Organismos de Derechos Humanos insistieron a través de una carta enviada la semana pasada al embajador de Estados Unidos, Noah Mamet, por la desclasificación de archivos del período de la última dictadura militar argentina.
La nota del 11 de marzo pasado fue difundida hoy por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y también llevó las firmas de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
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No obstante a ello, la ex embajadora en Estados Unidos Cecilia Nahón afirmó que la desclasificación de documentos anunciada por Washington es "una contribución valiosa y largamente esperada" pero remarcó que la administración de la ex presidenta Cristina Kirchner realizó "numerosas gestiones" para avanzar en esa medida.
"Esta no es una demanda nueva, si bien hace pocos días el gobierno del presidente Mauricio Macri expresó su interés en dicha desclasificación. Se trata, en realidad, de una petición histórica de los organismos de derechos humanos de nuestro país en el marco de su incansable lucha a nivel nacional e internacional por memoria, verdad y justicia durante ya casi cuatro décadas", afirmó Nahón en una nota de opinión publicada en Página 12.
En la carta dirigida a Mamet, los organismos pidieron "la cooperación del gobierno de los Estados Unidos de América con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar, a través de dos asuntos de crucial importancia: la desclasificación de archivos en poder de la administración pública de su gobierno".
Se indicó que el pedido, al que ayer Estados Unidos confirmó que accedió, apunta a "conocer el destino y la verdad sobre lo ocurrido a nuestros desaparecidos; y la realización de medidas destinadas a localizar a los hombres y mujeres que posiblemente sean algunos de los nietos que las Abuelas de Plaza de Mayo vienen buscando desde hace 40 años".
Además, se indicó que "sobre la apropiación de niños en particular se destaca un memorándum de 1982, en el que se relataba una conversación entre el funcionario del Departamento de Estado Elliott Abrams y el entonces Embajador argentino en Washington donde trataron este asunto".
Asimismo, resaltaron que "muy pocos de estos documentos desclasificados contienen informes específicos sobre las unidades y centros clandestinos de detención de la última dictadura argentina, que probablemente existen en los archivos del Departamento de Estado y en otras agencias de su administración".
Por otro lado, señalaron que "en lo referido a la búsqueda de los niños apropiados durante el terrorismo de Estado, solicitamos su intervención a fin de conseguir la cooperación del gobierno y el Poder Judicial de Estados Unidos para realizar medidas de investigación en ese país".
Revelaron que "actualmente residen allí algunas personas que, según investigaciones de Abuelas de Plaza de Mayo y de la Justicia argentina, pueden ser algunos de aquellos niños apropiados".
Sobre esos casos, afirmaron que las personas "se han negado a someterse a los análisis de ADN necesarios para determinar su identidad".