Una sentencia anunciada. Así fue la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que certificó los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que le dan la victoria a Nicolás Maduro. Cuestionada por la falta de imparcialidad, la justicia venezolana suma así un capítulo más de un proceso electoral empantanado por la falta de las actas oficiales que demuestren la supuesta victoria del oficialismo. Desde la oposición, continúan con la denuncia de fraude y en la región los mandatarios endurecen sus discursos hacia el gobierno chavista.
Sentencia cuestionada
"Estas actas mantienen plena coincidencia con las bases de datos de los centros nacionales de totalización. Se declara con lugar el presente recurso contencioso electoral tras el peritaje realizado de manera inequívoca y fundamentado en el informe elaborado por los expertos", afirmó la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz Rodríguez, sobre la sentencia. A su vez, quien también es titular de la Sala Electoral aseguró que se evidenció un “ataque cibernético masivo contra el sistema electoral”. Sin embargo, las actas aún no se conocen y tampoco hay ninguna prueba del supuesto hackeo.
Es válido recordar que tras la votación del 28 de julio, el titular del CNE, Elvis Amoroso, afirmó, que Maduro ganó las elecciones y argumentó que habían sufrido una hackeo desde Macedonia del Norte. Dos días después y en medio del pedido para conocer las actas que respalden los números oficiales, el gobierno se presentó ante el Tribunal y pidió que se investigue en base a la documentación que habrían presentado a la justicia. Mientras tanto, la oposición de Edmundo González Urrutia no se presentó por considerar que era un escalón más de un fraude, ya que mostró sus propias papeletas en una página web, donde le da la victoria al opositor.
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Además, la mandataria judicial solicitó al Ministerio Público que abra una investigación penal por delitos de “usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”. A través de esta investigación se teme que sean acusados los miembros de la oposición que continúen con la denuncia de fraude o que pidan conocer las actas del CNE. También hablaron de posibles inhabilitaciones políticas para próximas elecciones.
Desde la Misión de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas sostuvieron que tanto el Tribunal Supremo de Justicia como el Consejo Nacional están faltos de “independencia e imparcialidad”. “El gobierno ejerce una injerencia indebida sobre las decisiones del TSJ a través de mensajes directos a magistrados”, afirmó la titular de la Misión, Marta Valiñas, y recordaron que en el 2022 se modificaron las postulaciones judiciales y que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, eligió a los magistrados. Por lo cual, carecería de imparcialidad.
En el documento de la Misión publicada en las redes, recuerdan no solo que la presidenta del Tribunal perteneció al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que gobierna, sino también que el presidente del Consejo Nacional Electoral fue diputado oficialista y suma también como falta de imparcialidad a la Controlaría General que fue quien inhabilitó a candidatos como María Corina Machado, que era quien había ganado la primaria de la oposición y que el gobierno le reprocha haber estado a favor de las sanciones estadounidenses, incluso de una posible injerencia militar.
“Este procedimiento es un procedimiento atípico. El presidente Maduro se adelantó a una interposición de un recurso de la oposición que impidiera su proclamación, fue el primero en acudir a la jurisdicción contenciosa y pidió que se verifiquen las actas a través de un peritaje con las máquinas para convalidar o no los resultados que declaró el CNE, donde mediaba una denuncia del CNE de un ataque cibernético. Es una situación atípica e inédita y donde cualquier duda es posible”, explica a El Destape, la catedrática de la Universidad Central de Venezuela y consultora política electoral, Eglee González Lobato.
Sobre la composición del Tribunal, la académica sostiene: “Antes era como el CNE, donde algunos magistrados eran del gobierno y otros de la oposición, pero las últimas designaciones fueron muy políticas, no fue producto de una negociación sino de una decisión unilateral del gobierno”. En el 2022, se cambió la forma de selección de los magistrados que quedó a cargo de una Asamblea con mayoría oficialista. A su vez, González Lobato afirma: “La Sala Electoral tiene una trayectoria importante, no se puede caer como lo hace la mayoría de la oposición, la más radical, que descarta cualquier procedimiento porque la titular estuvo vinculada con el PSUV. Hay otros magistrados que han estado vinculados con la oposición, lo más importante es que se necesitan acuerdos políticos, que pudieran llegar a acuerdos”.
¿Y ahora?
Cómo sigue todo después de la decisión de la justicia, es la gran pregunta. Por un lado, desde la oposición, el propio Edmundo González Urrutia, sostuvo a través de las redes que “ninguna sentencia detendrá la verdad, ni está por encima de la soberanía popular”. El accionar de la dirigencia opositora será relevante como también la postura de los gobiernos regionales, sin embargo, nada de estos actores pareciera modificar la postura del gobierno mientras mantenga a sus funcionarios unidos, continúe con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de gobiernos extranjeros como Rusia, China o la República Islámica de Irán.
“Con lo que pasó en el 2019 (reconocimiento de Juan Guaidó), con cierta torpeza de la oposición y la comunidad internacional, el gobierno siente que ya quemaron todos sus cartuchos y creen que lo peor que le podría haber pasado ya pasó. El gobierno ahora trata de preservar su cohesión interna, dentro del chavismo con las Fuerzas Armadas, sin moverse un milímetro. Esto es como un juego de naipes donde la brisa más leve podría deshacer esta cohesión, que no es una cohesión ideológica, es fundamentalmente una cohesión cuyo consenso es mantenerse en el poder”, asegura a El Destape, Andrés Antillano, académico de la Universidad Central de Venezuela, con estudios de posgrado en Criminología Crítica y Justicia Penal en la Universidad de Barcelona, y vocero de La Otra Campaña, organización de sectores de izquierda.
Antillano agrega además que el gobierno lleva adelante medidas para reprimir posibles protestas, que van desde las operaciones Tun Tun, detenciones puerta a puerta a generar temor incluso con números inflados sobre los detenidos para persuadir movilizaciones. “Temo que la represión selectiva pueda ampliarse a sectores sociales, de izquierda, progresistas porque algo que teme el gobierno es la amenaza de quiebre interno, y luego de haber enfrentado a los ‘terroristas’ que es la narrativa que usan, que son muchachos de 15 años que usan TikTok o septuagenarios del partido de la oposición hegemónica, ahora quizás puedan ir por quienes consideran traidores, quienes han planteado críticas. Dentro del madurismo dudar es traición, cualquiera que plantee la más mínima sospecha sobre la narrativa oficial es candidato a represalias”.
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Otro aspecto tiene que ver con la posición que tomen los gobiernos de la región. Sin dudas la mirada sigue puesta en administraciones como Lula da Silva en Brasil o Gustavo Petro en Colombia, que todavía no se han pronunciado desde que se conoció el fallo del Tribunal. Sí lo han hecho el uruguayo Luis Lacalle Pou y entre los más duros, estuvo Gabriel Boric de Chile, quien en la red social X firmó: “No hay duda de que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra”. Desde el Departamento de Estados de Estados Unidos afirmaron que el fallo “carece totalmente de credibilidad, dada la abrumadora evidencia de que González recibió la mayoría de los votos el 28 de julio”.
Para el académico Antillano, la jugada de gobiernos como el de Brasil o Colombia representan una apuesta arriesgada pero “interesante” el hecho de que abran una posibilidad de negociación. “Sería muy poco inteligente jugar de nuevo al aislamiento. Desde la izquierda y gobiernos progresistas tienen que tener un compromiso fuerte con la democracia, como se ha hecho cuando desde Estados Unidos y sectores de la derecha han intentado descarrilar el tren institucional y democrático no hacerlo y quedarse callado ahora sería inconsistente”, explica además que para los gobiernos de la región Venezuela es parte de la agenda doméstica también por la cantidad de migrantes que recibió y podría recibir si se produce otra ola migratoria.
Pese a que el juego electoral fue el pasado 28 de julio, la cancha en Venezuela parece cada vez más embarrada. Todo indica que el país se sumerge nuevamente en una crisis política, lo económico dependerá también de qué tan grande sea la magnitud de la presión de los gobiernos que le exigen que transparente la elección con la presentación de la actas. Mientras tanto, el gobierno apuesta todo a mantener a los suyos unidos bajo el mismo discurso porque, como decía Antillano, la narrativa no oficial del gobierno que quizás mantenga a varios atemorizados es el lema “dudar es traición”. Difícilmente, por temor o intereses personales, se animen a cuestionar y ser considerados traidores.
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