Haití ha sido escenario de una guerra de pandillas durante los últimos cuatro años. Este año ha sido particularmente violento: al menos 3.661 personas fueron asesinadas la isla caribeña, según informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 26 de septiembre. Este flagelo afecta especialmente a la capital, Puerto Príncipe, que está controlada en un 80% por pandillas (G9 y G-pep). A esto se suma la reciente masacre en Pont Sondé, un pueblo a tres horas al norte de la capital, donde 115 personas fueron asesinadas, convirtiéndose en uno de los episodios más sangrientos en casi una década.
Ante esta ola de violencia y a pedido del ex primer ministro haitiano Ariel Henry, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el envío de una misión militar el 2 de octubre de 2023, renovada hasta 2025. El objetivo es claro: “Restablecer la seguridad en Haití y crear las condiciones necesarias para realizar elecciones libres y justas”. Esta Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) desembocó en el envío de 400 policías kenianos en junio de 2024. Tras la masacre de Pont Sondé, el presidente de Kenia, William Ruto, aseguró el 11 de octubre que se desplegarían 600 policías adicionales.
Sin embargo, desde la llegada de las primeras tropas extranjeras, la gestión de la crisis ha sido fuertemente criticada. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, señaló la falta de recursos: "Cuando un pueblo sufre en una situación tan desesperada y solo se necesita una suma relativamente pequeña de dinero para formar una fuerza en Haití, es totalmente inaceptable que esos fondos no estén disponibles". Desde el lado haitiano, aunque el presidente Garry Conille celebró “la determinación del gobierno y del pueblo de Kenia para apoyar a Haití en la lucha contra la inseguridad que destruye nuestra sociedad”, surgieron críticas más profundas.
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Los graves abusos sufridos por el país durante la anterior misión de la ONU (MINUSTAH 2004-2017) dejaron profundas cicatrices, marcando los límites de tales intervenciones. Numerosas ONGs e intelectuales subrayan la necesidad de comprender la naturaleza multidimensional de la crisis para encontrar una salida. La comunidad internacional ha tenido dificultades para reconocer el papel de la élite política y económica en el avance de las pandillas. Un informe de la ONU de agosto de 2023 denunciaba los "vínculos entre las pandillas, los políticos y las élites económicas". La situación de oligopolio en el país, controlado por “un grupo relativamente pequeño de familias poderosas, que anteponen sus intereses comerciales a todo lo demás”, ha permitido que “las pandillas y la violencia sirvan a sus objetivos políticos o económicos, mientras debilitan el estado de derecho para preservar su impunidad”.
Desde hace varios años, el poder político en Haití está estrechamente vinculado a la Casa Blanca. “Fueron las elecciones de 2010 las que abrieron este nuevo ciclo de inestabilidad, colapso económico, desastre social y violencia. Estados Unidos impuso como ganador al candidato que había quedado en tercer lugar: Michel Martelly”, recordó la escritora haitiana Yanick Lahens en una entrevista con Le Monde diplomatique. Martelly, presidente de 2011 a 2016, designó luego a Jovenel Moïse, un empresario envuelto en casos de corrupción, como su sucesor. Tras el asesinato de Moïse en julio de 2021, se desató una nueva crisis institucional.
Actualmente, Garry Conille dirige el país. No elegido y cercano al expresidente estadounidense Bill Clinton, su apoyo entre la población es limitado. “Garry Conille es el hombre de los estadounidenses, el que impusieron. Pero no es el hombre que puede resolver los problemas de los haitianos. Si no conoce la realidad haitiana, ¿cómo va a resolver los problemas del país?”, declaró un exministro haitiano a FranceInfo. Las asociaciones y ONG haitianas denuncian las contradicciones que guían las misiones de seguridad de la ONU. ¿Cómo salir de una crisis si la ayuda proviene de quienes agravaron la situación? En un comunicado conjunto, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (ONG haitiana) destacó que “un primer paso esencial es dejar de apoyar a los actores que han creado las crisis que enfrenta el país, incluidos los que están actualmente en el poder”. El primer paso para resolver la crisis sería establecer un "Gobierno de Transición Legítimo".
En esta línea, los Acuerdos de Montana (agosto de 2021) ofrecían una opción viable pero fueron rechazados por la Casa Blanca. Propuestos por la sociedad civil, preveían una transición a largo plazo con un enfoque inclusivo, formando una coalición amplia de diversos actores haitianos. En un país que ocupa el puesto 171 de 180 en el Índice de Corrupción de 2022, la necesidad de alejarse de las élites es cada vez más urgente. “La sociedad civil debe involucrarse porque los actores políticos no pueden encontrar una solución a nuestros problemas”, declaró la periodista y activista haitiana Monique Clesca. El enfoque también era más radical, proponiendo una revisión profunda del Estado haitiano para dotarlo de una nueva constitución.
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