El gobierno de Venezuela no continuará el diálogo con la oposición en México si no se le devuelven al país más de 3.000 millones de dólares retenidos por las sanciones en su contra, advirtió el titular de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) y jefe de la delegación gubernamental, Jorge Rodríguez.
"Si no se cumple con la devolución al pueblo de Venezuela de los 3.200 millones de dólares que le habían robado, que le habían secuestrado y que habíamos acordado que se le devolvieran, pues no hay ninguna razón para continuar un diálogo con gente sin palabra", señaló el funcionario durante una sesión del Legislativo. Ese monto de dinero es parte de lo pautado por las partes para ser utilizado a través de un fideicomiso que se manejaría a través de las Naciones Unidas. Este lunes, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a la agencia española EFE que seguirán "presionando al régimen" con medidas sobre sus activos financieros.
En la última reunión en México, a fines de 2022, las partes acordaron la liberación de esa cantidad, parte de los fondos bloqueados por las sanciones internacionales contra Maduro, que serán manejados por la ONU para financiar proyectos sociales. "Esperamos ese depósito para seguir las conversaciones, para que tengan validez", había dicho la semana pasada el presidente Nicolás Maduro, en su mensaje anual ante el parlamento.
Por el momento, no hubo noticias sobre el movimiento de ese dinero y la Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC) de Estados Unidos no respondió una consulta de la agencia AFP al respecto. La advertencia de Rodríguez se produjo días después de la eliminación del simbólico "gobierno interino" que encabezó el dirigente Juan Guaidó desde 2019, en medio de profundas fracturas dentro de la oposición.
A propósito de esa decisión, Leopoldo López, del sector más radicalizado de la oposición y líder del partido de Guaidó, acusó a delegados en las negociaciones en México de jugar a favor de los intereses del Gobierno chavista.
Los diálogos en México se reanudaron en noviembre de 2022 después de un corte de 15 meses a partir de la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, acusado de lavado y señalado de ser el testaferro de Maduro. En ese contexto, el chavismo exigió el cese de las sanciones financieras impuestas con mayor rigor por Estados Unidos, que no reconoce la reelección de Maduro en 2018.
La oposición, en tanto, reclamó un cronograma para las elecciones presidenciales previstas en 2024, con garantías y el levantamiento de las inhabilitaciones a posibles candidatos.
El Ejecutivo de Maduro renovó, además, sus críticas a Estados Unidos por insistir en su "fracasada política" de aplicación de medidas unilaterales contra Venezuela.
El canciller, Yván Gil, evaluó en Twitter que la permanencia de esa "agresión" coloca a la gestión estadounidense "al margen del Derecho Internacional". Sobre esto, sumó: "Venezuela rechaza las declaraciones del Departamento de Estado reiterando la continuidad de su fracasada política de agresión mediante medidas coercitivas unilaterales: un crimen de lesa humanidad que los coloca al margen del Derecho Internacional".
El ministro ironizó con que podría pensarse que "luego de los recurrentes fracasos de los EEUU en su fantasía de derrocar al presidente Maduro, la arrogancia e inmoralidad serían cosas del pasado" y manifestó que "lo único intacto hoy es la voluntad del pueblo por superar las pretensiones de la vileza imperialista".
Fue en respuesta a un vocero del Departamento de Estado de EEUU que aseguró que su Gobierno mantendrá "intacta" su política de sanciones, lo que haría inviable la continuidad del diálogo con la oposición.
Con información de Télam
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