La oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos difundió un informe en el que denunció que las autoridades peruanas "restringieron indebidamente los derechos humanos de los manifestantes" durante las protestas desatadas a partir de diciembre de 2022, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo y contra la actual mandataria, Dina Boluarte. Además, concluyó que -como se pudo ver en las redes sociales- las fuerzas de seguridad cometieron abusos en la represión.
"Las autoridades peruanas deben emprender reformas significativas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones, continuar los esfuerzos de rendición de cuentas y permitir un diálogo nacional descentralizado e inclusivo", indicó el informe de 54 páginas. Allí, hicieron observaciones sobre violencia y actos realizados en el contexto de las protestas, declaraciones de Estados de emergencia, privación de la libertad, tortura, amenazas y estigmatización y acceso a la sanidad. En todo ello, también, se observó la situación de las y los periodistas que hicieron las coberturas sobre los hechos y cuyos derechos fueron restringidos por normativas locales.
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En un comunicado en donde señalaron los lineamientos generales del documento, precisaron -que desde el 7 de diciembre, cuando Castillo fue destituido por la Asamblea Nacional y se impuso a Boluarte como presidenta- se abrieron investigaciones penales contra 241 personas que participaron en las manifestaciones. De ellas, las investigaciones contra al menos 221 se han archivado por falta de pruebas. Esto incluye a 192 personas que habían sido detenidas en la Universidad de San Marcos de Lima -la más antigua de América Latina- el 21 de enero, en una incursión que incluyó con tanques militares y detenciones arbitrarias dentro de la misma institución.
"Las autoridades peruanas restringieron indebidamente los derechos humanos de las y los manifestantes", indicó el informe de la agencia con sede en Ginebra, Suiza. En esa línea, señalaron que "los responsables de violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, a través de procedimientos judiciales justos", declaró Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
"La rendición de cuentas es primordial si queremos empezar a curar heridas y crear confianza en las instituciones del Estado. Las víctimas deben recibir una reparación integral", agregó.
Las fuerzas de seguridad "hicieron un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la fuerza letal, fuera de las circunstancias permitidas por las normas internacionales de derechos humanos", detalló la ONU. Además, en el documento se reporta el uso de armas menos letales, incompatible con las normas internacionales, que causaron heridas graves y, en algunos casos, mortales a manifestantes.
La investigación, que analiza la conducta de las fuerzas de seguridad entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, instó también a las autoridades peruanas a "emprender reformas significativas para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones".
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU registró 50 personas muertas y 821 heridas en el contexto de la represión a las protestas iniciadas el 7 de diciembre de 2022 cuando Boluarte asumió el poder, luego de que Castillo fuera destituido por el Congreso después de que este intentara disolver el Legislativo y formar un Gobierno excepcional.
El Gobierno peruano, por su parte, facilitó apoyo económico a 266 personas, de acuerdo con el organismo internacional.
La Fiscalía abrió también 45 expedientes para investigar los presuntos delitos cometidos en el contexto de las protestas y el jefe de Derechos Humanos de la ONU cree que es momento de que los responsables de violaciones rindan cuentas "a través de procedimientos judiciales justos". Entre el 19 y el 31 de julio de 2023 se produjo otra oleada de manifestaciones en Perú, en las que resultaron heridos 64 manifestantes, 12 policías y las comunidades indígenas fueron objeto de múltiples actos de discriminación y restricciones al derecho de reunión pacífica, añadió el informe.
Turk solicitó cambios normativos, pero también atender las causas subyacentes a las movilizaciones, lo que pasa por un "diálogo nacional inclusivo". La ONU recomendó promover cambios estructurales y reformas que garanticen el derecho de reunión pacífica y aseguren que todo uso de la fuerza debe ser compatible con el derecho internacional de los derechos humanos.
También reforzar los mecanismos internos de rendición de cuentas, garantizar investigaciones centradas en las víctimas, imparciales y efectivas, y abordar los problemas arraigados de racismo y discriminación contra los pueblos indígenas y los campesinos.
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