La Unión Europea (UE) y Estados Unidos cuestionaron una ley de Polonia que crea una comisión con poderes para bloquear el acceso de personas a cargos públicos en nombre de combatir la "influencia rusa", y que se teme sea usada contra opositores al Gobierno.
La norma fue aprobada la semana pasada por el Parlamento en medio de tensiones con Rusia por la guerra en Ucrania, de la cual Polonia es aliada, y el presidente polaco, Andrzej Duda, rechazó llamados de la oposición y juristas a vetarla por "anticonstitucional" y autoritaria.
Duda, del partido ultraconservador y católico Ley y Justicia (PiS), la formación del primer ministro Mateusz Morawiecki, dijo ayer que firmará el proyecto de ley, a pesar de las críticas que concita.
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En Bruselas, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, dijo que existía una "especial preocupación" ante esa ley, informó la agencia de noticias AFP.
"Sentimos una especial preocupación por la adopción de una nueva ley en Polonia, a raíz de una comisión especial que permitirá privar a ciudadanos de su derecho de ser titulares de una función electiva", dijo Reynders al llegar a una reunión de ministros de Asuntos Europeos.
La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, "no dudará en tomar iniciativas si la ley entra en vigor y plantea este tipo de problemas", por los temores de que pueda ser usada contra jueces independientes o no alineados con el Gobierno de derecha polaco, dijo Reynders.
Anoche, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una nota para expresar su preocupación por la controvertida normativa, que "puede ser utilizada par interferir en elecciones libres y justas", dijo su portavoz, Matthew Miller.
En especial, acotó la nota, la ley, y en particular la comisión que ella crea, podría ser "usado para bloquear candidaturas de políticos de la oposición sin que haya un debido proceso".
La polémica comisión estará formada por nueve miembros designados por la Cámara baja del Parlamento, y podrá decidir si las personas que investiga sucumbieron a la influencia rusa entre 2007 y 2022, e impondrá penas severas sin intervención de la justicia.
El grupo, que responderá directamente ante el Gobierno, tendrá la potestad de investigar e imponer un castigo de 10 años de inhabilitación para ejercer cargos que permitan tener acceso a fondos públicos y a información clasificada.
También tiene competencias para retirarle a la persona investigada la licencia de armas e imponer multas, y para revertir decisiones administrativas y empresariales.
El grupo deberá presentar un informe antes del 17 de septiembre, apenas unas semanas antes de las elecciones, previstas para octubre o noviembre.
Con información de Télam
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