Miles de personas convocadas por los sindicatos de trabajadores marcharon pacíficamente el jueves en las calles de las principales ciudades de Colombia, en una nueva jornada de protesta para presionar al Congreso por la aprobación de leyes de beneficio social y económico que favorezcan a los más pobres.
Los manifestantes también protestaron por la violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, al tiempo que rechazaron un proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno del presidente Iván Duque al Congreso para recaudar 3.933 millones de dólares, al considerarlo lesivo para los intereses de los trabajadores.
El proyecto fiscal, clave para aliviar las finanzas de la cuarta economía de América Latina, fue aprobado el miércoles en primer debate de las comisiones económicas del legislativo y seguirá su curso en las sesiones plenarias.
"Queremos llamar la atención al Congreso para que se dé trámite a los 10 proyectos que radicó el Comité Nacional de Paro y que enarbolan los puntos del pliego de emergencia que el Gobierno se negó a negociar", dijo a Reuters el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.
Los proyectos de ley buscan una renta básica de 235 dólares mensuales para 7,5 millones de familias pobres durante 13 meses, educación universitaria gratuita y auxilios financieros para las pequeñas empresas. Pero más de un mes después de iniciadas las sesiones en el Congreso, las iniciativas no han avanzado.
Duque, que dejará el cargo en agosto de 2022, probablemente logrará la aprobación del proyecto de ley de impuestos, pero otras propuestas impopulares tienen pocas posibilidades de ser aprobadas, según analistas y legisladores.
Colombia enfrentó desde finales de abril y hasta junio protestas antigubernamentales, mayoritariamente pacíficas, aunque en algunas se registraron saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y la policía, además de bloqueos de carreteras que provocaron desabastecimiento y alzas en los precios de los combustibles y los alimentos.
Los líderes de las protestas, las más largas y violentas en la historia reciente del país, suspendieron temporalmente en junio las movilizaciones que empezaron en rechazo a un primer proyecto de reforma fiscal, aunque mantienen sus exigencias.
Los sindicatos, grupos de estudiantes y otras organizaciones sociales que conforman el denominado Comité Nacional de Paro, suspendieron desde junio el diálogo con el Gobierno, con lo que se estancó la posibilidad de una negociación para poner fin a las protestas que, según anunciaron, podrían intensificarse si sus demandas no son atendidas.
La pobreza y el desempleo aumentaron en Colombia por el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la actividad productiva.
"Aquí estamos y vamos a seguir hasta que sea necesario y hasta que veamos resultados definitivos", dijo Jimena Ortiz, una empleada estatal de 47 años, mientras caminaba hacia la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá, en medio de pancartas, globos de colores y arengas contra el Gobierno.
Con información de Reuters
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