Guatemala va a las urnas en medio de un proceso de erosión democrática

Este domingo 25 de junio, promediando el año 2023, se celebrarán en Guatemala las décimas elecciones presidenciales desde la transición a la democracia en 1986, caracterizadas desde entonces por la inestabilidad política debido al enfrentamiento entre una gran multiplicidad de partidos, lo que ocasiona una enorme fragmentación del voto. Otro de los síntomas de la debilidad de los proyectos políticos del país de América Central, es que en la mayoría de los casos dichas estructuras tienden a desaparecer o perder peso específico, luego de pasar por el Ejecutivo nacional. En la historia política guatemalteca reciente no solo nunca hubo reelección de un partido para la presidencia sino que además, siempre hubo balotaje. En estas elecciones se eligen, además de Presidente, 160 legisladores, 20 diputados al PARLACEN, y 340 gobiernos municipales.

Lo cierto es que, la configuración de un Estado neoliberal, cuyo tamaño es pequeño y donde la economía se desarrolla principalmente por fuera de su alcance, generó también un sistema político-institucional en el que la inestabilidad es moneda corriente pero cuya constante es la ausencia de debates en la agenda pública que aborden los problemas desde su raíz.

En esta oportunidad, con una fragmentación política en ascenso, se encuentran en la carrera electoral 22 fórmulas presidenciales (hubo 10 candidaturas en 2011, 14 en 2015 y 19 en 2019), con las representaciones de los Partidos Cabal, Valor y Unionista, Todos, el Partido Humanista de Guatemala (PHG), Vamos, Partido Integración Nacional (PIN), Partido Republicano, Partido Victoria, Semilla, Nosotros, Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),  Partido Unión Republicana, la Coalición Winaq-URNG, el Partido Cambio, Elefante,  Visión con Valores (VIVA), el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el partido de Bienestar Nacional (BIEN), Compromiso Renovación y Orden (CREO), Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) y el Partido Mi Familia. El dato nada llamativo, es que pese a que el 54% del padrón electoral está conformado por mujeres, sólo 4% de las candidaturas son de mujeres.

Entre las y los candidatos se observan políticos, exfuncionarios, médicos, abogados y líderes religiosos evangélicos, actor social este último que se repite cada vez más en las contiendas de la región. Hubo 4 partidos cuyas candidaturas finalmente no fueron aceptadas o fueron suspendidas, entre ellas, quien representaba una opción alternativa al sistema político neoliberal imperante, que finalmente fue proscrita. Thelma Cabrera, la candidata indigena por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), fue vetada por el viciado Tribunal Supremo Electoral, argumentando que su vicepresidenciable, Jordán Rodas, no cumplía con los requisitos de Ley. Casualmente, Rodas es exprocurador de Derechos Humanos y durante su gestión fue crítico del expresidente Jimmy Morales y del actual presidente Alejandro Giammattei.

El MLP es la única organización política que plantea revisar los contratos de privatización de bienes y servicios públicos, impulsa la convocatoria a un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, y promete la guerra frontal contra la corrupción.

Los temas que atraviesan los discursos electorales en busca de los tan preciados votos, se repiten una y otra vez, hace ya cuatro décadas: crisis institucional y corrupción; inseguridad; narcotráfico y violencia, crimen organizado, la economía, la fiscalidad y la creación de empleo. Probablemente la repetición campaña tras campaña es el indicador de que las problemáticas continúan irresueltas por el poder político de turno, sea éste cual sea.

La lista de estos problemas que se volvieron endémicos es larga; entre ellos toman relevancia las altas tasas de pobreza (el 59% de sus 18 millones de habitantes viven en la pobreza, y se estima que la clase media apenas se sitúa en un 15-17%) y de exclusión social (la desnutrición crónica infantil afecta a la mitad de los niños menores de cinco años), siendo especialmente aguda en las zonas rurales de población indígena, que es además, la más grande de América Latina y el Caribe. La clase política guatemalteca es, a grandes rasgos, una política de “élites” blancas, mestizas o criollas, alejadas de las comunidades originarias que priman en la sociedad.

Se trata, además, de una economía primarizada (el sector primario representa más del 10% del PIB); con gran incidencia de la economía informal, que ronda el 80%. Presenta un escasísimo desarrollo industrial y depende en gran parte de las remesas que ingresan por parte de la población que vive y trabaja en el exterior, principalmente Estados Unidos, que suponen ya más del 18% del PIB (un peso superior al de las exportaciones).

El fracaso del Estado genera medio millón de emigrantes anuales, que huyen de un país sin oportunidades. El país del norte no solo es el destino de migrantes (2.8 millones actualmente, según información de los servicios consulares) sino también de un tercio de sus exportaciones y el principal país de origen de la IED, signos de la dependencia estructural.

Por su parte, la deuda pública alcanzó 2021 el 30% del PIB, lo que representa sin embargo, un porcentaje muy alto de los ingresos públicos. Según Manuel Villacorta, candidato a presidente por el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), entre el 60% y 65% del presupuesto del Estado se utiliza en funcionamiento corriente, el 15% se destina a salud, educación, infraestructura, entre otros, y el resto se utiliza para el pago de servicios de deuda. El endeudamiento es tal que las calificadoras de riesgo Moody’s, Fitch y S&P le otorgan a la deuda de Guatemala una calificación de bono basura.

La erosión democrática

Lo que se repite como una farsa permanente de la participación popular en la construcción de su presente y en la imaginación de su futuro, ha llevado a la baja concurrencia de los ciudadanos y ciudadanas a las urnas, a pesar de la obligatoriedad del voto. Una campaña signada por maniobras de proscripción, intervenciones judiciales y operaciones mediáticas que dejaron a mitad de camino a cuatro binomios, entre los que cuentan el de Carlos Pineda (Prosperidad Ciudadana), el candidato con mayor intención de voto, dan cuenta de ello. El empresario, a partir de entonces, ha promovido el voto nulo para deslegitimar el proceso y obligar a repetir las elecciones si el voto nulo superara el 50%.

En este escenario donde es posible encontrar dos mega tendencias de voto, el prosistema y el voto antisistema, cabe preguntarnos si estamos frente a un fenómeno de erosión o desgaste democratico, íntimamente ligado a la existencia de un Estado pequeño e impotente (porque así le ha convenido al poder económico) que además de la desconfianza  y el cansancio popular, tiene como contraparte un extenso desarrollo de una red de ONGs ligadas a organismos internacionales que han ocupado cada espacio social desatendido por la política pública.

Recientemente el Estado enfrentó a este entramado a partir de la aprobación en 2020 de la “Ley de ONG”, por una alianza de partidos y cuya vigencia comenzó en 2021 luego de idas y vueltas sobre cuestionamientos a su constitucionalidad. Dicha ley otorga al gobierno la potestad de decidir sobre los registros de las ONGs, que hasta entonces no tenían prácticamente control gubernamental.

Pareciera estar claro el origen de la frustración popular. La retracción estatal, los fenómenos de dependencia económica con una matriz extractivista y monopolista, sumada al elitismo clientelar político con profundas raíces históricas, devienen en la incapacidad para construir un proyecto nacional que garantice a las y los guatemaltecos, el acceso a bienes públicos esenciales, como trabajo, salud, seguridad, educación o justicia.

Sin embargo, y a pesar de ello, en agosto del año pasado, la capital fue testigo de un masivo paro con movilizacion que incluyó bloqueos en varios puntos del país,  protagonizados por las organizaciones de distintos sectores, desde los estudiantes y sindicalistas hasta los campesinos e indígenas, frente al aumento del costo de vida, la militarización de los territorios y la persecución a activistas sociales.

Recientemente la Coordinadora Genocidio Nunca Más convocó a la Plaza de la Constitución y llamó  a la población a votar con memoria. La organización señaló que continúan dirigiendo el Estado sectores que históricamente han mantenido la corrupción, impunidad y la entrega del país, ligados a la fuerza militar y la última dictadura.

Las cada vez menos confiables encuestas, ubicaban, según publicó France 24, el 18 de junio, a Edmond Mulet, Zury Ríos y Sandra Torres entre los primeros lugares de cara a las elecciones. Las dos primeras, opciones de derecha y extrema derecha. La tercera, de centro. Bajo esos augurios y con una política palaciega distanciada de la realidad popular, las y los guatemaltecos acudirán a las urnas este domingo, para cumplir con un deber cívico, en el marco de un proceso destinado a reproducir un sistema democrático que se parece cada vez más a una cáscara vacía. Queda, sin embargo, siempre en el pueblo soberano, la responsabilidad de construir la fuerza, que permita dar vuelta la taba.