Guatemala hacia el balotaje: entre la sorpresa, las denuncias de fraude y la expectativa

Las elecciones del 25 de junio en Guatemala se dieron en un contexto de violencia, pobreza, fuertes denuncias por corrupción y de proscripción de candidates. Pese a eso, hubo sorpresas: la segunda vuelta se dará entre Sandra Torres (15,8%), de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que es la tercera vez que se presenta; y Bernardo Arévalo (11,7), por el Movimiento Semilla, que prácticamente no figuraba en las encuestas. El ganador de la jornada, sin embargo, fue el voto nulo que llegó al 17,3 por ciento. Eso, sin contar el 40 por ciento de abstención. “El voto huérfano fue el que se movió, el que transitó hacia Semilla, versus también a aquella población no consultada por estas encuestas que por mucho que busquen ser representativos no son tomadas en cuenta”, analizó ante El Destape, la politóloga e investigadora guatemalteca, Celia Luna.

Tras el escrutinio, además, cinco partidos -entre ellos, UNE- denunciaron fraude y robo de votos. Y, una semana después de los comicios, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó a la autoridad electoral suspender la validación oficial de los resultados electorales hasta revisar las denuncias sobre presuntas irregularidades. Esta decisión de la Justicia, a la vez, despertó un gran movimiento ciudadano -comenzaron a exponer en redes las planillas de las mesas en donde ganó Semilla- y de las organizaciones para defender su voto en las urnas. Esto se da de la mano con los planteos que hicieron las Misiones de Observación Electoral, la OEA y el mismo partido Semilla, que presentó una revocatoria. 

El “voto huérfano” que menciona Luna es un resultado de la inhabilitación de algunos candidatos bien posicionados en las encuestas, como la defensora de los derechos humanos y dirigenta indígena Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MPL); y el “outsider” derechista Carlos Pineda, por el partido Prosperidad Ciudadana. En cambio, los otros supuestos favoritos según las encuestas, Zury Ríos -hija del dictador Efraín Ríos Montt, a quien en realidad le cabe la inhabilitación electoral por su condición, por prohibición constitucional-, por la Coalición Valor Unionista; y Edmond Mulet, de Cabal, no quedaron ni entre los cuatro primeros. 

Luna, que además es consultora externa y participó en el armado de informes para las Misiones Electorales que llegaron al país, precisó lo que varios de las y los candidatos denuncian desde que comenzó el proceso electoral: “No hubo una homogeneidad en la aplicación de la ley para todos los candidatos. Es decir, mientras algunos candidatos sólo pasaron por procesos administrativos o por una multa, a otros les cancelaron las candidaturas, no se les permitió participar y la ciudadanía nunca se enteró ni supo muy bien por qué fue, sino que ante esas decisiones tiene que hacer una reingeniería para entender la decisión del Ejecutivo”.

¿Por qué sucede esto? “Obedece a las decisiones que toma el sistema de ‘rulling coalition’”, explicó, en referencia al concepto de coalición gobernante. Ese grupo, dijo, está en el poder, se caracteriza por tener dentro a grupos afines con los militares, ex militares, diferentes representantes de partidos políticos que tienen mayoría en el Congreso. Lo conforman, según precisó: los partidos Vamos, UNE y la Coalición Valor Unionista, la mayoría con tendencia hacia la derecha y la extrema derecha, junto con empresarios, Poder Legislativo y Judicial, que “mantienen una agenda regresiva: están en contra del aborto, del matrimonio igualitario y de otros derechos fundamentales”.

Desde el movimiento ciudadano, indígena y la prensa autogestiva también identificaron a ese grupo, pero con otra denominación. Le llamaron “pacto de corruptos”. El nombre surgió en 2017, cuando una serie de diputados decidieron modificar el Código Penal para protegerse de las acusaciones de corrupción y del delito de financiamiento electoral ilícito y desató una serie de movilizaciones masivas que los hicieron retroceder. A partir de ese momento, la alianza entre los tres poderes del Estado y el empresarial “actuaron en conjunto para frenar las investigaciones en su contra”, detalló el portal Epicentro. Por ejemplo, no renovaron el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En ese contexto, llegó la proclamación del Movimiento Semilla en alianza con el partido Winaq de raíces indígenas, que logró concentrar el voto joven en los centros urbanos. De hecho, Arévalo arrasó, sobre todo, en el área metropolitana. Fue el candidato más votado en los departamentos de Guatemala, el Distrito Central, en Sacatepéquez, Chimaltenango, todos ellos con mayoría de población joven cuyas edades rondan entre los 25 y los 28 años. Y, en los tres municipios más poblados del país, la Ciudad de Guatemala, Mixco y Villa Nueva, obtuvo alrededor de uno de cada tres votos válidos. En los departamentos donde no ganó, en promedio, tuvo un 7 por ciento de los votos sin importar la región del país.

Ahora, en diálogo con El Destape, una de las referentas del MLP, Leiria Vay, señaló: “Uno que viene de los grupos tradicionales del ‘pacto de corruptos´ de la derecha -en referencia a UNE- y, el otro, si bien es cierto que se autodenomina como un poco más progresista, es un partido que no viene de las comunidades, sino de las élites de clases medias, que ha estado en el Congreso en los últimos años”. Además de caracterizar el proceso como “viciado”, marcó que “no se habla de lo mucho que obtuvieron el voto nulo y el abstencionismo”, para ella eso "demuestra de que el pueblo de Guatemala se da cuenta de la realidad de lo que pasa en los territorios y están en búsqueda de hacer cambios”.

Denuncias por fraude

En las últimas horas los partidos políticos Vos, Creo, Bien, Valor Unionista y UNE fueron protagonistas de distintas denuncias por fraude y existencias a las autoridades para la realización de un recuento de votos. El Movimiento Semilla, en tanto, expresó que los conteos coinciden con las tabulaciones hechas “validando los resultados electorales preliminares”.

Bajo el título ¡Proceso electoral confiable y transparente!, el Tribunal Supremo Electoral, ratificó los resultados y exhortó a la población a "evitar replicar mensajes de desinformación y abstenerse de actos de violencia, respetando la voluntad popular expresada en las urnas y revisada por los propios guatemaltecos".  Además, sobre un posible nuevo conteo de los votos en varios municipios de Guatemala, la Junta Electoral Departamental de Guatemala (JEDG), indicó que la ley no le faculta abrir las cajas de los enseres electorales y realizar un nuevo escrutinio, indicó el portal La Hora.

Sin embargo, este domingo la Corte Constitucional intervino para forzar a la Justicia Electoral a un recuento. En un comunicado, esa corte resolvió que "el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe suspender la calificación y oficialización de resultados a efecto de que, para la fecha prevista para la segunda vuelta de la elección presidencial, todo haya quedado debidamente depurado".

Los resultados en el Congreso

La participación fue del 60% de las 9 millones de personas habilitadas y en el Congreso habrá una mayoría de la fuerza actualmente oficialista: Vamos, con 39 escaños; UNE con 28 y, en tercer lugar, para diputadas y diputados, estará Movimiento Semilla con 23 escaños.

Quedó afuera, en tanto, el MLP, de Cabrera, que contaba con una sola banca. “Gracias, nuestro camino es hacia el buen vivir, con estado o sin él”, escribieron en un comunicado que hicieron público este miércoles. Allí, contaron que su movimiento nació para “impulsar el proceso de asamblea constituyente y la construcción de un Estado popular y plurinacional” y que, desde un primer momento, supieron que el camino no sería fácil.

“El Estado bajo cuyas normas vivimos y participamos ha sido diseñado para beneficiar la acumulación de la riqueza en pocas manos, a costa de la explotación de la fuerza de trabajo de la mayoría”, precisaron y denunciaron por parte del ese sistema y de las “mafias”, hechos de “criminalización, persecución y asesinatos”, que fueron 27 en los últimos cinco años, según precisaron ante El Destape. Sin embargo, pese a ello, decidieron continuar en el camino de impulsar una asamblea constituyente.

Las expectativas para la segunda vuelta

Ante este medio, Luna analizó el escenario de cara a la segunda vuelta del 20 de agosto: “Como en todo el mundo, por lo general, el abstencionismo sube en la segunda vuelta, pero va a depender mucho de la narrativa del oficialismo. Mucha de la movilización va a depender por quién pida el voto el líder local, en este caso los alcaldes electos; y de las alianzas que logre cada uno”, indicó. El partido oficialista Vamos ganó en 132 de las 340 municipalidades, mientras que Cabal -que era el partido político que se perfilaba en lugar de Semilla- tiene el segundo número más alto con 48; Valor Unionista (de Zury Ríos), 26 y le sigue UNE, con 36.

Para la analista, hay “algún voto que sigue siendo muy clientelar” y las redes de UNE “son mucho más amplias, por lo que si el voto se mueve por esos incentivos puede ser que pueda tener una mayor probabilidad”. En cambio, sostuvo el partido liderado por Torres “siempre ha sido catalogado más como izquierda”, aunque -destacó- para este proceso electoral buscó alianzas con sectores evangelistas y mostró un perfil más abierto con el sector privado, posiblemente también en busca de capturar un mayor porcentaje del electorado, sobre todo de la Ciudad.

Además, según describió, la UNE tiene una alta presencia en las áreas rurales. “El clientelismo ha sido parte de la agenda a través de la inserción de planes sociales que fueron a estas áreas rurales e indígenas durante el mandato presidencial que tuvieron -con Álvaro Colom, entre 2008 y 2012, cuando Torres fue primera dama-”, dijo Luna. Como consecuencia de esa política, el padrón de mujeres y mujeres indígenas creció, así como la inclusión de personas de grupos antes excluidos, “pero más por cuestiones clientelares”, remarcó. En este contexto, la candidata aseguró que apuntará a vincularse con quienes mantengan sus mismos “principios y valores” entre los que, dijo, figuran “la vida, la familia, la libertad religiosa y la propiedad privada”. 

Para Codeca-MLP, una arista quedará por fuera de la agenda, gane quien gane: “No han avanzado en propuestas desde los pueblos”, indicó Vay. La referenta indígena contó ante este portal los escollos con los que se cruzaron a lo largo de esta carrera electoral, desde la proscripción de los candidatos: tampoco les permitieron abrir una cuenta bancaria para hacer recaudación para la campaña, pautar en medios o que en el día de las elecciones participaran los fiscales de mesa. “El argumento siempre ha sido que la gente tiene proceso penal en su contra, lo que es cierto, porque les inician procesos penales para evitar que puedan postulares y agotar el instrumento”, denunció. 

De cara a un balotaje en el que las alianzas serán clave, por ahora sólo se pronunciaron el MLP y Cabal: no acompañarán a ninguno de los dos partidos.