El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se mostró hoy dispuesto a desistir de impulsar la aprobación parlamentaria del resto de una muy resistida reforma judicial planteada por su Gobierno y de limitarse desde ahora a modificar la composición del comité de selección de jueces.
"Eso es básicamente lo que queda, porque creo que no deberíamos legislar otras cosas", dijo el líder del gobernante partido Likud en una entrevista emitida hoy por Bloomberg TV, donde explicó que su siguiente y último paso a seguir "probablemente sería sobre la composición del comité que elige a los jueces".
Netanyahu argumentó que con esta decisión quiere evitar una polarización de la Justicia, un término medio entre "el tribunal judicial más activista del planeta" y un Parlamento capacitado para "simplemente anular cualquier decisión que tome el tribunal".
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"Tiene que haber un equilibrio. Eso es lo que estamos tratando de restaurar", indicó Netanyahu sobre un plan de reforma objeto de críticas sin precedentes, que lo señalan como un atentado a la separación de poderes por las inmensas competencias que tendría el Gobierno sobre las decisiones de los tribunales.
La decisión de Netanyahu de alejarse del resto del paquete judicial parece señalar una concesión a manifestantes que llevan más de 30 semanas seguidas protestando de modo masivo contra la reforma judicial, incluyendo a reservistas militares, muchos de los cuales han renunciado a sus tareas de voluntariado en protesta contra la reforma.
Desde el anuncio en enero pasado del proyecto, decenas de miles de personas se manifiestan cada semana, en lo que se considera uno de los movimientos de protesta más grandes de la historia de Israel.
Esta renuncia significa que Netanyahu desistiría de otros planes de reforma judicial, como capacitar al Parlamento para anular ciertas decisiones del Supremo o permitir que los ministros del gobierno designen a sus propios asesores legales en lugar del actual sistema de supervisores independientes.
Los jueces en Israel son seleccionados por un comité de nueve miembros que incluye a tres integrantes del Tribunal Supremo, dos miembros del colegio de abogados y cuatro políticos, uno de los cuales es tradicionalmente de la oposición.
Netanyahu y sus partidarios nacionalistas de derecha, que consideran al Tribunal Supremo un bastión de la corriente liberal del país, argumentan que este sistema ha permitido que los jueces desempeñen un papel demasiado importante en la elección de sus sucesores.
La reforma tiene por objeto aumentar el poder de los funcionarios elegidos sobre el de los jueces y colegios de abogados.
Las autoridades argumentan que necesitan frenar lo que consideran una extralimitación judicial y que el cambio es necesario para garantizar un mejor equilibrio de poderes.
Pero los críticos temen que la reforma judicial socave la democracia liberal de Israel al eliminar los controles y equilibrios sobre el Ejecutivo.
Debido a que el Parlamento está controlado por el Ejecutivo en Israel y en ausencia de una Constitución en firme, el Poder Judicial es el único control real de sus políticas.
Los opositores acusan también a Netanyahu, quien está siendo juzgado por corrupción, de querer usar esta reforma para anular posibles juicios en su contra.
El premier consiguió ya victorias parciales como la aprobación, el mes pasado, de una parte central de la reforma, una enmienda que impide que los jueces anulen las decisiones del Gobierno que consideren "insensatas" durante una sesión que fue boicoteada por los legisladores de la oposición.
Pero el Tribunal Supremo tiene previsto escuchar una apelación a la enmienda el próximo 12 de septiembre.
El Gobierno dice que quiere negociar con la oposición durante los próximos dos meses, cuando el Parlamento esté en receso.
Sin embargo, la oposición no aceptó y adelantó que solo negociará si el Gobierno abandona sus planes de reforma unilateral.
En la entrevista con Bloomberg TV, Netanyahu manifestó su deseo de que el Tribunal Supremo no tumbe la enmienda el próximo 12 de septiembre, algo prácticamente inaudito en la historia de Israel.
"Espero que no entremos en una crisis constitucional, pero creo que no lo haremos. Creo que hay una manera de llegar a un compromiso equitativo, que es lo que estoy tratando de hacer ahora", indicó.
El primer ministro descartó por último algunos de los comentarios sobre la reforma más incendiarios hechos por miembros de su coalición de Gobierno, compuesta por partidos de ultraderecha y ultraortodoxos, por estar fuera de su control y desestimó las preocupaciones de que la democracia está amenazada.
"Es una tontería desde mi punto de vista", indicó.
"Pero a ellos no se lo parece. Veo preocupación en general. Y creo que ahí existe un feliz punto medio", agregó.
Con información de Télam
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