El presidente de Colombia, Gustavo Petro, prometió en campaña adquirir tres millones de hectáreas de tierra para resarcir a las víctimas de seis décadas de conflicto interno armado, principalmente campesinos pobres desplazados por la violencia.
Pero rápidamente el primer mandatario de izquierda del país redujo a la mitad esa meta, que según el Gobierno costaría 13.800 millones de dólares, ante limitaciones presupuestales, la presencia de exparamilitares, narcotraficantes y guerrilleros en los territorios, la burocracia y el denso trámite para recuperar terrenos y comprar predios a ganaderos.
El Gobierno ha comprado unas 400.000 hectáreas en sus primeros dos años por 600 millones de dólares, mucho más que las 18.159 hectáreas adquiridas en el periodo del expresidente Iván Duque, reveló a Reuters el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman.
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Si bien el esfuerzo de Petro supera a sus predecesores, está lejos de satisfacer a las víctimas y cumplir el primer punto del acuerdo de paz del 2016 con la antigua guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El pacto establece formalizar la propiedad de 7 millones de hectáreas a campesinos y comprar 3 millones de hectáreas al 2031 para reparar los damnificados del conflicto, que surgió por la tenencia de tierras.
"En dos años llevamos 1.300.000 hectáreas formalizadas y esperamos culminar este año con entre 300.000 y 500.000 hectáreas más", dijo Harman. "Ahora nos estamos concentrando en bienes baldíos también, que son unas tierras gratuitas que son recuperación de bienes del Estado".
Al inventario se suman tierras expropiadas a narcotraficantes y otras entregadas por exparamilitares de ultraderecha desmovilizados en 2006 y por las FARC, pero muchas permanecen ocupadas por sus testaferros e incluso por antiguos políticos que las aprovechan ilegalmente.
En octubre miles de campesinos se congregaron dentro y fuera del coliseo deportivo de Montería, en el norte del país, en un acto de entrega de 8.430 hectáreas despojadas a sangre y fuego por exparamilitares, grupos financiados por terratenientes, ganaderos y narcotraficantes que surgieron en la década de 1980 para combatir a la guerrilla ante la ausencia del Estado.
"Hoy se va a materializar esa esperanza de tantos años de tener este pedacito de tierra para trabajar", dijo Dalel Bitar, líder de una asociación de campesinos fundada en 1980 en el municipio de Buenavista, a unos 77 kilómetros de Montería, la mayoría desplazados violentamente.
"Ha sido una justicia a tantas injusticias", señaló tras admitir que un mes atrás había perdido la esperanza.
Pero no todos celebraron.
"Todavía nos tienen en el limbo, entonces no hay solución, van, visitan y hacen una cosa y mañana hacen otra, después nos vuelven a llamar y me parece una falta de respeto", dijo ofuscado José Martínez, un líder social de 63 años que buscaba ingresar al recinto para exponer su caso a las autoridades.
"Hemos luchado 18 años y todavía es el momento que el Gobierno colombiano, la Agencia Nacional de Tierras, no nos ha resuelto el problema", denunció Martínez, desplazado en el 2006 con cientos de personas por los paramilitares y quien regresó a su pueblo, Ayapel, ante las promesas de indemnización.
Durante el evento, Petro, un antiguo guerrillero, anunció que nombrará gestores de paz a exjefes paramilitares que se desmovilizaron para que ayuden a identificar miles de hectáreas que no han sido recuperadas.
"Sin paz, no hay reparación posible, no hay posibilidad de entregar tierras sin la seguridad de que no volverán a ser despojadas", dijo en el evento el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, quien cumplió 15 años de cárcel en Estados Unidos.
CONFLICTO SIGUE
La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, dijo que se destinarán unos 1.150 millones de dólares para indemnizar unas 600.000 personas durante los cuatro años del Gobierno, que termina en 2026, más que las 401.000 personas que reparó la anterior administración.
La entidad reconoce 9,75 millones de víctimas del conflicto armado, una quinta parte de la población de Colombia. Un 80% son personas desplazadas de manera forzada de sus territorios, mientras otras fueron asesinadas o desaparecidas.
"Es un universo gigante y quisiéramos que no siguiera creciendo, pero eso depende de que tampoco tengamos conflicto armado", opinó Solano. "El conflicto es una máquina aceitada que produce víctimas", afirmó tras estimar en unos 80.665 millones de dólares el costo de reparación de todos los damnificados.
A menudo funcionarios de la Unidad de Víctimas y de la Agencia de Tierras toman posesión de predios en medio de operativos acompañados por fiscales, soldados y policías fuertemente armados con el apoyo de helicópteros.
Mireille Girard, Representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, destacó que durante 2022 se registraron casi 300.000 nuevos desplazados y en 2023 se reportaron otros 280.000, una cifra que supera a las personas que son reparadas.
"No tenemos que reinventar la rueda y empezar de la nada, se tiene que impulsar más este esfuerzo con apoyo internacional también porque el reto es muy grande, y obviamente avanzar hacia la paz para que no haya nuevos desplazamientos", dijo a Reuters.
"Colombia puede dar lecciones al mundo, puede dar buenas prácticas y también unirse con otros países del mundo con donantes a nivel internacional para avanzar más sobre el tema de soluciones", agregó Girard.
Experiencias internacionales muestran que la redistribución de tierras es compleja.
En Sudáfrica, tras varios aplazamientos, el partido Congreso Nacional Africano (CAN), que gobierna desde 1994, avanza en el plan de comprar y transferir el 30% de tierras agrícolas de propietarios blancos a propietarios negros.
Académicos estiman que alrededor del 20% de las tierras que poseían agricultores blancos en 1994 pasaron a manos de negros a través de programas gubernamentales y compras privadas. Las opiniones varían sobre si es un progreso significativo o no, y la reforma agraria sigue siendo un grito de guerra para algunos partidos políticos que reclaman celeridad.
En Brasil, la reforma agraria ha tenido varias etapas desde que inició en la década de 1970 con la dictadura militar que envió gente a poblar la Amazonía y posteriormente, en la Constitución de 1988 se incluyó como parte del derecho del pueblo. De 1993 al 2018 el país utilizó 89,5 millones de hectáreas, asentando unos 1,4 millones de familias.
En México, en el recientemente finalizado Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se restituyeron tierras a pueblos indígenas y a campesinos por un total de 100.000 hectáreas, dentro de una figura especial denominada "ejido", en la que las mayores extensiones de tierra son de propiedad comunal y no privada, según el procurador agrario, Víctor Suárez.
El balance en Colombia amenaza con perpetuar el conflicto armado interno, que ya ha dejado casi medio millón de muertos, la mayoría civiles, coincidieron expertos y autoridades, lo que echaría al traste otra propuesta de Petro, lograr la paz con todos los grupos armados ilegales.
Solano comentó que según estudios muchas de las víctimas del conflicto armado cayeron en pobreza extrema, haciéndolos presa fácil para ser reclutados por grupos al margen de la ley y bandas criminales.
"Estamos en un círculo vicioso en el que se pueden detonar nuevos focos de violencia y el riesgo principal es mantenernos en guerra", dijo la analista política y de temas de tierra y medio ambiente Carolina Montes.
"Si no se toman medidas inmediatas y efectivas los sueños del acceso a la tierra y desarrollo rural para millones de colombianos seguirán siendo una promesa vacía o un escrito en el papel", advirtió el contralor general, Carlos Rodríguez, en un foro.
La directora de víctimas alertó la necesidad de acelerar los procesos de extinción de dominio en la mayoría de las propiedades de narcotraficantes y exparamilitares, y simplificar leyes y trámites.
Con información de Reuters
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