Con la excarcelación de Fujimori, advierten que se consolida "una nueva dictadura" en Perú

La crisis política, social e institucional sigue vigente en el Perú. En esta ocasión, el máximo tribunal del país irrumpió en escena con la decisión de liberar al ex presidente golpista, Alberto Fujimori. Sobre él pesan condenas por violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad cometidos entre 1992 y 2000, sin embargo, la sentencia judicial recibió el aval presidencial para la restitución de un “indulto humanitario”. “Se consolida una nueva dictadura en el Perú”, denunció en diálogo con El Destape la abogada defensora de derechos humanos, María Ysabel Cedano.

“Indulto es insulto” fue la consigna que se viralizó rápidamente cuando el Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer su nueva sentencia en beneficio de Fujimori. También hubo quienes salieron a las calles, en derredor del Congreso y del Palacio de Justicia en el centro de Lima para manifestarse en contra de la decisión judicial. A los que se sumaron pronunciamientos de los organismos derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en repudio y en tono de preocupación. Todas movilizaciones que se volvieron a replicar este miércoles cuando el Instituto Nacional Penitenciario del Perú dispuso el cumplimiento de la sentencia en cuestión y fueron respondidas con represión por parte de la Policía.

Pese a las resistencias, el ex mandatario salió de la prisión en auto con su hija Keiko, diputada de la nación y tres veces candidata a la presidencia, que encarna el poder del fujimorismo en el Congreso Nacional.

Historia de un indulto

La decisión del TC está basada en el indulto humanitario otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski -cuando el Congreso lo acorralaba con juicios políticos en su contra-. En ese entonces, se ordenó su liberación tras la recomendación de una junta médica, pero duró poco. A principios de 2018, la sentencia judicial fue revocada y comenzó su recorrido por los distintos tribunales que cada vez se pusieron en tensión con las normas internacionales.

Es el ejemplo de este último caso: el TC dejó de lado la competencia tanto de la Corte como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya habían determinado que la liberación del dictador “afecta los derechos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, afecta su acceso a la Justicia y lesiona su dignidad”, así como también “genera obstáculos para el cumplimiento integral” de las sentencias emitidas por la CorteIDH en los casos Barrios Altos y La Cantatuta vs Perú, emitida en 2001, sobre las cuales basó sus siguientes resoluciones cada vez que la liberación del dictador fue debatida en los tribunales.

Por eso, Cedano consideró que con este paso dado por la Justicia Perú se salió del Sistema Interamericano “de facto” y enmarcó la acción como parte de un derrotero que hace tiempo se viene construyendo en el ámbito judicial: “Han intentado sacarnos de la competencia de la Corte por la vía del Congreso, presentando proyectos de ley, pero un Tribunal Constitucional no está por encima de la Constitución, que tiene reglas y reconoce la tutela de la Corte”, explicó.

“Un nuevo 5 de abril”

El 5 de abril de 1992, Fujimori ejecutó un autogolpe de Estado: disolvió el Parlamento, reformó la Constitución, que le permitió concentrar el poder. Fue reelecto en 1995 y en el 2000, tras unos comicios plagados de denuncias por intimidación y fraude electoral masivo. Para Cedano, el contexto actual y la salida de la prisión del dictador se asemejan a ese día. “Hoy es el nuevo 5 de abril. Con la salida de Fujimori se consolida una nueva dictadura en el Perú”, sentenció, conmovida, ante este medio para graficar el golpe que significa para la sociedad su liberación.

El país vecino atraviesa crisis políticas e institucionales desde la restitución de la democracia. Todos los presidentes están detenidos o procesados con diversas causas o debieron enfrentar juicios políticos. En esa lista también se cuenta a Pedro Castillo, último presidente electo, en un año de mandato que estuvo marcado por el hostigamiento opositor con juicios políticos y que terminó con su destitución el 7 de diciembre de 2022 y la asunción de la actual mandataria, Dina Boluarte. Ese cambio de mando fue recibido por el repudio popular, sobre todo, en el sur del país, que fue respondido con una fuerte represión policial y militar que dejó 50 personas asesinadas -incluidas ejecuciones extrajudiciales-, según las Naciones Unidas y diferentes organismos de derechos humanos internacionales y locales.

Tras ese accionar, Boluarte logró sostener el poder con acuerdos con la derecha y la extrema derecha en el Congreso -que incluye al fujimorismo-. Desde allí, se intentó avanzar contra la Junta Nacional de Justicia y, en las últimas semanas, la presidenta y la fiscal general, Patricia Benavides, se enredaron en una disputa que las enfrentó con la discusión sobre las muertes en las protestas por las que nadie respondió ni se responsabilizó hasta el momento.

“Esto simplemente es una demostración de poder, de autoritarismo puro y duro”, sostuvo y apuntó que es ejecutado por parte de “una clase política autoritaria, antiderechos, corrupta y fascista, por su desprecio a la vida humana, capaz de matar gente por quedarse en el poder para sus fines particulares”.

Por eso, insistió, “es de una crueldad tremenda”.

Lo que queda: la calle y la solidaridad internacional

“Estábamos muy esperanzadas de que por fin se iba a alcanzar justicia por lo menos en sede internacional, pero hasta eso te quitan. La sensación que tenemos las defensoras de derechos humanos es que nos hemos quedado sin derecho sin herramientas para luchar”, sostuvo Cedano, que también esa integrante de DEMUS, una organización feminista de abogadas y abogados.

Con DEMUS, Cedano llegó a la CorteIDH en representación de Celia Ramos, una joven peruana que falleció en 1997, una de las más de 272 mil personas -en su mayoría mujeres campesinas e indígenas- que fueron sometidas a esterilizaciones forzadas durante el Gobierno dictatorial de Fujimori.

Ese es uno de los procesos judiciales que aún está vigente. El procedimiento indica que es el Ministerio Público el encargado de formalizar la acusación una vez que se finalice la investigación. “No depende del plazo de la ley, sino de quién controla el Ministerio Público”, explicó la abogada, sin esperanza de que el contexto político del país acompañe las instancias judiciales que el dictador debiera atravesar para que regrese a prisión.

“La inseguridad jurídica, la falta de garantías judiciales hace que ahorita la sensación que uno tiene es que no es con estas herramientas con las que vas a lograr algo contra este poder político que tiene absoluto control de las instituciones y de las Fuerzas Amaradas y policiales que han matado”, reflexionó mientras, contó, veía por televisión las protestas que se iniciaban en las calles que eran reprimidas por la policía.

En ese sentido, a los ojos de la abogada son dos caminos que quedan: la calle y la solidaridad internacional. La primera, es la más peligrosa: “Nos van a matar”, advirtió y puso como ejemplo el comienzo del Gobierno de Boluarte. Por otro lado, estimó que, también, resta la proclamación por parte de los distintos países: “Vamos a ver si Estados Unidos ahora sí deja las relaciones comerciales con Perú”.

Condenas y causas abiertas contra Fujimori

• Usurpación de funciones: en 2007 fue condenado por haber ordenado que un militar suplante a un fiscal para allanar la casa de Trinidad Becerra, esposa de Valadimiro Montesinos, principal asesor de su Gobierno. El funcionario era considerado el “monje negro” del fujimorismo y había sido grabado cuando sobornaba a un diputado opositor. Fujimori reconoció su responsabilidad “en lo que corresponde” y la Justicia determinó que fue un allanamiento ilegal que él dirigió personalmente. La condena fue de tres años.
• Crímenes de lesa humanidad en Barrios Altos (1991) y La Cantatuta (1992): en 2009, la Justicia emitió la primera condena histórica a 25 años de prisión por ser hallado culpable del homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado por los casos conocidos como Barrios Altos y La Cantatuta -donde fueron asesinadas 25 personas-; y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.
• Peculado y falsedad ideológica: en el mismo año recibió una condena a 7 años y medio de prisión. Se probó el pago de 15 millones de dólares a Montesinos, su ex asesor, de manera ilegal.

• Espionaje: también en 2009, sumó otra condena a seis años por comprar los medios de comunicación Expreso y Cable Canal de Noticias (2000) y por pagarle a diputados para que se pasaran de bloque en el Congreso.
• Peculado: en 2015 la Justicia probó que había desviado 122 millones de soles peruanos destinados a las Fuerzas Armadas para comprar espacios en distintos diarios. Por los tres casos de corrupción, el dictador debe más de 15 millones de dólares en concepto de reparación civil.
• Esterilizaciones forzadas: durante su tiempo en el poder, implementó el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que significó la esterilización forzada casi 300 mil personas. De ellas, 6504 se inscribieron como víctimas y más de 3000 se iban a sumar con su denuncia ante la Justicia. En marzo del 2021, la fiscalía formalizó su denuncia penal contra los investigados “como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves”. El caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Caso Pativilca: es el juicio más próximo y, de hecho, la fiscal a cargo solicitó este miércoles la prisión domiciliaria de Fujimori. Está previsto para el 18 de diciembre. La fiscalía pidió 25 años de prisión. El Ministerio Público le imputa responsabilidad en el asesinato de seis personas en manos del grupo paramilitar Colina. El crimen sucedió el 29 de enero de 1992, en la Pampa de San José y Caraqueño de Barranca, Lima.