Según la organización estadounidense sin fines de lucro Gun Violence Archive (GVA), excluyendo causas de suicidio -una cifra mayor a los 19 mil casos-, el número total de muertes por violencia armada supera las 15.000 personas en lo que va del 2023 a lo largo y ancho del territorio de los Estados Unidos. Tras un nuevo ataque el miércoles a la noche, esta vez en un bowling y un bar restaurante que dejó un saldo de 22 personas asesinadas y otras 50 heridas en el estado de Maine, vuelve a estar en el foco de la polémica la facilidad para adquirir armas en el país. De cara al balotaje en Argentina, resuena con más fuerza la propuesta del libertario Javier Milei sobre "desregular" el mercado legal y "proteger el uso legítimo" de armas para la ciudadanía.
Hasta principios de octubre, se habían registrado 14.401 muertes y 28.348 heridos por este tipo de ataques armados en Estados Unidos. Hubo 527 tiroteos masivos, en los que fueron baleados más de 700 niños y 4.000 adolescentes. Casi a fin de mes, las cifras siguieron creciendo: 15.545 asesinatos, 565 tiroteos masivos, 31 asesinatos en masa. Además, más de 300 oficiales de seguridad fueron asesinados en este tipo de ataques y más de 660 personas sospechosas de ser agresores fueron heridos o asesinados por las autoridades policiales.
La nueva matanza en Maine de esta semana, en la ciudad de Lewiston, cometida por Robert Card -quien todavía no fue detenido-, es una de las más mortíferas desde la de Las Vegas en octubre del 2017 durante el festival de música country Route 91 Harvest. Allí se registraron 59 muertos, incluyendo al tirador Stephen Craig Paddock y 851 heridos entre la multitud. Aquel, en el estado de Nevada fue el tiroteo más mortífero de la historia y la peor masacre desde los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001 cometidos por el grupo Al Qaeda. En 2017, la organización Estado Islámico se atribuyó el atentado y sostuvo que Paddock se había convertido al islam recientemente.
Entre los ataques armados de este año, la GVA, registró 31 asesinatos en masa. En el mes de enero, hubo siete: Utah, Carolina del Norte, Ohio, tres en California y Tennessee, con un saldo de 43 muertos y 11 heridos; en febrero, el 17 en Misisipi, se dio un único ataque con 6 asesinatos; en marzo se cometieron otros cuatro: dos en Florida, Texas, Alabama, Carolina del Sur y Tennessee, con un total de 26 muertos; otros seis en abril: Kentucky, Alabama, Maine, Texas, California y Oklahoma con 28 asesinatos y 40 heridos; tres en mayo: Florida y dos en Texas, con un saldo de 13 muertos y 7 heridos y dos en junio: Tennessee e Idaho, con 9 muertos.
Por otro lado, en julio se registraron tres tiroteos masivos en Pensilvania, Luisiana y Georgia con 13 muertos y 12 heridos; dos en agosto, en Oklahoma y Ohio, con un saldo de 8 muertos y el último, cometido este miércoles en Maine, con 22 asesinatos y 50 heridos.
En el caso de los tiroteos masivos, se contabilizaron 565 casos. Los estados que más casos denunciaron fueron: Virginia (152), Arkansas-Mississippi (125), Indiana-Michigan (124), California (44), Florida-Georgia (30), Utah-Colorado-Arizona y Nuevo México (28) y Nebraska-Kansas-Iowa-Misuri (27).
Solo en octubre, hubo 43 tiroteos masivos en Estados Unidos en estados como Nueva Jersey, Texas, Nebraska, Illinois, Ohio, Kentucky, Pensilvania, Maryland, California, Minnesota, Carolina del Sur, Nevada, Luisiana, Wisconsin, Missouri, Mississippi, Colorado, Kansas, Denver, Los Ángeles y Chicago, entre otros. En total, fueron asesinadas 61 personas y más de 200 heridas.
De cara a esta nueva matanza en Maine, el presidente estadounidense Joe Biden se comunicó con funcionarios locales para ofrecerles apoyo federal, según comunicó la Casa Blanca. En varias ocasiones, el mandatario pidió "hacer algo" para evitar este tipo de situaciones. Aunque ha firmado varios decretos, un cambio en la ley debe ser aprobado por el Congreso federal, donde ni siquiera cuenta con el apoyo unánime de su partido y, mucho menos, de la oposición republicana, que rechaza en su mayoría cualquier control o limitación a la tenencia de armas.
En junio del año pasado, tras otro sangriento tiroteo en Texas, sostuvo que "hay demasiadas escuelas, demasiados otros lugares cotidianos, que se convirtieron en campos de exterminio, campos de batalla" y se preguntó: "¿Cuánta matanza estamos dispuestos a aceptar?".
Tiempo después, promulgó un proyecto de ley bipartidista sobre seguridad de armas, la primera reforma federal sobre armas en tres décadas, días después de que la Corte Suprema ampliara los derechos para portar armas. "Si bien esta ley no abarca todo lo que quiero, sí incluye medidas que pedí durante mucho tiempo y que salvarán vidas", dijo. A través de ella se introdujeron nuevas restricciones al porte de armas (antecedentes penales y psicológicos de los compradores para mayor control de la venta ilegal) y se destinó miles de millones de dólares a salud mental y seguridad escolar. Sin embargo, nadie en las organizaciones sociales y entre los dirigentes políticos que piden controlar la tenencia de armas para frenar las constantes matanzas quedaron satisfechos.
Estados Unidos tiene más armas que habitantes que cualquier otro país rico: un adulto de cada tres posee al menos un arma y casi un adulto de cada dos vive en una casa donde hay un arma.
Argentina, un caso muy diferente que mira con temor al Norte
Mientras en Estados Unidos un sector cada más mayoritario propone leyes y ejercer un mayor control sobre el uso de armas, en Argentina el candidato libertario Javier Milei promete un libre mercado y que el Estado no intervenga en su utilización. "Yo no instalé en la campaña el tema de la portación de armas, ni siquiera está en la plataforma. Yo dije que la política de seguridad se basa en que el Ministerio de Seguridad Interior y de Defensa Nacional van a estar bajo la órbita de Victoria Villarruel; trabajamos en reformas de la ley de seguridad interior, de la ley de Defensa Nacional, de Inteligencia, del sistema carcelario, el Código Penal y el Código Penal Procesal", se contradijo el propio Milei hace apenas dos meses.
Y es que en el punto N° 17 de la plataforma electoral presentada por La Libertad Avanza (LLA) ante la Cámara Nacional Electoral, previo a las elecciones PASO del 13 de agosto, propone exactamente lo contrario. "Sobre la tenencia de armas de fuego, planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía", redactaron en el texto que puede leerse -de forma pública- en la página oficial de la cámara dependiente del Poder Judicial.
Incluso, hace cinco meses, la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel señaló en una entrevista: "La ley vigente es de 1995, la realidad es que el Estado en el kirchnerismo ha impedido que una persona que cumple con esa ley y la habilitación técnica para tener un arma, pueda tenerla. Es un derecho ya reconocido. Nosotros no dijimos libre portación, no es el viejo oeste, pero nosotros queremos que el ciudadano de bien se pueda defender". "A mí personalmente no me gustan las armas, pero ¿quién soy yo para prohibirle el derecho a otro de tomar una decisión en esa línea?", sumó Javier Milei. "La ley tiene una serie de requisitos que como tenedor de un arma tenés que cumplir. A él no le gustan las armas, pero yo tengo la credencial de legítima usuaria", sentenció su compañera de fórmula.
¿Cómo influye la regulación de la tenencia de armas en los niveles de violencia?
Para Gabriela Seghezzo, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de Conflicto y Cambio Social del Instituto Gino Germani de la UBA, "más del 70% de los homicidios en el mundo es por armas de fuego. Por eso, una mayor desregulación del mercado de armas impacta directamente en las situaciones de aumento de las violencias y las inseguridades". Pero además, agregó, hay otras tres cuestiones muy importantes que ven afectadas: suicidios, femicidios y accidentes domésticos. "En los tres casos, la cuestión de las armas de fuego es un elemento que aumenta o, al menos, que tiende a aumentar estas prácticas, las hace más sencillas y vuelve más violentos a los episodios", aseguró en diálogo con este portal.
"En la Argentina, por ejemplo, la tasa de suicidio, en casi todos los años en los últimos tiempos, duplica la tasa de homicidio. En algunos casos, incluso, se acerca a triplicarla y esto pese a que es una práctica vergonzante y, por ello, está subregistrada", continuó para explicar la importancia de esta primera cuestión y luego pasó a la segunda: "En Argentina, es muy alto el porcentaje de femicidios a manos de miembros de las fuerzas de seguridad. Más allá de la cultura verticalista y patriarcal que orienta a su formación, para entender la acción de los miembros de las fuerzas de seguridad y por qué es tan alta la incidencia en los femicidios en general es muy importante tener en cuenta que son todas personas que están armadas, legalmente armadas. Por eso, en general casi todos estos femicidios son cometidos con armas de fuego. Este es un dato que hay que prestar atención."
"En tercer lugar, es muy común que los accidentes domésticos que involucran armas de fuego terminen con situaciones terribles, fundamentalmente involucrando a niños. Entonces ese es otro punto que hay que tener en cuenta cuando uno alegremente sale a decir que cada uno tendría ir armado si quiere", sostuvo.
Seghezzo propuso mirar no solo la creciente violencia armada en Estados Unidos, sino también en Brasil, donde el ex presidente Jair Bolsonaro flexibilizó la tenencia de armas. "Es peligrosísimo relajar los controles estatales y la legislación respecto a la aportación de armas, pero también es peligroso que en los medios de comunicación se legitime discursivamente estas ideas de relajamiento de los controles y de desregular el mercado de armas, etcétera. Por eso, me parece que hay que mirar qué está pasando en el Brasil post Bolsonaro", aseguró.
Y sugirió poner el ojo en otras dos cuestiones que complejizan aún más el tema: la selectividad de esta violencia armada que se ve en Estados Unidos y Brasil, por ejemplo, y el rol del Estado. "La violencia a manos de la fuerza de seguridad es absolutamente selectiva, por ejemplo, es muchísimo más probable que una persona joven de los sectores populares, racializada, muera en una situación vinculada con la violencia policial que un joven blanco y de clases medias y altas. Ahora bien, cuando además vos permitís y relajás los controles para que sea la sociedad en su conjunto la que pueda estar armada, esa selectividad también se profundiza, porque en los lugares donde están relajados los controles para el uso de armas también es mucho más probable que sean los jóvenes varones racializados de los sectores populares los que mueran en situaciones que involucran armas y no los jóvenes de los otros sectores", explicó.
"Y, por último, si la estatalidad no tiene un rol de control, un rol de regulación con el uso de armas, primero se empieza a imponer la idea de que la seguridad es algo que se provee individualmente y no que es un bien colectivo. Ese es un problema, digamos, para pensarnos como sociedad, como comunidad", concluyó.
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