Un tribunal condenó a 30 años de prisión a una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y fue capturada cuando buscó atención médica dentro de un hospital público en El Salvador. En primer lugar fue acusada por abortar y luego la condenaron por el "delito de homicidio agravado", según informaron desde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
La historia se conoció a partir de un comunicado de la organización, que se fundó con el objetivo de promover la conciencia ciudadana para cambiar la legislación existente sobre la interrupción voluntaria del embarazo en dicho país.
"Por primera vez en 7 años, un tribunal en El Salvador condena a una mujer por sufrir una emergencia obstétrica. Este lunes 9 de mayo, un juez sentenció a 30 años de prisión a 'Esme' -como fue identificada la mujer en cuestión- quien luego de enfrentar una emergencia de salud durante su embarazo, en vez de recibir atención médica, fue acusada por el Ministerio Público y mantenida por dos años en prisión preventiva durante el proceso judicial, separándola de su hija de 7 años", manifestaron en un comunicado. Es la primera durante el gobierno de Nayib Bukele, quien había prometido ponerle fin a la persecución de mujeres que enfrentan este tipo de situaciones.
Al mismo tiempo, la organización sostuvo: "El caso de 'Esme' nuevamente refleja la criminalización de mujeres que viven en condiciones de pobreza, sin acceso a la educación y servicios de salud. Las organizaciónes que trabajan por la libertad de las mujeres (...) manifiestan que apelarán el caso y recurrirán a todas las vías legales necesarias para que se haga justicia". Y Karla Vaquerano, abogada de la imputada, afirmó: "El juez actuó con parcialidad, privilegiando la versión ofrecida por la Fiscalía General de la República, que estuvo cargada de estigmas y estereotipos de género".
Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, señaló que "la sentencia de condena a 'Esme' a 30 años de cárcel es un duro golpe en el camino por superar la criminalización de las emergencias obstrétricas" y sostuvo que, tal como dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), deben ser "tratadas como problemas de salud pública y de garantía de derechos de las mujeres".
El comunicado completo:
De acuerdo con la organización, 'Esme' tenía 28 años cuando perdió a su bebé y dio a luz sola, en su casa en una zona rural, durante octubre del 2019. El bebé murió y ella fue llevada de emergencia al hospital con una hemorragia y desgarre post parto. Tiene una hija de 7 años, de la cual fue alejada desde ese momento. "Gracias por apoyarme y acompañarme en esta injusticia que estoy viviendo", dijo la mujer tras conocer la sentencia.
En los últimos 20 años, cerca de 180 mujeres que experimentaron este tipo de emergencias fueron perseguidas penalmente en El Salvador y desde el 2009, gracias a la presión del colectivo feminista, 64 han sido liberadas luego de haber sido enviadas injustamente a prisión. Mientras tanto, desde diciembre del 2021, el gobierno salvadoreño procesó por aborto a ocho mujeres en las mismas condiciones.
La agrupación feminista "Las 17" también se sumó al repudio y lanzó una campaña contra el fallo, bajo las consignas "Ni una presa más" y "Justicia para Esme". Su nombre se debe a una importante movilización que, desde el 2014, impulsa el indulto al Estado de 17 mujeres condenadas en "procesos injustos". En la misma línea, expresaron: "Son las consecuencias de un Estado y un sistema que insiste en violar los derechos humanos de las mujeres, en especial de las que viven en contextos de vulnerabilidad".
Leyes antiaborto y violencia obstétrica en El Salvador
La CIDH se expresó, en noviembre del 2020, y declaró responsable al Estado de dicho país por violar los derechos de una mujer identificada como "Manuela" -detenida en 2008, condenada a 30 años de prisión y fallecida en la cárcel, dejando huérfanos a sus dos hijos-. Según organizaciones feministas, murió luego de que le negaran atención médica mientras se encontraba detenida.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto sin excepciones, junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Penalizan todo tipo de aborto -incluso el terapéutico- y castiga tanto a mujeres como a médicos que los practiquen. De ser encontradas "culpables", las penas varían de entre dos y ocho años. Muchas veces, sus casos pueden modificarse y el delito pasa a ser de "homicidio agravado por el parentesco"; razón por la cual pueden ser condenadas hasta a 30 años de prisión.
La prohibición en el Código Penal salvadoreño se mantiene desde 1998. Además de los ya nombrados, tampoco se tiene en cuenta si hay peligro para la salud de la madre o del niño, casos de violación o estupro y también de inviabilidad fuera del útero. Otro caso similar fue el de "Beatriz", a quien también se le negó la interrupción de su embarazo por riesgo de salud y malformación congénita, donde intervino la CIDH. Esto inspiró la "Reforma Beatriz", que buscaba despenalizar el aborto cuando la mujer corre peligro de vida; también rechazado por el parlamento.
Cerrar sesión