Francia y Canadá se sumaron a la lista de países que dejan a las empresas con domicilio en guaridas fiscales afuera de sus programas de salvataje económico en el marco de la crisis causada por la pandemia de coronavirus. Los norteamericanos fueron hasta el momento los últimos en anunciar medidas en ese sentido, una tendencia que habían comenzado Polonia y Dinamarca a comienzos de este mes y que despertó fuertes debates al interior de la Unión Europea. Francia también restringirá la ayuda a las empresas que participen de maniobras de evasión, mientras que, según diversos reportes en la prensa internacional, Bélgica, Suecia, Austria e Italia podrían anunciar una decisión similar en los próximos días.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau informó ayer, en una sesión virtual de la cámara de los comunes del parlamento de ese país, que su gobierno no permitirá que los fondos destinados a rescatar empresas perjudicadas por la pandemia se vuelque a firmas registradas offshore en guaridas fiscales. “Vamos a asegurarnos de que aquellos que necesiten ayuda la reciban, pero los que evaden o eluden impuestos no recibirán un rescate”, señaló Trudeau, quien hasta la semana pasada se resistía a tomar una medida de este tenor, que fue impuesta por el bloque quebequés y el Nuevo Partido Democrático, socios minoritarios de la coalición de gobierno.
Unos días antes, a fines de la semana pasada, fue el gobierno francés el que anunció una cláusula anti-lavado en su plan de salvataje empresario. Según el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, alcanza a todas las empresas con domicilio o subsidiarias en guaridas fiscales. Además, imitando el ejemplo danés, impide que las firmas que se beneficien con ayuda estatal tomen ganancias este año y el que viene. “Hay reglas que deben cumplirse. Si fuiste beneficiado por las arcas del Estado, no podés pagar dividendos ni recomprar acciones. Y si tu oficina central está ubicada en un paraíso fiscal, es obvio que no podés beneficiarte del apoyo público”, sostuvo el funcionario.
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El viernes pasado, la Comisión Europea, que es el órgano regional encargado de armar la lista de países que funcionan como refugio para la evasión impositiva, confirmó que esas restricciones son legales. “Depende de los estados miembro decidir si es su deseo garantizar ayuda estatal y diseñar medidas en línea con las normas de la Unión Europea y sus objetivos, tales como prevenir el fraude y la evasión fiscal”, dice un comunicado oficial, que aclara que los países también “pueden utilizar criterios adicionales, como la exclusión de compañías que operan en sectores específicos, están basadas en paraísos fiscales o mantienen una deuda impositiva de largo plazo con las autoridades”.
Otros países podrían adoptar normas similares. El ministro de Finanzas belga, Alexander De Croo, también le anticipó al parlamento local, la semana pasada, que tiene en consideración una ley similar a la aplicada por Dinamarca. “No siempre es sencillo”, admitió De Croo. Por su parte, Luigi Di Maio, ministro de Relaciones Exteriores de Italia, aseguró que el problema de la evasión corporativa “debe ser necesariamente discutido” porque “en Europa no se puede seguir adelante con esta doble moral”. Un reporte reciente de la agencia económica Bloomberg agregó a Austria y Suecia en la lista de países que proponen una legislación similar. La idea, por ahora, no llegó a América Latina.
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