Apenas un 20% de los colombianos apoya al presidente Iván Duque, llamado con malicia el “subpresidente” por quienes creen que, en realidad, es Alvaro Uribe, quien maneja verdaderamente los hilos de la Casa de Nariño.
Dos sondeos de opinión que acaban de difundirse revelan el alto nivel de enojo de la sociedad con su gobierno. La encuesta de Pulso País realizada entre el 4 y el 17 de junio por la Datexco Company muestra que el 84 por ciento cree que Colombia va por "mal camino"; el 72 por ciento, que la seguridad ha empeorado y el 79 por ciento que la gestión de Duque no es buena. También Uribe viene cayendo en picada: cuando comenzó el actual gobierno, en agosto de 2018, casi la mitad de la población lo respaldaba (47 por ciento). Hoy dos de cada tres colombianos rechazan al ex presidente.
Otro estudio, realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) en 49 localidades de distintas regiones con representatividad urbana y rural, recoge el clima de opinión sobre las históricas movilizaciones colombianas.
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El 75 por ciento aprueba el paro nacional iniciado el 28 de abril de 2021 y el 60 por ciento repudia los excesos cometidos por las fuerzas de seguridad al reprimir las protestas. Así como en Chile la chispa que desencadenó las marchas fue el aumento del subte, en Colombia fue el anuncio de un proyecto de reforma tributaria. En ambos casos se trata de un pueblo –sobre todo de los sectores jóvenes- que se cansó de las políticas neoliberales que condenan a una parte de la población a la marginación y la pobreza. Y como en Chile, la respuesta del gobierno colombiano fue una brutal represión.
El lunes 21 renunció la máxima autoridad en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, Andrés Idárraga, a través de una carta abierta donde admitía su impotencia frente a los abusos policiales. “La falta de contundencia ha llevado a que la policía se insubordine al gobierno civil y cometa agresiones de forma sistemática, intimide a la población, y continúe en los territorios como si nada pasara", escribió. También criticó duramente los lavados informes oficiales sobre lo sucedido durante la represión: "Las violaciones a los derechos humanos se les imputan a los Estados, no a la ciudadanía”.
Las muertes violentas contra líderes sociales y manifestantes no cesan. El Instituto de Estadio para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) asevera que en lo que va de 2021 ya han sido asesinados 77 militantes y desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, fueron eliminados 1.193, defensores de los derechos humanos.
Según la ONG Temblores, entre el 28 de abril y el 31 de mayo se reportaron 3.789 casos de violencia policial. Se denunciaron además secuestros; violaciones sexuales a mujeres al irrumpir en casas privadas, así como casos de personas que aún se encuentran desaparecidas.
El mismo día de la renuncia de Idárraga, Nelson Alarcón, uno de los voceros del Comité Nacional del Paro (como se autodenomina el movimiento social de protesta) y ex presidente de los Trabajadores de la Educación informó que tuvo que abandonar Colombia por las amenazas de muerte que recibieron él y su familia. En sólo ocho días, Alarcón fue víctima de 1.200 intimidaciones.
Es evidente la desorientación del presidente Duque y de un establishment gobernante acostumbrado a resolver todo, más allá de las legalidades, a sangre y fuego.
Colombia se ha diferenciado del resto de países de Sudamérica fundamentalmente por tres hechos. Es el país de la región que ha tenido la derecha conservadora más estable en el poder. Es el país que más largamente ha vivido en guerra civil. Y es donde Estados Unidos ha instalado su mayor plataforma de control y acción para nuestro subcontinente.
Con la clausura formal de la guerra civil, todo el escenario ha empezado a transformarse. No deja de ser paradójico que, gracias a un Acuerdo de Paz acordado en La Habana (y que nunca fue cumplido por el gobierno colombiano), los movimientos sociales y el pueblo de Colombia haya podido encontrar el camino del reclamo justo.
Sesenta años de conflicto perturbaron una visión más abarcadora del escenario. Despejado el problema de la guerrilla quedaron al descubierto los verdaderos objetivos geopolíticos de la militarización del país, las consecuencias del neoliberalismo, las responsabilidades de las crisis socioeconómicas y las razones del atraso en el desarrollo nacional y la concentración de la riqueza en el pequeño grupo que históricamente detentó el poder.
Las mudanzas en Colombia preocupan también a Washington. El fin de semana pasado estuvo en Colombia el jefe del Comando Sur, el almirante Graig Faller quien, entre otras regiones, visitó una zona limítrofe con Venezuela. Es sabido que desde territorio colombiano los Estados Unidos ha monitoreado distintos procesos políticos e intentado acciones desestabilizadoras contra países de América del Sur. En el actual momento de vulnerabilidad hegemónica, lo último que desea la Casa Blanca, es perder su valiosa plaza colombiana.
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