(Por Marianela Mayer).- La concentración en todos los niveles de la cadena productiva de alimentos y la influencia creciente del mercado financiero en el precio futuro de las materias primas en el mundo afecta a la seguridad alimentaria global y perjudica principalmente a los trabadores rurales, cuyos ingresos continúan reduciéndose pese al alza generalizada del valor de los alimentos, según denunciaron ONG y organismos multilaterales.
El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que hace un seguimiento mensual del valor internacional de la canasta alimentaria, registró en octubre pasado su máximo en más de una década, mientras que el hambre y la desnutrición aumentaron sustancialmente en 2020, con un 9,9% de la población mundial subalimentada, según la ONU.
La pandemia, el cambio climático y otros múltiples factores han disparado los precios internacionales de alimentos, mientras que las grandes multinacionales de esta industria, como Nestlé, PepsiCo y Mondelez, ya anunciaron subas generalizadas de sus productos para proteger sus márgenes de ganancia.
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De hecho, el director ejecutivo de Kraft Heinz, Miguel Patricio, advirtió que los consumidores tendrán que acostumbrarse a que la comida sea más cara porque la población mundial está aumentando, pero no la cantidad de tierras de cultivo, si bien espera que a largo plazo la tecnología mejore la eficacia agrícola.
No obstante, reconoció que también las firmas deberían absorber parte del incremento: "Creo que depende de nosotros, de la industria y de las otras empresas tratar de minimizar estos aumentos de precios", dijo en declaraciones a la cadena británica BBC.
Aunque la fijación de precios internacionales no depende directamente de las multinacionales de alimentos, la concentración en todos los niveles de la cadena productiva alimentaria -insumos, producción, comercialización, marcas y supermercados- tiene un impacto en el mercado.
"Son muchos factores, pero básicamente el aumento de la concentración, principalmente en las etapas posteriores de la cadena alimentaria, ha hecho que aumente el poder adquisitivo de estos agentes finales de la cadena de suministro y les da una capacidad de dictar con eficacia los términos de negocio", explicó a Télam Isa Miralles, responsable de Salario Digno para Agricultores en la ONG neerlandesa Fairfood.
"Esto les permite también dictar precios en cierto modo (...) tienen mucho poder para negociarlos", precisó.
Una visión compartida por el coordinador de Justicia Rural y Desarrollo para Oxfam Brasil, Gustavo Ferroni, quien consideró como un problema no solo el poder de las grandes empresas en el sistema de producción alimentaria, sino también el del mercado financiero.
"Hoy los precios globales están mucho más en manos del mercado que de los Gobiernos", dijo a Télam y agregó: "Las commodities forman parte del mercado financiero y son un mercado a futuro y los precios se ven afectados".
Una práctica que, según un informe reciente de la FAO, impacta en la seguridad alimentaria ya que existe un creciente reconocimiento de que la inversión financiera tiene el potencial de exacerbar la volatilidad de los precios de los alimentos, lo que puede afectar negativamente a la población más pobre.
"Hay un problema estructural: hoy las cadenas de alimentos son una parte importante de cómo la desigualdad es generada y alimentada en la sociedad", denunció Ferroni, quien afirmó que la mayor parte del poder y la riqueza generada queda en manos de las multinacionales de alimentos, los grandes supermercados y las firmas de insumos, mientras que los países productores tienen una posición "subalterna" y un desarrollo "limitado".
Pese al poder de estas empresas, el especialista lamentó que no sean capaces de evitar las violaciones de derechos humanos -como trabajo forzado, conflictos de tierras o trata- en sus cadenas de suministro, que subrayó están concentradas en los grandes productores locales que son poco transparentes y contribuyen a que las malas prácticas sigan ocurriendo.
También criticó que las auditorías hechas por estas compañías se hagan en circuito cerrado y dejen a los gremios rurales afuera.
Si bien el experto admitió avances en algunos temas, como el del salario digno de los agricultores, deploró el "doble estándar" de muchas multinacionales que, a su juicio, en Europa aceptan regulaciones, pero en los países del Sur no las adoptan en términos voluntarios.
En la misma línea, Miralles destacó el hecho de que las firmas no tengan "responsabilidades legales" ya que su responsabilidad sobre lo que pasa en la totalidad de su cadena de suministro sigue siendo un tema de debate, principalmente en la Unión Europea (UE), donde se está discutiendo una normativa regional al respecto.
"Hay una falta muy grande de leyes y de responsabilidades y de que se pague por la violación de derechos humanos o precios menores de los costos de producción", sentenció.
Ambos expertos abogaron por una mayor transparencia y trazabilidad de las cadenas de suministro y valores de las compañías de alimentos para poder cambiar la situación, avanzar en la agenda de derechos humanos y empoderar a los agricultores, cuyas malas condiciones laborales -puntualizaron- les impiden tener una debida participación política en la sociedad.
Según explicaron, los precios de los alimentos no tienen nada que ver con la realidad que atraviesan los trabajares rurales.
"Mientras los precios suben, los de los agricultores no paran de bajar. Nunca hay un beneficio y las compañías siguen ganando mucho dinero, son industrias multibillonarias", dijo Miralles y concluyó: "La transparencia permite entender dónde se añade el valor y cómo se puede añadir mejor y que no tengan que ser siempre el consumidor o el productor los que tengan que pagar con la mayoría de los riesgos".
Con información de Télam