Por Gonzalo Ruiz Tovar
Las protestas de la comunidad local de la comunidad contra el proyecto Las Bambas, que tiene paralizadas desde abril las actividades en ese complejo cuprífero, puso de nuevo en evidencia la mala relación entre amplios sectores de la población de Perú y la minería, una importante fuente de recursos para el país. Los pobladores del distrito de Chalhuachacho pernoctan en campamentos en torno a Las Bambas, que produce 2% del cobre del mundo, en demanda de que su dueña, la empresa china MMG Limited, responda a una serie de demandas, en gran parte de carácter ambiental.
El diálogo no se concreta y la tensión reina en la zona, en el departamento andino de Apurímac, mientras se calcula que por la parálisis se pierden por día 8,5 millones de dólares en exportaciones de cobre y el equivalente a 1,3 millones en impuestos y similares. Pero Las Bambas es apenas uno más de los conflictos sociales derivados de la minería. De hecho, según la Defensoría del Pueblo, cerca de 60% de los 209 conflictos registrados en la actualidad tienen que ver con esa actividad, que le representa al país 10% del Producto Bruto Interno (PBI), 20% de los ingresos fiscales y 60% de las exportaciones.
“Algunos tienen expectativas económicas, otros tienen preocupaciones ambientales, otros aspiran a formar parte de la cadena de valor, otros a puestos de trabajo”, dijo el ex viceministro de Ambiente y excandidato de izquierda a la vicepresidencia de Perú José de Echave sobre los colectivos ciudadanos que enfrentan a las compañías mineras. Pero la razón que sin dudas ha activado con más fuerza la rebeldía es la de los pasivos ambientales derivados de la extracción de minerales, que se manifiesta en la contaminación de ríos, tierras y cultivos, y el consecuente deterioro de la salud de los pobladores y sus animales.
Perú es el mayor productor mundial de estaño y zinc, el segundo de cobre y plata, el tercero de teluro y bismuto y el sexto de oro, y ocupa posiciones de liderazgo mundial en indio, selenio, hierro y molibdeno. Eso explica que en los 10 últimos años hayan llegado hasta 600.000 millones de dólares en inversiones para el sector. Pero con el dinero llegan los problemas: según el Ministerio de Salud, en departamentos como Amazonas, Cusco, Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Ucayali, más de la mitad de la población está expuesta al ingreso en sus organismos de metales pesados, metaloides y otras sustancias tóxicas.
Una investigación de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales recogida por el portal periodístico Convoca señala que en 2019 había 8.794 pasivos ambientales derivados de la actividad minera, a lo que agregaban otros 3.457 generados por hidrocarburos. En el departamento de Pasco y en la provincia La Oroya -departamento de Junín-, donde están los casos más dramáticos, el porcentaje de población con sustancias tóxicas en el cuerpo puede llegar a 100%. En el distrito pasqueño de Paragsha, la intoxicación continua afecta notoriamente el coeficiente intelectual de los niños, según investigó una ONG italiana.
“Los metales más comunes que intoxican el cuerpo humano son arsénico, mercurio y plomo”, comentó el toxicólogo Ricardo Puell. Esa presencia genera daños en diferentes órganos, incluidos el sistema nervioso, la piel, las uñas y el cabello. “Si un tercio de la población del país se encuentra en riesgo de exposición, es increíble que hasta ahora no se haya hecho nada”, añadió otro toxicólogo, Fernando Osores, ex asesor del Ministerio de Salud, para quien es necesario cuanto menos agilizar la ejecución del presupuesto destinado al tema.
Aunque el presupuesto peruano establece que para 2022 se puede usar hasta 13,5 millones de dólares para temas de salud derivados de la minería, Convoca estableció que los gobiernos departamentales están lejos de cumplir la tarea. El caso más grave es Cusco, donde la ejecución del presupuesto casi a mitad de año apenas llega a 2,3%.
Para el secretario general de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados, Félix Suanaca, uno de los problemas mayores es que las autoridades encargadas “prácticamente no saben nada” sobre las dimensiones del problema. “Hay bastante debilidad del Estado peruano; la desatención y el desaire que estamos viviendo más de 10 millones de personas está provocando muertes de niños”, advirtió Suanaca, quien además advirtió que es necesario reubicar zonas agropecuarias por la contaminación de animales y cultivos.
Todos esos cuadros han llevado a que las comunidades reaccionen contra la industria extractiva en regiones que, además, no sienten que la riqueza de sus suelos se traduzca en mejores condiciones económicas. Por ejemplo, en Apurímac, en medio del gigantismo de Las Bambas y su aporte de 2% a la producción mundial de cobre, 40% de las personas sigue bajo el umbral de la pobreza.
En todo ese contexto, la minería podría dejar de ser la gallina de los huevos de oro. Según el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Raúl Jacob, la dinámica de que unos proyectos eras reemplazados por otros se está perdiendo y actualmente solo hay un proyecto nuevo grande, Quellaveco, que avanza en medio de tropiezos.
Jacob y otro dirigente gremial, José Augusto Palma, coinciden en que las mineras se retractan de invertir en Perú por la conflictividad. Según Palma, quien asegura que la minería está en condiciones de trabajar sin daños al ambiente, lo que debe hacer el Estado para recuperar el atractivo es reducir los conflictos y “racionalizar” las exigencias a las mineras.
Esto último plantea una contradicción de base con las comunidades, que lo que piden es que se intensifiquen los controles para que las mineras no hagan daño. En el medio queda el Estado, muchas veces sin iniciativa. En Las Bambas, la conflictividad no se limita al área de explotación sino que incluye territorios vecinos que se dicen afectados por la construcción de rutas, supuestamente sin sustento técnico, para sacar el cobre hasta los puertos del Pacífico.
El ministro de Comercio, Roberto Sánchez, a quien el presidente Pedro Castillo le encargó el diálogo, promete una agenda para que MMG cumpla los compromisos asumidos en 2014, cuando le compró la mina a la suiza Xtrata. Pero los contactos están paralizados, con una comunidad enardecida y una empresa que ha apostado por la represión. Y si se soluciona el problema de Las Bambas, quedarán sobre el tapete decenas más para una actividad a la que especialistas han calificado por sus efectos ambientales como “pan para hoy y hambre para mañana”.
Con información de Télam
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