue en 1933, más precisamente en el transcurso en el que Frankin D. Roosevelt llevó adelantes las 15 leyes del New Deal para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Luego, fue utilizada en casi todas las gestiones del mundo, y motivó reflexiones como la del ex presidente francés Lionel Jospin, quien señaló que "la teoría de los cien días" no lo seducía, ya que "es sensato recordar que un gobierno se juzga en democracia al término de su mandato y no en sus comienzos", o el tuit de Donald Trump, quien señaló que los 100 días eran un "estándar ridículo", aunque previamente se había comprometido a “devolver la prosperidad y la seguridad” justamente durante los primeros 100 días de su gobierno.

Sin embargo, en el caso del gobierno de Alberto Fernández, la teoría de los 100 días, que se cumplirán el próximo 19 de marzo, parece ser menos aplicable que nunca. Por un lado, el cisne negro, un evento totalmente inesperado y fuera de radar, que llegó con el coronavirus, han llevado a que la sociedad realice una evaluación diaria de las medidas que toma un gobierno para las que no podía estar preparado, y por el otro, la pesada mochila de la deuda macrista llevó a que durante ese mismo lapso, el ejecutivo haya limitado gran parte de su ejercicio con el objetivo de concentrarse en una estrategia de negociación con los bonistas, que incluyó tanto variadas negociaciones con bonistas y funcionarios de organismos multilaterales, como acciones concretas de pagos o reperfilamientos, junto a movimientos tendientes a atender a los sectores mas postergados pero limitando el crecimiento del déficit fiscal como muestra de voluntad de pago. El objetivo, siempre, pareció ser el de ganar tiempo de negociación, manteniendo el precario equilibrio de estabilidad económica y social sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas. La finalización de los 100 días, de hecho, había sido el lapso que planteó Fernández para llegar a un acuerdo de reestructuración de la deuda y comenzar con un sólido plan económico, aunque se descuentan que los tiempos se extenderán por la pandemia, llevando a profundizar el grado de estancamiento y prever que el período de lógica paciencia social para un flamante gobierno comience a disminuir.

Sucede que en las condiciones de sobreendeudamiento que dejó al país el gobierno de la alianza Cambiemos, ya resultaba imposible proyectar escenario económico alguno, en la medida de no mediar un complejísimo acuerdo con los acreedores, pues hasta el mismo FMI, corresponsable del megaendeudamiento, admitió que la deuda argentina “no es sostenible” y que el país requería “una contribución apreciable de los acreedores privados". A esto se le suma una pandemia que hace también imposible proyectar el futuro inmediato de la economía global, pero que ya arroja algunos datos como la caída en el precio de las materias primas, principal producto de exportación argentino, y especialmente del petróleo, haciendo inviable uno de los más ambiciosos planes del gobierno, como lo era el desarrollo de Vaca Muerta.

En medio de este escenario, la buena noticia es que la Argentina es hoy dirigida por un gobierno que desde un principió apostó al mercado interno, antes que a subordinar al país a las necesidades económicas de las potencias que dirigen el actual mercado global, y que hoy más que nunca se encuentran privilegiando el bienestar de sus sociedades a costa de lo que suceda en otras latitudes. Por eso, en lugar de la integración a los mercados financieros globales que proponía el macrismo, el gobierno ha privilegiado integrar a la economía a los sectores desplazados por el anterior gobierno, inyectando recursos por encima de los previstos para siete millones de jubilados de la mínima y beneficiarios de la AUH, e interviniendo para controlar los precios de los alimentos, las tarifas, y el transporte.

Todo ello disminuirá el impacto de una crisis que hubiera sido más profunda a nivel local bajo un gobierno neoliberal que reducía las funciones (no el tamaño) del Estado, al punto de disminuir el rango de ministerio a secretaría de Salud. Pero, en medio del presente escenario local y global, el efecto de las medidas económicas tomadas durante estos primeros cien días no podrá ser más que moderado, algo que ya se está reflejando en la indetenible caída del comercio, la industria y la construcción, que ya llevan un año y medio consecutivo de bajas, y que por representar casi la mitad del empleo privado registrado total, produjeron que en enero el mismo descendiera un 2,8 por ciento, y el consumo en supermercados de febrero en un uno por ciento.

Así, por delante del período de gracia, el gobierno deberá enfrentar el nuevo desafío de transitar en un sendero más estrecho, marcado ya no solo por la negociación de la deuda, sino por el control sanitario y económico de los efectos de la pandemia, y la menor tolerancia social.