El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anuló este jueves el nombramiento de sus embajadores en Brasil y Panamá, en una decisión que llegó apenas unas semanas después de que estos países ofrecieran la nacionalidad a los más de 300 opositores nicaragüenses catalogados de "traidores a la patria", y designó a consejeros "con funciones consulares".
"Dejar sin efecto el nombramiento de la compañera Lorena del Carmen Martínez en el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el gobierno de la República Federativa de Brasil", señaló el decreto publicado en La Gaceta (boletín oficial). El canciller, general retirado Denis Moncada, nombró a Gadiel Osmani Arce como ministro consejero en funciones consulares en Brasilia, según la agencia de noticias Sputnik.
Este miércoles, Managua había retirado a su embajador en Panamá, Marvin Ortega, y nombrado a Consuelo Sandoval como ministra consejera "con funciones consulares" en ese país. Martínez se desempeñaba como embajadora de Nicaragua en Brasil desde julio de 2013, mientras Marvin Ortega ocupaba el cargo desde septiembre de 2016. Las decisiones implican de hecho una rebaja del nivel de las relaciones diplomáticas de Nicaragua con esos dos países.
La resolución oficial no dice razones, pero son dos países que ofrecieron la nacionalidad a los opositores despojados de ciudadanía. Lo mismo hicieron Argentina, Chile, Uruguay, México y España.
En el caso de Brasil, nueve días atrás, el gobierno ofreció acoger a los más de 300 opositores nicaragüenses despojados de su nacionalidad en las últimas semanas, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra. "El gobierno de Brasil recibió con extrema preocupación la decisión de las autoridades nicaragüenses de privar de su nacionalidad a más de 300 ciudadanos nicaragüenses", indicó el representante brasileño, Tovar Nunes, en su intervención, divulgada por la Presidencia de su país.
Por ello, en línea con su "compromiso humanitario con la protección de los apátridas", Brasil se puso a disposición para "recibir a los afectados por esa decisión", amparado "en el estatuto especial previsto en la ley brasileña de migración". Esa ley permite a los apátridas residir en Brasil y, después de regularizar su situación migratoria, también les faculta a solicitar la nacionalidad brasileña.
El representante brasileño en la ONU denunció las "graves violaciones de derechos humanos" en Nicaragua, lo que supone la manifestación más firme en este sentido desde que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva asumió el gobierno el pasado 1 de enero.
Además de Brasil y Panamá, otros países latinoamericanos ofrecieron sus respectivas nacionalidades a los 222 presos nicaragüenses excarcelados y enviados hacia Washington el 9 de febrero, así como a otras 94 personas que se encontraban en el exterior y fueron declarados prófugos de la justicia una semana más tarde.
El gobierno nicaragüense, que controla también la Asamblea Nacional (parlamento), reformó la Constitución para avalar ese tipo de medidas contra aquellas personas que fuesen consideradas como "traidoras a la patria", una categoría en la que el presidente Ortega incluye prácticamente a cualquier individuo u organización percibida como disidente, según la agencia Europa Press.
Con información de Télam
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