Francia: una crisis social alimentada por la repetición y la indiferencia política

La violencia y el racismo policial no son una novedad para nadie en Francia. Tampoco cómo suelen reaccionar los barrios populares, los jóvenes hijos, nietos y bisnietos de los inmigrantes que llegaron de las ahora ex colonias francesas y que aún no se sienten realmente franceses, especialmente cuando se ven a través de los ojos del Estado. Pero con cada estallido popular, la crisis social se profundiza y tanto las manifestaciones como la respuesta estatal se vuelven más violentas. Porque una y otra vez los estallidos terminan con represión, sangre y, casi siempre, con impunidad para las fuerzas de seguridad y promesas olvidadas de una clase política que, en su mayoría, sigue enfocándose en las consecuencias en vez de las causas. 

En 2005, cuando el repudio y los reclamos de justicia por otro caso de abuso policial contra dos jóvenes de los suburbios parisinos desataron lo que aún se recuerda como una de las peores crisis sociales y políticas de las últimas décadas del país, los detenidos sumaron 3.200 en 24 días. Ahora, en apenas seis días y noches de protestas, disturbios y represión, ya alcanzaron los 2.300, según las autoridades, y alrededor del 60% nunca había pisado una comisaría antes. Incluso, muchos de ellos, son menores, algunos de 12 años. En 2005, además, 149 policías resultaron heridos en los 24 días que duraron las protestas y los disturbios. Ahora, solo en la noche del jueves al viernes pasado, el Gobierno informó sobre casi 250 policías heridos. 

En una entrevista con el diario Le Monde, el profesor emérito de Sociología de la Universidad de Bordeaux, Francois Dubet, analizó: "Cada 'error' policial, cada revuelta de los suburbios tiene sus particularidades, pero nos tenemos que preguntar por la repetición de estos eventos" y se remontó hasta la década de los 80, cuando el país fue sacudido por las protestas y los disturbios de los suburbios de la ciudad de Lyon, en el este del país. La propuesta del académico es central porque la película se repite casi igual cada vez.

Primero, la policía mata, hiere o comete algún tipo de abuso de la fuerza pública contra un joven de un barrio popular de los suburbios, en donde décadas de políticas de asimilación -tanto de la derecha como de la socialdemocracia- conspiraron contra cualquier integración real de las comunidades de ascendencia argelina, marroquí, senegalesa (la lista es tan larga como la de las colonias que controló Francia) que viven hace generaciones en el país pero siguen siendo identificados por la nacionalidad de sus antepasados, por ejemplo, en los medios de comunicación. La derecha y la extrema derecha -en Francia y en toda Europa- ya están aprovechando este momento para atacar a los inmigrantes, pero estas crisis no tienen en su raíz un problema de migración, sino de integración social y económica.

Segundo, el barrio se levanta enardecido para reclamar justicia por su amigo, vecino o familiar -en estos días Nahel, un joven de 17 años que trabajaba como delivery en las afueras de París-, pero también por todas las veces que cada uno de ellos fue detenido por la Policía en el andén del tren, en la calle o frente a un bar a la noche para pedirle documentos, una realidad que los jóvenes franceses blancos, en general, no conocen o solo viven alguna rara vez. La bronca, la ira que despliegan durante el día en las protestas y a la noche con los disturbios también es producto de las escuelas y los barrios cada vez más segregados, en donde los índices de desempleo superan con creces la media nacional y la inversión pública en desarrollo urbano, educación y salud es sustancialmente menor. Por eso, los objetivos de los ataques y saqueos suelen ser instituciones o bienes públicos. Porque para esos jóvenes de esos barrios son el símbolo más inmediato de la desigualdad ejercida desde el Estado. 

Tercero, las autoridades responden con un despliegue policial masivo y solo ven un problema a resolver: la violencia de los disturbios. Este lunes, en un intento por demostrar que no solo responde con la fuerza, como le critican desde los sindicatos, movimientos sociales y la izquierda, el Gobierno de la primera ministra Elisabeth Borne convocó a todas las fuerzas políticas para discutir una salida política a la crisis. Tras las reuniones en el Palacio de Matignon, algunos líderes de izquierda dejaron claro que todo sigue igual y no habrá un enfoque político para frenar el estallido: "Estamos frente a un Gobierno sin propuestas, sin visión, que aplica una mirada voluntarista", sentenció la presidenta del bloque ecologista en la Asamblea Nacional, Cyrielle Chatelain. "No vamos a decir que la única solución es el garrote," agregó, enojado, el líder de la bancada comunista André Chassaigne. 

Y, cuarto, tras días o semanas de represión como única respuesta a los disturbios pero también a las protestas, todo vuelve a la misma normalidad o, a veces, empeora. Como sucedió después de 2005, cuando la represión y el estado de sitio impulsado por un entonces joven ministro del Interior Nicolas Sarkozy lo terminó catapultando, apenas dos años después, a la Presidencia. Como contracara, los policías que persiguieron hasta que se electrocutaran Bouna y Zyed, dos jóvenes de 15 y 17 que solo intentaban volver a sus casas después de jugar al fútbol, fueron absueltos por la Justicia en 2015.

Nada cambió en las últimas décadas para que los jóvenes que hace una semana salen con bronca y a veces con violencia a las calles crean que esta vez el estallido social va a producir otro efecto. De hecho, la serie de atentados de los últimos años no hizo más que endurecer las políticas de seguridad interior utilizando un argumento que funcionó en otros países: la lucha contra el terrorismo. En pleno estallido social la semana pasada, Mathilde Panot, la jefa de la bancada de Francia Insumisa, el partido de izquierda de Jean-Luc Mélenchon, vinculó la creciente violencia policial con la llamada ley Cazeneuve, en referencia al primer ministro que logró aprobar en 2017 una norma que ampliaba los poderes de las fuerzas de seguridad justo al final del Gobierno socialista del presidente Francois Hollande.

"La bancada parlamentaria de Francia Insumisa-NUPES presentó un proyecto de ley para derogar la versión del artículo 435-1 de la ley Cazeneuve que creó un permiso de matar. Desde 2017, los disparos mortales contra vehículos en movimiento se multiplicaron por cinco. Estas muertes deben cesar," tuiteó la diputada. El martes pasado, el policía que mató a Nahel le disparó cuando este trató de escapar de un control de tráfico. Le apuntó y disparó contra su auto en movimiento y ahora argumenta que actuó según las normas y el reglamento. 

El ministro de Justicia de Emmanuel Macron, Éric Dupond-Moretti, dijo a la prensa que no está en contra de discutir una reforma de la ley Cazeneuve, pero parece difícil imaginar que el oficialismo dé los votos en un Congreso en el que, por ahora, ha preferido jugar en alianza con la derecha tradicional de Sarkozy. Tampoco ningún dirigente, por fuera de las fuerzas minoritarias de izquierda, ha propuesto revisar la financiación y las políticas públicas dirigidas a los barrios populares donde la bronca estalla. Es como si las autoridades solo quisieran responder a los disturbios, no las protestas pacíficas y masivas. Eso tampoco es novedad. Lo mismo pasó con la resistida reforma jubilatoria, hace solo unos meses.