A pesar de la protesta pública de algunos sectores más conservadores y frente a la reciente ola de tiroteos masivos, dejando a la vista que persiste y hasta empeora la violencia callejera, senadores de Estados Unidos llegaron este martes a un acuerdo sobre un proyecto de ley para restringir el acceso a las armas de fuego en una iniciativa bipartidista. El pedido, además de ser reclamado por el mandatario Joe Biden, también es demandado por una sociedad abatida por tiroteos masivos en Texas y Nueva York.
Se trata de la respuesta de los funcionarios del parlamento para contener la cantidad de tiroteos mortales, a nueve días de que se acordara en el Senado un marco de debate para negociar. La última vez que desde el Congreso se promulgaron importantes restricciones en relación al tema fue hace 29 años, en 1994, cuando se prohibió la fabricación para uso civil de rifles de asalto y recámaras de alta capacidad, pero expiró una década después. "Esta legislación bipartidista sobre seguridad con las armas es un progreso y salvará vidas. Aunque no es todo lo que queremos, esta legislación es necesitada urgentemente", manifestó el líder de la mayoría demócrata de la Cámara Alta, Chuck Schumer.
Los legisladores trabajaron durante varias semanas bajo presión -el asesinato de 19 niños en una escuela de Texas y de 10 afroestadounidenses en un supermarcado de NY, no pasaron desapercibidos- y confían que el texto tendrá suficiente apoyo entre los 100 senadores (50 demócratas y 50 republicanos) para llegar a las manos de Biden durante la semana próxima. Entre los puntos destacados se incluyó un mayor control de antecedentes para compradores menores de 21 años y un aumento de recursos para programas de salud mental y seguridad en las escuelas.
Además de buscar endurecer las leyes federales en relación a la portación de armas, desde el Senado intentan proporcionar miles de millones de dólares para evitar futuros tiroteos masivos. Si bien los debates comenzaron el pasado 12 de junio, el parlamento estadounidense logró resolver los desacuerdos que habían retrasado la redacción de un proyecto de ley. Ahora, intentarán que se transforme en ley a fines del mes de junio. "Hablamos, debatimos, discrepamos y finalmente llegamos a un acuerdo. Muy pronto se difundirá el texto, no lo suficientemente pronto para mí", expresó el senador republicano de Texas, John Cornyn, uno de los principales negociadores. Mientras que el senador demócrata de Connecticut, Chris Murphy, declaró en la misma línea que su par republicano.
De todas maneras, si bien una aprobación del proyecto de ley cambiará la reglamentación en relación al tema, distintos sectores destacan que está "muy por debajo" del amplio control que el presidente Joe Biden y otros demócratas han solicitado como la prohibición o las restricciones a los cargadores de municiones de alta capacidad. Frente a esto, Cornyn expresó en la convención de Houston: "Bajo ninguna circunstancia apoyaré nuevas restricciones para los propietarios de armas respetuosos de la ley. Y a pesar de lo que algunos de ustedes hayan escuchado, el marco en el que estamos trabajando es consistente con esa línea roja". ¿Qué argumentan desde la derecha? Que el control de armas es una "violación" de la Segunda Enmienda y de los "derechos otorgados por Dios".
Las negociaciones sobre dicha legislación se toparon con una fecha límite auto impuesta para redactar dicho proyecto y llevarlo al pleno del Senado durante la semana actual con el objetivo de debatirse y aprobarse antes de un receso programado de dos semanas que comienza el jueves 23 de junio. Senadores de ambos partidos consideraron "insostenible" una demora más prolongada con respecto a presentar soluciones frente a la problemática.
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¿Cuáles eran las principales discrepancias?
Uno de los puntos conflictivos resueltos durante el fin de semana pasado tenía que ver con "the boyfriend loophole" (laguna legal del novio), una brecha en la ley federal actual que impide que los delincuentes de violencia doméstica compren armas de fuego solo si sus víctimas eran cónyuges o parejas con las que habían vivido o tenido hijos. En este sentido, se proponía expandir las restricciones para delincuentes que mantienen una "relación continua de naturaleza romántica o íntima" con su víctima. Los problemas se presentaron al definir este tipo de relaciones; algunos republicanos buscaban crear un proceso que permitiera a infractores "recuperar sus derechos" en relación a las armas.
Según The Washington Post, en el borrador presentado del proyecto de ley, se prohibiría que un delincuente menor de violencia doméstica que tenga una “relación de noviazgo actual o anterior reciente con la víctima” posea o compre un arma. Aunque es importante señalar que la "relación de noviazgo" no se define con precisión, por lo que se produce un "vacío legal" que permitiría a los diferentes tribunales tomar decisiones en relación a la duración, la frecuencia o tipo de interacción del vínculo. El texto excluye el "conocimiento causal" o la "confraternización ordinaria en un contexto empresarial o social". Estos delincuentes tendrían derecho a recuperar sus derechos de armas luego de cinco años, siempre y cuando no cometan más delitos menores violentos que los descalifiquen.
Otra área delicada tiene que ver con las subvenciones federales a los estados que los demócratas han presentado públicamente como un esfuerzo para alentar las leyes de la bandera roja, permitiendo a las autoridades mantener las armas alejadas de personas consideradas un peligro para ellos mismos o para los demás. En respuesta a esto, los republicanos insistieron en estructurar estas subvenciones para que el dinero estuviera "igualmente disponible" tanto para quienes aprueban este tipo de leyes como para quienes no. El objetivo es ampliar el programa ya existente en el Departamento de Justicia, permitiendo "programas de intervención en crisis" estatales -también incluyendo a tribunales de drogas y de veteranos-. El proyecto proporciona $750 millones en nuevos fondos para esos programas.
La tercera disposición tiene que ver sobre las verificaciones de antecedentes para los compradores de armas menores de 21 años. Es importante remarcar que este grupo ya tiene prohibido comprar pistolas, las personas mayores de 18 años todavía pueden comprar rifles -semiautomáticos de estilo militar- y escopetas. Frente a esto se destaca la importancia de exigir una búsqueda "mejorada" de registro de salud mental y justicia juvenil para jóvenes que adquieran por primera vez un arma. Según The Washington Post, tienen un total de 10 días hábiles para completar dicha revisión.
Otras disposiciones incluyen nuevos delitos federales de tráfico de armas y una definición más amplia en relación a qué vendedores de armas deben registrarse para obtener una licencia; algo que a su vez los obligaría a verificar antecedentes de sus compradores. Además se busca incorporar una red más amplia de "centros comunitarios de salud conductual", más apoyo federal para programas de intervención, acceso a servicios de telesalud para personas en crisis de salud mental y otros fondos.
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