El gobierno de Estados Unidos informó hoy que flexibilizó las condiciones para negar la residencia permanente a inmigrantes considerados una carga económica para el país, que habían sido endurecidas durante la administración anterior.
“No penalizaremos a las personas por elegir acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales suplementarios disponibles para ellos”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un comunicado.
La legislación estadounidense incluye la llamada prueba de “carga pública” para identificar a aquellas personas que podrían llegar a depender del Estado para subsistir, a fin de negarles la residencia legal permanente.
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El anterior presidente, Donald Trump (2017-21), aumentó en 2019 la cantidad de condiciones según las cuales un inmigrante representa una carga pública.
Aunque la decisión de Trump fue revocada y ya no rige, el gobierno del presidente Joe Biden quiso “proporcionar claridad” a través del establecimiento de una “regla final” que restaura las normas vigentes durante décadas, explicó el comunicado, según la agencia de noticias AFP.
Antes de 2019, casi todos los subsidios gubernamentales no monetarios, como Medicaid (el programa que ayuda a pagar los costos de salud de personas con bajos ingresos) o la nutrición, estaban excluidos de la consideración de carga pública.
En virtud de la regla final, que entrará en vigor el 23 de diciembre de 2022, la Secretaría de Seguridad Nacional considerará probable que un inmigrante se convierta en una carga pública si “determina que existe la posibilidad de que en cualquier momento dependa principalmente del gobierno para su subsistencia”, aclaró la nota.
Para ello se tendrá en cuenta la edad, la salud, el estatus familiar y financiero, los activos, los recursos, la educación y las habilidades del inmigrante, precisó.
Con información de Télam
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