El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció hoy la apertura de un proceso de paz con la parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se sumó al acuerdo de 2016, por el que se disolvió ese grupo guerrillero.
"Comienza un segundo proceso de Paz. Se establecerá una mesa entre el gobierno y el Estado Mayor Central", informó Petro en su cuenta de Twitter.
El mensaje de Petro llegó después de que la fiscalía de Colombia suspendiera más temprano, a pedido del mismo mandatario, 19 órdenes de captura contra disidentes de la extinta guerrilla FARC, primer paso para iniciar negociaciones de paz con los rebeldes que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 en Cuba.
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"Decidí suspender dichas órdenes de captura el día de hoy", dijo el fiscal general Francisco Barbosa, en un evento en Chía, un municipio vecino de Bogotá.
Barbosa indicó que "se suspenden esas órdenes de captura con fundamento en las capacidades legales y constitucionales del Presidente de la República que están determinadas, en que, para él, esa organización la dota de un carácter político para negociar acuerdos de paz con el gobierno nacional", según recogió la agencia de noticias Europa Press.
Los guerrilleros serán "reconocidos como representantes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC)", la mayor facción disidente, para dialogar con el gobierno, agregó Barbosa.
El presidente Petro había pedido al ente investigador de manera soterrada suspender las órdenes de captura contra los guerrilleros y se debatía entre reconocer a los disidentes como actores políticos -pese a haber rechazado el histórico acuerdo que convirtió las FARC en partido político- o tratarlos como bandas del narcotráfico.
"En este caso concreto, para la fiscalía existe el fundamento porque el presidente le dio el carácter político a los disidentes que no firmaron el acuerdo de paz de La Habana", aseguró el fiscal.
Según Barbosa, el mandatario concedió el mismo reconocimiento a los miembros de la Segunda Marquetalia, facción integrada por guerrilleros que estuvieron en el proceso de paz, pero lo abandonaron alegando incumplimientos.
El fiscal, sin embargo, no levantó los pedidos de captura contra miembros de ese grupo.
El gobierno no anunció aún cuándo se sentará a la mesa con los disidentes del Estado Mayor Central, cuyas operaciones se extienden en buena parte de los 32 departamentos del país, especialmente en la Amazonía, el Pacífico y la frontera con Venezuela.
Según cálculos independientes, el EMC tiene más de 2.000 combatientes y la cifra va en aumento. El grueso de las FARC (7.000 guerrilleros) se desmovilizó en 2017.
Estas negociaciones con las FARC se suman a las actualmente ya en marcha desde noviembre con la otra gran guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en sedes rotativas como Caracas, Ciudad de México y próximamente en La Habana.
Todas las negociaciones se enmarcan en la política de gobierno conocida como "paz total".
En las horas previas al año nuevo, Petro declaró un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, el ELN, todas las disidencias de las FARC y paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, impulsó desde la campaña y luego de asumir en agosto las negociaciones de paz con los grupos armados como parte de su política de "paz total".
Esa política fue traducida en un proyecto de ley que fue aprobado en el Congreso en octubre.
La norma es considerada fundamental y prioritaria para el gobierno porque estableció que la llamada "paz total" se convertirá en política de Estado.
Esto significa que los gobiernos sucesores al de Petro estarán obligados a mantener vigentes las negociaciones y cumplir los acuerdos que se alcancen, entre otros aspectos.
En ese marco, el anuncio de fin de año fue el primer paso para sentarse a negociar con todos los grupos irregulares.
Sin embargo, tras el anuncio surgieron diferencias con diferentes grupos; el ELN, la mayor guerrilla activa, negó públicamente ser parte de la tregua, a la vez que el gobierno detectó violaciones por parte de los disidentes de las FARC.
Un jefe guerrillero del EMC del departamento de Nariño, en el suroeste de Colombia, aseguró el 1 de marzo en una entrevista con la agencia de noticias AFP que una suspensión de órdenes de captura contra sus compañeros representaba el inicio de los diálogos de paz.
La actividad guerrillera y las operaciones de grupos herederos del paramilitarismo y narcotraficantes mantienen vivo el conflicto armado en Colombia.
Casi seis décadas de enfrentamientos con las fuerzas estatales dejan más de 9 millones de víctimas, entre desplazados, desaparecidos y asesinados.
Con información de Télam
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