Activistas a favor los derechos humanos en Uganda pidieron sanciones internacionales contra las autoridades de ese país, un día después de que el presidente Yoweri Museveni promulgara una ley "anti homosexualidad" que sanciona incluso con la pena capital las relaciones entre personas del mismo sexo, y que fue descripta como una de las más represivas del mundo.
"Este es un momento clave para que las partes interesadas, como Estados Unidos y la Unión Europea, avancen e impongan de sanciones contra los ugandeses implicados en abusos contra los derechos humanos", dijo una coalición de organizaciones locales en un comunicado publicado anoche.
Esta ley "peligrosa y discriminatoria" criminaliza "cualquier defensa de los derechos de los ugandeses" miembros de la comunidad LGBTIQ+ y castiga este trabajo legítimo con penas de hasta 20 años de prisión, advirtieron los activistas, informó la agencia de noticias AFP.
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Ayer, el mandatario ugandés desafió las advertencias de la comunidad internacional y las críticas, especialmente de Estados Unidos, y aprobó la controvertida norma.
La agrupación de organizaciones interpuso un recurso ante la Corte Constitucional de Uganda, tras el anuncio de la promulgación.
La norma se aprobó el 21 de marzo en el Parlamento y fue defendida por los legisladores con el pretexto de que estas medidas protegen la cultura nacional y sus valores.
Ayer, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, calificó el texto como "discriminatorio" y expresó su "consternación" por la promulgación de esta legislación "draconiana".
Según Türk, la ley se opone "a la Constitución y los tratados internacionales" y abre vías para que haya "violaciones sistemáticas de los derechos de las personas LGBTIQ+".
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó la norma como una "trágica violación" a los derechos humanos y exigió su derogación.
Biden también pidió que se evalúe lo que la normativa implica para "los compromisos de Estados Unidos con Uganda", incluyendo inversiones y ayudas.
El mandatario agregó que su gobierno estudia la posibilidad de imponer sanciones a Uganda y de restringir la entrada a Estados Unidos de personas implicadas en abusos contra los derechos humanos o en corrupción en el país africano.
En la misma línea, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó que el gobierno de Uganda está obligado a proteger los derechos de todos sus ciudadanos y que "no hacerlo socava las relaciones con sus socios internacionales".
La homosexualidad está penalizada en el país del este africano como un "crimen en contra del orden de la naturaleza", desde las leyes que rigieron durante la colonización, pero desde la independencia en 1962 nunca ha habido una condena por actos sexuales consentidos entre personas del mismo género.
La norma cuenta con un amplio apoyo de la opinión pública en Uganda, un país mayoritariamente cristiano, donde las personas son muy religiosas y la comunidad LGBTIQ+ sufre enorme discriminación.
En África, la homosexualidad es un delito en más de 30 de los 54 países del continente.
Con información de Télam
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