(Agrega pedidos de prisión para el resto de los imputados) La Fiscalía del Vaticano pidió hoy siete años y 3 meses de prisión para el cardenal Angelo Becciu, ex "número tres" de la Santa Sede, acusado junto a otras nueve personas de malversación de fondos, en un inédito juicio a un purpurado en el que habrá sentencia antes de Navidad.
El fiscal Alessandro Diddi pidió además la confiscación de 14 millones de euros luego de repasar los hechos por los que desde 2020 investiga al italiano Becciu por "peculado y abuso de poder", que incluyen irregularidades en la compraventa de un edificio en Londres por 200 millones de dólares.
Según Diddi, el cardenal Becciu, de 75 años, es el principal responsable de la compra del edificio de lujo en la plaza londinense de Sloane Square con fondos del Vaticano, en un negocio que se descubrió fraudulento y supuso una pérdida para la Santa Sede de entre 139 y 189 millones de euros.
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Tras el pedido de Diddi, será el tiempo de los alegatos de las defensas primero y la sentencia final luego, esperada hacia diciembre.
En las cinco audiencias que dedicó a la reconstrucción de los hechos, Diddi definió a Becciu como el "verdadero instigador" de varias operaciones fraudulentas y añadió que el purpurado, que se consideraba posible Papa en un futuro, "ordenó manipular las cuentas de la Secretaría de Estado para ocultarlas de los controles".
Uno de los testimonios más fuertes contra Becciu llegó de parte de su sucesor, el venezolano Edgar Peña Parra, para quien en la Secretaría de Estado hubo "clientelismo" y "deficiencias en la gestión de las finanzas" con un manejo opaco e irregular del cardenal italiano y su responsable administrativo, el sacerdote Alberto Perlasca.
Becciu, que se declara inocente y víctima de una persecución, fue interrogado por primera vez, en un hecho inédito para la Justicia vaticana, el 17 de marzo de 2022. Su juicio comenzó en 2021.
Entonces, fue preguntado exclusivamente sobre una línea de la investigación, que busca esclarecer si fondos del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco vaticano, y de la Conferencia Episcopal italiana acabaron en manos de entidades y personas relacionadas con el cardenal enjuiciado.
Al elevar la investigación a juicio, dentro de las 73 páginas dedicadas a analizar la labor del purpurado, la Fiscalía vaticana consideró que "también surgieron elementos contra el cardenal Giovanni Angelo Becciu, contra quien procedemos, como exige la ley, por los delitos de malversación y abuso de funciones también en concurso, así como soborno".
Según el acta de envío a juicio, la investigación mostró "una red de relaciones con los operadores del mercado financiero que generó pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano, habiendo recurrido también a recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre", dentro de un megaesquema de fraudes.
Entre los acusados, imputados además de peculado y abuso de poder por delitos como extorsión y fraude, está también el operador financiero Gianluigi Torzi, sindicado de haberse quedado con una comisión de 15 millones de euros por la compra-venta del palacio de Sloane Avenue de Londres.
También está entre los acusados quien, según la ley, debía controlar las operaciones desde dentro del Vaticano: el ex presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede (AIF), René Brülhart, además de su mano derecha, Tommaso di Ruzza.
En 2020, cuando se hizo pública la investigación, Becciu fue removido de su cargo de prefecto de Congregación de las Causas de los Santos y fue despojado de sus derechos como cardenal por el papa Francisco.
Para Tozzi, Diddi pidió 9 años y y seis meses, mientras que para Brülhart reclamó 3 años y ocho meses,
Exsustituto de la Secretaría de Estado y considerado el "número 3" del Vaticano entre 2011 y 2018, Becciu perdió tras su remoción la posibilidad de participar en un eventual cónclave, y por ende de ser Papa a causa de la investigación.
En una primera etapa de las investigaciones habían sido allanadas oficinas de la secretaría de Estado por primera vez en la historia, donde la Justicia vaticana incluso secuestró documentos.
Durante el juicio, en el que emergieron situaciones de alto impacto mediático como el rol de una supuesta espía italiana en una diplomacia paralela de la Santa Sede, quedó en evidencia también que en 2021 Becciu grabó y divulgó una conversación telefónica con el Papa.
Otra de las líneas investigadas tuvo en el centro al pago hecho por el Vaticano a través de una red manejada por Becciu a la sociedad británica Inkerman, una empresa que medió para la liberación de una religiosa en África.
Para los otros imputados, Diddi pidió 5 años y 4 meses para monseñor Mauro Carlino por extorsión y abuso de poder; 10 años y 9 meses para el intermediario Enrico Crasso por corrupción y fraude; y 4 años y 3 meses para di Ruzza.
Además, la Justicia solicitó 4 años y 8 meses de reclusión para la supuesta espía Cecilia Marogna; 11 años y 5 meses para Raffaele Mincione; 13 años y 3 meses para Fabrizio Tirabassi y 6 años para Nicola Squillace.
Con información de Télam
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