La dirigente Keiko Fujimori anunció este domingo que su padre, el dictador Alberto Fujimori, se presentará como candidato presidencial en Perú en las próximas elecciones en 2026 por su espacio político. El veterano líder de 85 años fue excarcelado apenas siete meses atrás, luego de una decisión judicial muy cuestionada tanto dentro como fuera del país ya que estaba condenado por varios crímenes de lesa humanidad.
Durante el tiempo de condena a prisión de su padre, Keiko fue candidata presidencial del fujimorismo. Demostró que su fuerza política -que aún reivindica la gestión de su padre, incluso el autogolpe que dio para seguir gobernando de manera dictatorial y sin el Congreso- sigue manteniendo el apoyo de una minoría importante del país, pero ya no de la mayoría. Por eso, cayó dos veces en el balotaje.
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Una cuestionada excarcelación
Fujimori asumió el poder en Perú en 1990 y se mantuvo durante una década con un autogolpe de Estado. Se fue cuando la crisis política y económica le explotó en la cara. Renunció por fax desde Japón, la nación de sus ancestros. Tras largas luchas judiciales de sus víctimas, pasó 16 años tras las rejas en su país, hasta que en diciembre pasado quedó libre.
El Tribunal Constitucional peruano fue el que ordenó su excarcelación, desoyendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien exigió una y otra vez que el veterano mandatario de facto siga preso, y a la Corte Suprema, quien en 2018 había decidido anular el indulto del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien había intentado conseguir el apoyo del fujimorismo y evitar una destitución.
Un cúmulo de condenas
Fujimori fue condenado por varios delitos cometidos por su Gobierno durante la década de los 90. Entre ellos, uno de los más graves fue la autoría mediata de la matanza de 25 personas en 1991 y 1992 cometidas por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. También fue encontrado responsable del asesinato de seis campesinos en la localidad de Pativilca, en la región de Lima.
En total, fue condenado en cinco casos. En primer lugar, por usurpación de funciones públicas. La sentencia se dictó el 11 de diciembre del 2007 al probarse que había ordenado a un militar suplantar a un fiscal para allanar ilegalmente la casa de Trinidad Becerra, esposa de su ex asesor Vladimiro Montesinos y desaparecer los llamados "vladivideos". Fue condenado a seis años de prisión.
Dos años después, llegó la causa que más conmoción causa en el movimiento de víctimas y defensores de los derechos humanos en Perú. El 7 de abril del 2009 se dictó la segunda sentencia: 25 años de prisión por el asesinato de 9 estudiantes, de un profesor de La Cantuta y de otras 15 personas, incluyendo a un niño de ocho años, en Barrios Altos. Además, se lo condenó por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario, Samuel Dyer, en abril de 1992.
Ese mismo año, 2009, también aceptó su primer cargo por un delito económico. Reconoció el delito de malversación de fondos al haberse apropiado de 15 millones de dólares de las arcas nacionales para entregarlos a su ex asesor, Vladimiro Montesinos. La Justicia le impuso 7 años y 6 meses de cárcel por este delito.
En 2015, recibió su cuarta condena relacionada a delitos de corrupción, es decir, al espionaje telefónico, pago a medios de comunicación y la compra del voto de varios congresistas. El tribunal le impuso seis años de cárcel y el pago de una reparación civil a cada víctima.
Finalmente, ese mismo año, la Cuarta Sala Penal Liquidadora lo sentenció a ocho años de prisión por otro caso económico: había desviado los fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), para financiar los 'diarios chicha' que apoyaron su segunda reelección.
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