Los jueces de una corte de apelaciones se mostraron escépticos el jueves en el caso de fraude civil presentado por el estado de Nueva York contra Donald Trump, después de que el expresidente les pidió que anularan una sentencia de casi 500 millones de dólares por prácticas empresariales inmobiliarias que un juez declaró fraudulentas.
El juez Arthur Engoron ordenó en febrero a Trump, candidato republicano a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados unidos, pagar 454,2 millones de dólares en multas e intereses por inflar su patrimonio para embaucar a prestamistas y aseguradoras para que le dieran mejores condiciones. La demanda civil fue presentada por la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James.
Los miembros del panel de cinco jueces de la División de Apelaciones -el tribunal estatal de apelaciones de nivel medio que escucha los argumentos en la apelación de Trump- parecieron preocupados por una posible extralimitación de James.
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Preguntaron qué limitaciones se aplicaban a la ley que James citó para presentar el caso, una norma que se utiliza normalmente para perseguir a los estafadores que atacan a consumidores vulnerables.
"¿Cómo trazamos una línea o ponemos al menos una barandilla?", preguntó el juez Peter Moulton.
La procuradora general adjunta Judith Vale, que defendía al Estado, dijo que la ley -conocida como Ley Ejecutiva 63(12)- tiene como objetivo general detener el fraude y la ilegalidad, y es por tanto apropiada en el caso de Trump.
El juez David Friedman presionó a Vale sobre si hay algún precedente para que el fiscal general demande sobre transacciones que involucraban a partes sofisticadas en las que ninguna "perdió dinero". "Todos los casos que usted cita implican daños a los consumidores, daños al mercado (...) No tenemos nada de eso aquí", afirmó.
(Editado en español por Carlos Serrano)
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