El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado que cuestiona los procesos judiciales que llevó adelante el juez Sergio Moro para condenar al expresidente brasileño Lula Da Silva. De acuerdo con esta comisión, se violaron las libertades de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, así como su privacidad y sus derechos políticos, recuperados recientemente después de que las sentencias fueran anuladas. El líder del Partido de los Trabajadores estuvo preso durante 580 días en el penal de Curitiba y fue liberado en noviembre de 2019.
Lula, quien se ubica como favorito para las elecciones de octubre de este año, fue investigado en 2016 dentro de la macrocausa Lava Jato, que destapó una trama de corrupción dentro del seno de la estatal Petrobras y varias constructoras privadas, entre ellas Odebrecht. Durante la investigación, Moro -quien luego se convirtió en ministro de Jair Bolsonaro- aprobó una solicitud del fiscal para intervenir los teléfonos de Lula, así como los de su familia y su abogado, y después filtró el contenido a la prensa, a la que informó también de una orden de detención contra él para interrogarlo antes de avisar al propio expresidente.
"La conducta y otros actos públicos del entonces juez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial, y las acciones y declaraciones del ex juez Moro y de los procuradores violaron el derecho de Lula a la presunción de inocencia", resaltó el informe publicado por el comité. Del mismo modo, instó a Brasil a garantizar que cualquier otro proceso penal contra el exmandatario cumpla con las debidas garantías procesales y que no permita violaciones similares en el futuro.
Puntualmente, el Comité explicó que la orden de arresto de Moro violó la ley interna y el derecho a la libertad personal de Lula y que las escuchas telefónicas y la divulgación de sus conversaciones al público violaron su derecho a la privacidad. Para los expertos, además la conducta y otros actos públicos del exjuez Moro violaron el derecho de Lula a ser juzgado por un tribunal imparcial y sus actuaciones y declaraciones públicas, al igual que las de los fiscales, violaron el derecho del exmandatario a la presunción de inocencia.
MÁS INFO
En este punto, el comité se refirió al efecto directo que tuvo el proceso judicial en las posibilidades electorales del exmandatario. Esto, porque en abril de 2018, Lula empezó a cumplir la condena de prisión cuando aún había recursos pendientes, y pocos meses después el Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló su candidatura a las elecciones presidenciales de octubre de ese año, para las que partía como favorito, y en las que se impuso Bolsonaro. El Comité consideró que estas violaciones de procedimiento hicieron que la prohibición de Lula de postularse para la presidencia fuera arbitraria y, por lo tanto, transgrediera sus derechos políticos, incluido el de postularse a un cargo.
Lula anunció la semana pasada que el 7 de mayo lanzará su precandidatura presidencial oficial en un acto del Partido de los Trabajadores (PT). También será consagrada próximamente ante el PT la candidatura como vice del exgobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, un tradicional rival electoral de Lula, en el marco de las políticas de alianzas para intentar vencer en la primera vuelta del 2 de octubre a Bolsonaro.
Cerrar sesión