Uruguay define el corazón de la gestión de Lacalle Pou en las urnas

Este domingo, los uruguayos no solo deciden en las urnas si apoyan o rechazan el corazón de estos primeros dos años del presidente Luis Lacalle Pou -el ambicioso paquete de reformas y leyes que ya se conoce como la LUC y que modifica temas tan disímiles como el poder de la policía, la gobernanza del sistema educativo, los alquileres y el derecho a la huelga-, sino que además definirán cuál será "la relación de fuerzas" entre el gobierno y la oposición, y entre el gobierno y la calle para los tres años que quedan de mandato, según el politólogo y profesor e investigador de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Adolfo Garcé.

Lacalle Pou asumió el 1 de marzo de 2020. El 9 de abril siguiente anunció que enviaría un proyecto de ley de urgencia al Congreso y dos semanas después ingresó la mayor Ley de Urgente Consideración (LUC) de la historia del país: más de 500 artículos que reformaban un espectro muy amplio de normas, muchas de ellas muy sensibles para el debate político uruguayo. La figura de consideración urgente establece que el proceso legislativo no puede durar más de 100 días y que, si finalizado ese plazo las dos cámaras no lo votaron, queda aprobado de hecho. "Queremos que tengan tiempo para estudiarlo y compartirlo antes que empiecen a correr los plazos constitucionales", había tuiteado el presidente al anunciar a principio de abril la iniciativa, pero al presentar la inédita longitud y heterogeneidad temática de la LUC, la reacción de la oposición explotó.

"Creemos que estamos viviendo una emergencia en algunos temas, por ejemplo, la seguridad. Estos temas eran urgentes y había que tratarlos ya. El Congreso trabajó de lunes a domingo, entre 10 a 12 horas. Se debatió a fondo, pese a que lo tratamos en conjunto para no demorarlo", explicó a El Destape Pablo Iturralde, el presidente del Partido Nacional, la fuerza de Lacalle Pou. Para la oposición y los principales movimientos y organizaciones sociales, sin embargo, el debate fue apenas superficial. No hubo tiempo para otra cosa. "A las organizaciones sociales que nos invitaron a dar nuestra opinión en el Parlamento nos dieron 15 minutos a cada una. ¿Cómo opinas de 500 artículos de los temas más variados en 15 minutos?", recordó en diálogo con este medio Gustavo González, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mútua (Fucvam).

El reloj corría y ante un horizonte de aprobación de hecho, la principal fuerza opositora del país, el Frente Amplio, negoció, resistió en los puntos que consideraba más inaceptables y logró modificar algunas formulaciones. Apoyó algunos artículos, pero la coalición oficialista -compuesta por cinco partidos que van desde una centro-derecha hasta la extrema derecha que sigue apoyando a los represores de la dictadura- tenía los votos para aprobar el masivo paquete. A poco más de cuatro meses de asumir y cuando la mayoría de los gobiernos de la región luchaban con crisis internas provocadas o potenciadas por la pandemia, Lacalle Pou se anotaba una victoria gigantesca. 

Algunos de los artículos más cuestionados de la LUC

• Se incorpora una regla fiscal que limite el crecimiento del gasto público, según el análisis del resultado fiscal que el gobierno haga de cada ciclo económico, que tendrá en cuenta la opinión de un "comité de expertos" del Ministerio de Economía y Finanzas y de un Consejo Fiscal Asesor.

• El Poder Ejecutivo fijará cada 60 días el valor de los combustibles “previo informe preceptivo” de la agencia de control con competencia sobre el mercado de combustibles, Ursea, sobre la relación entre el precio al público y un valor ideal de importación.

• La creación de un sistema de alquileres paralelo al actual para aquellos que no tienen garantía. No exige presentar una garantía para alquilar, pero habilita y facilita los desalojos exprés. Antes, el plazo por vencimiento del contrato era de seis meses, como mínimo, y de 20 días por falta de pago. Ahora pasa a 30 y seis días, respectivamente. Además, el propietario ya no necesita acreditar que no tiene deudas con el Estado para activar el desalojo.

• Amplía la definición de legítima defensa en el Código Penal. Sostiene que no hay responsabilidad cuando hay “necesidad racional del medio empleado para repeler (una agresión) o impedir el daño”, y agrega que “la racionalidad deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende".

• Crea la pena de cárcel para cualquier agresión hacia la Policía - “el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte a policías” será castigado con 3 a 18 meses de prisión- y habilita la posesión de armas para policías en retiro y militares retirados.

• Declara ilegítimos los piquetes y prohíbe la ocupación de "espacios públicos, acampando o pernoctando en ellos”. Los que no cumplan con una primera intimación, se enfrentarán a una pena de siete a 30 días de trabajo comunitario.

• En casos de huelgas, garantiza "el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente”.

• Habilita la forma de pago en efectivo para la relación laboral. Desde 2014, era obligatorio que los trabajadores recibieran su salario a través de una cuenta bancaria o dinero electrónico. Según la nueva norma, “la modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación laboral”.

• Elimina la obligatoriedad de "la educación en la primera infancia" y establece: "Cuando la educación de tres años adquiera carácter formal, se la considerará educación inicial no obligatoria”

• Concentra el poder de la gobernanza del sistema nacional de Educación en el Consejo Directivo Central y desaparecen los llamados consejos desconcentrados, donde existía presencia de docentes. 

El referéndum

En plena pandemia y cuando aún existían muchas medidas excepcionales para frenar la circulación del virus, sindicatos, movimientos y organizaciones sociales se negaron a aceptar la aprobación exprés de la LUC y comenzaron a juntar firmas. "Lo hicimos porque básicamente la LUC busca igualar a los desiguales. Para ellos, tiene la misma fuerza un trabajador solo que un empleador, un inquilino que un propietario. Por eso, nos movilizamos. Existía un decreto que no permitía aglomeraciones por la pandemia y el gobierno no autorizó el uso de la cadena de radio y televisión. Pero a fuerza de reuniones barriales, redes sociales y mucho trabajo de militancia juntamos muchas más firmas de las necesarias: 800.000. El gobierno no creía que lo íbamos a lograr y ni quiso debatir, pero ahora tienen miedo porque las encuestas serias hablan de un empate técnico y los indecisos se redujeron a 10%", aseguró González, también miembro de la Comisión Nacional de la campaña por el 'Sí' contra la LUC. "Este ya fue un triunfo de la gente, de aquella militancia que había quedado muy golpeada después de la derrota de las elecciones", agregó, en referencia a la derrota del FA y el fin de 15 años de gobierno ininterrumpido.

En esta última semana de campaña, el oficialismo "puso toda la carne al asador", como explicó González. En medio de los actos de cierre, Iturralde rechazó una a una las críticas de la oposición: "Fijamos una regla fiscal para que el poder político no pueda pasar por encima", "se trató de desplazar a los sindicatos para poner la educación en manos de los docentes y el poder político", "no cambia el derecho laboral ni hay cambios estructurales en el Código Penal" y "el anterior régimen de alquileres se mantiene, solo se suma uno nuevo". En su opinión, solo buscan "enfrentar a un gobierno que está dando buenos resultados". A dos años de su asunción, Lacalle Pou tiene un apoyo de más del 50%, según las encuestas.

Los dos están convencidos que van a ganar el domingo, aunque aceptan imaginarse un resultado adverso. "Si gana el 'Sí', al gobierno le quedara como enseñanza que a este pueblo no se lo lleva a golpes, no se lo puede arrear a la fuerza. Y si no llega a dar (la victoria), veremos tranquilos los errores y aciertos. Sin importar el resultado, acá son tres años más de luchas porque se vienen más reformas, por ejemplo, la reforma jubilatoria", sostuvo González. Iturralde también le quita dramatismo a una posible derrota y promete continuar con la agenda acordada en la campaña de 2019 por la actual coalición oficialista: "No estamos haciendo escenarios de que va a perder el 'No', pero igual vamos a seguir trabajando, seguir profundizando los cambios de la educación, vamos a mejorar las políticas sociales porque nos encontramos un desorden absolutos, y ordenar la economía. No es recorte en esto o lo otro, es ordenar. Las aventuras que tenemos que evitar son las que ya fracasaron en el mundo, son las que llenaron de grasa al Estado, cuando debemos darle musculo."

Para Adolfo Garcé, en este referéndum tanto el gobierno como la oposición se juegan mucho más que el contenido de las reformas de la LUC y lo que cada uno consideran serán sus resultados. 

"El presidente decidió tramitar una parte importante de su agenda de gobierno de este modo y lo hizo por razones políticas. Tiene una coalición de duración en principio incierta con socios de comportamiento difícil, pienso en cabildo abierto", explicó el analista, en referencia al partido más extremo del oficialismo, que defiende a represores de la dictadura, entre otros posicionamientos considerados de extrema derecha. "En general, si un gobierno quiere hacer reformas, las tiene que hacer lo antes posible; y una cosa es tener una fuerza con disciplina partidaria como el FA y otra es una coalición de cinco partidos como la que tiene Lacalle Pou. Pero al mismo tiempo, dada la envergadura de la LUC, uno también puede entender que la oposición se siente avasallada", agregó.

En este escenario, una derrota o una victoria en las urnas definirá la fuerza con la que uno y otro se pararán de acá al 2024, en las próximas presidenciales. "Este es un país en el que las elecciones son siempre competitivas. Pero, pase lo que pase va a ser un cambio en la relación de fuerzas. Si gana el 'Si', el gobierno va a salir debilitado y, cuando a una coalición le empieza a ir mal, hay más incentivos para que cada una de las partes marque su perfil, se diferencie y así es más difícil hacer reformas....y si hay algo que este gobierno tiene es aspiración de hacer reformas. En cambio, si gana el 'No', el gobierno se fortalece y puede mirar al 2024 con más seguridad y avanzar con su agenda. Para poder concretar algunas reformas precisa conservar fuerza", explicó el politólogo.

"De parte del FA, como dijo (el ex presidente Pepe) Mujica hace unos días, después del domingo va a tener una dimensión muy real, una constatación certera de hasta dónde llega su fuerza. Pero no es un escenario apocalíptico, el FA parte de la base de que esta campaña es muy difícil, no se le escapa que el presidente es popular. Nadie le va a cobrar cuentas a (el titular del frente, Fernando) Pereira", continuó.